Por Cecilia Devanna - El Ministerio de Economía aumentó la presión sobre sindicatos y empresas para cumplir con la meta de inflación que fijó Sergio Massa: un 3% de incremento para abril. El futuro electoral de Massa aparece atado a esa cifra.

La Secretaría de Comercio, que encabeza Matías Tombolini, se transformó en los últimos días en una usina de gestiones para controlar la cadena de producción y distribución. Cada vez más empresarios admiten que reciben llamadas de la Secretaría.

El viernes, el gremio de Camioneros se sumó a los controles. La situación generó un fuerte rechazo y la oposición acusó a Massa de convocar a “patotas” para lograr su objetivo.

Massa contestó que los camioneros no controlan, sino que “abastecen información”. Ayer, el referente piquetero Daniel Menéndez, de la agrupación Barrios de Pie, afirmó que también colaboraban con la Secretaría de Comercio.

“No me suban a otra carrera porque la nuestra es la del desarrollo económico de la Argentina”. Con esta frase Sergio Massa buscó el jueves por la tarde disipar, una vez más, los rumores sobre su posible candidatura presidencial para las próximas elecciones. Pese a esos intentos, y mientras en distintos sectores de la coalición surgen nuevos candidatos tras la confirmación de Cristina Kirchner de que no competirá, el nombre de Massa aparece como firme opción en las urnas, según coinciden en el oficialismo. El ministro de Economía ha deslizado en charlas reservadas que su objetivo de postularse no está totalmente postergado para 2027, como le gusta decir.

Su apuesta electoral está atada al éxito en su gestión, principalmente en su capacidad para mantener bajo control el índice de inflación. En ese marco aparece un objetivo que él mismo se fijó: 3% de incremento para abril, una meta que luce muy exigente con los actuales indicadores y a la vista de los aumentos de servicios previstos para este año. Para llegar a esa cifra, se propuso bajar un punto cada dos meses y medio, una ecuación que llegaría al número propuesto para el cuarto mes del año, en víspera de las definiciones claves para las elecciones.

Massa está haciendo girar la política económica detrás del objetivo inflacionario-electoral que se trazó. La Secretaría de Comercio, que encabeza Matías Tombolini, se transformó en una usina de gestiones para controlar la cadena de producción, distribución y ventas, a fin de alinearlo con el programa de Precios Justos, un acuerdo de precios con los supermercadistas, que también tiene como fecha de cierre abril.

En el mundo empresario cada vez son más los que admiten que reciben llamadas de la Secretaría y que perciben un creciente celo por lograr que nadie se desvíe del esquema previsto. En el medio hay un juego de incentivos -por ejemplo acceso a dólares para importar- y de amenazas -controles de AFIP y de Aduana-.

Esa lógica quedó más en evidencia el viernes cuando se anunció que sería el gremio de Camioneros el que colaboraría en el control de los precios en el suministro de productos a supermercados, como en algún momento hicieron movimientos sociales y municipios. Pero ahora hay una novedad: la mira no está en los supermercados, sino en los proveedores, que estarían priorizando el abastecimiento a las bocas de consumo alternativos que no son parte del programa Precios Justos.

La inclusión de militantes de Camioneros generó el rechazo de la oposición. Dirigentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Waldo Wolff, cuestionaron que se use una “patota” para presionar a las empresas. También hubo un fuerte rechazo empresario, que respondieron que los controles son materia exclusiva del Estado.

Ayer confirmaron que también participan de las inspecciones grupos piqueteros oficialistas. Así lo aseguró Daniel Menéndez, de la agrupación Barrios de Pie.

Frente al rechazo masivo, el ministro le dijo a Infobae que “los camioneros lo que hacen esa bastecer en el proceso de información, no controlan”.

Los sindicatos son parte importante de la estrategia de Massa, no solo para desarrollar tareas de control, sino también para ayudarlo a anclar expectativas inflacionarias. Quedó en evidencia la semana que terminó cuando anunciaron un preacuerdo con un grupo de gremios grandes para que la pauta de actualización salarial fuera del 30% en los primeros tres meses del año. Otra vez, la mira en abril. No parece una casualidad. Apareció Héctor Daer en primera línea con su gremio de Sanidad, pero también se anotaron Armando Cavalieri con Comercio, Ricardo Pignanelli con Smata, Roberto Fernández con la UTA y Sergio Palazzo de Bancarios, entre otros. Los gremialistas no solo están interesados en bajar la inflación: también empiezan a ver a Massa como su candidato más potable, dentro de la confusión en la que quedó envuelto el oficialismo tras la “proscripción” de Cristina Kirchner, según ella misma lo definió.

Sin embargo, el tema trajo ruido interno. Gerardo Martínez, titular de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, sostuvo que “las paritarias son libres y soberanas de cada sector”. Y advirtió que “la CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean variante de ajuste”. En la misma línea fue el número dos de Smata, Mario Manrique, un histórico moyanista fiel. Es entendible el reparo: si bien el acuerdo que hizo Massa incluye una cláusula de que si la inflación supera el tope acordado se revisarán los términos, no quieren quedar prisioneros de una cifra fija cuando todavía no deben renovar sus propias paritarias.

“Hay que ver hasta dónde eso se puede sostener, porque si los demás números no acompañan, la realidad es que no nos podemos quedar con esos porcentajes desde el vamos”, se sinceró un gremialista que admite entender el “contexto general y lo que tiene que colaborar cada sector”, a la vez que trata de fungir como equilibrista entre lo que reclaman “las bases”, lo que pide el Gobierno y una realidad que no garantiza que la baja de la inflación esté asegurada.

Esos reparos son compartidos por el sector privado, que visualiza muy complejo que Massa pueda alcanzar su objetivo, aunque en sus cinco meses de gestión haya logrado pasar de un 7% de inflación al 5,1%, de diciembre que se anunció la semana pasada. El Indec, el instituto encargado de hacer el relevamiento de precios, empieza ahora a ser seguido con más celo por la oposición, según admitió a la nacion una fuente legislativa de Juntos por el Cambio. El organismo está encabezado por Marco Lavagna, un economista respetado, pero que viene trabajando en el equipo de Massa y que incluso lo acompañó en su última gira por Estados Unidos.

En las últimas semanas Massa dejó en claro que para cumplir con su profecía inflacionaria está dispuesto a jugarse como sea. Lo saben sus funcionarios más cercanos, que cenaron con el ministro antes de fin de año en el quincho del Palacio de Hacienda y escucharon de su boca el pedido para “hacer todo el esfuerzo posible en los primeros tres meses del año”. Después les reforzó diariamente el mensaje en el grupo de chats que comparten: “Es ahora cuando tenemos que tratar de alcanzar la meta que nos propusimos”. Él jamás menciona el tema electoral, pero todos en su entorno lo asumen como la razón última de la demanda.

Consultado por la nacion, el economista Fausto Spotorno consideró que lo que se hizo hasta ahora es “estabilizar la inflación”, y dijo que mirando hacia adelante se ve que “aquellas cosas que ayudaron a bajar la inflación este último trimestre van a estar más difíciles de sostener hacia adelante. No que no se pueda, pero sí más difíciles”. Director de Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y de la UADE, Spotorno distinguió: “No digo que no se puede tener un mes de 3%, pero que la inflación baje en forma sostenida, no. De hecho la inflación núcleo subió entre noviembre y diciembre”.

En el escenario aparecen distintos elementos por sortear que se convierten en un mix de expectativa, tensión y dificultades varias en el que hasta aparece la avanzada del Ejecutivo sobre la Corte como un elemento que genera “incertidumbre” en el ámbito empresarial. La necesidad de reglas de juego estables y “certidumbre para invertir “versus “el avance de un poder sobre otro” es parte de lo que se sumó como telón de fondo a los números duros de la Economía. Sin contar el impacto de las subas previstas en combustibles, agua, energía y servicios de salud y educación.

En la misma línea evaluó la situación el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien consideró que si se mira lo que pasó desde que Massa asumió “frente a una situación crítica”, se ve que “logró ir cumpliendo ciertos objetivos que le quitaron el carácter dramático a la situación”. Hombre de peso en el mundo industrial, Funes de Rioja considera que lo que se hizo fue “acomodar” la situación y considera que un 3% de inflación en abril es “complejo, pero deseable” y, tanto desde el consumo como desde la producción, absolutamente necesario.

El Gobierno prevé extender, quizá por todo 2023, el programa Precios Justos, que fijaba el valor de 1900 productos inicialmente solo por cuatro meses. Sobre el tema se deslizan desde el sector de los empresarios varias presiones para el ingreso al programa, obteniendo como contrapartida los permisos de importación. La situación es descripta por varias fuentes independientes del sector empresarial, aunque a nivel de las entidades que los agrupan coinciden en tener conocimiento de las situaciones, pero no denuncias formales, y detallan que son “negociaciones individuales” en las que “el límite es la voluntariedad” de cada uno.

En el escenario general de lo que viene también se enumeran otros elementos que amenazan con complicar la situación a nivel nacional, como el impacto de la continuidad de la guerra en Ucrania y los enormes problemas climáticos que enfrenta el país con sequías, heladas y tormentas. También queda margen para la expectativa con el rol que tendrá la finalización del gasoducto Néstor Kirchner, prometido para junio próximo.

En el medio de todo eso, la certeza extendida en el oficialismo de que hay “posibilidades” electorales en los próximos comicios. Algo que no creían posible solo unos meses atrás. En ese escenario, en las distintas terminales se señala a Massa como el “candidato natural, si sigue acomodando el barco”. Massa insiste en alejarse de esa apreciación: “Primero, no creo en los candidatos naturales; segundo, no recuerdo ningún caso de ministro de Economía que haya sido candidato a presidente”. Pero las frases del ministro se contraponen con sus gestos, que apuntan unívocamente a generar un efecto promesa cumplida para abril que le permita analizar sus chances en el horizonte electoral.ß