Por Carlos Burgueño - Sergio Massa no tiene dudas: el costo para el país de la guerra desatada en 2022 por la invasión de Rusia a Ucrania, fue de u$s5.200 millones; generados por el alza del precio internacional del gas y el aumento del valor de los fertilizantes. Ese es el número que su equipo económico midió y el que se le presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir durante este ejercicio cuáles fueron las consecuencias reales de la guerra sobre la economía argentina. Y, acto seguido, la responsabilidad que le cabe al organismo que maneja Kristalina Georgieva para atender las necesidades financieras del 2023.

Para el Fondo el dinero sería sensiblemente menor, y se ubicaría por debajo de los u$s3.000 millones. Y la posibilidad de llegar a un acuerdo será discutido de manera directa entre Massa y Georgieva una vez que las metas del 2022 correspondientes al Facilidades Extendidas vigente hayan sido aprobadas, y los números y porcentajes de este año terminados de resolver y establecer como objetivos del Palacio de Hacienda.

La hipótesis de máxima del ministerio de Economía, es que el FMI reconozca el costo y el dinero, y establezca un plan de ayuda directa a través del giro de divisas vía los DEGs; que podrían ser girados en todo o parte, este año y los subsiguientes. O, aún de manera más optimista, la posibilidad de recibir algún tipo de waiver ante el nivel de reservas a acumular según el acuerdo firmado el 25 de marzo del año pasado, y que para 2023 impone un azul no menor a u$s5.200 millones.

El último contacto entre los funcionarios argentinos y los técnicos del FMI donde se discutió el tema fue en noviembre pasado, cuando las partes (vía zoom) coincidieron en que es una cuestión fundamental para el futuro del acuerdo, no coincidieron sobre el monto final del costo; y decidieron que será uno de los primeros temas a poner sobre la mesa de discusión una vez que las metas del año pasado se hayan verificado como cumplidas, y cuando la vigencia de los objetivos del 2023 sea el capítulo central.

El Fondo le dejaba en ese momento en claro a los hombres y mujeres del Palacio de Hacienda que tanto las metas de déficit de 1,9% sobre PBI y de emisión de 0,6% son innegociables; pero que el nivel de reservas pactado en 5.200 millones, tendrá en cuenta en 2023 el costo de la importación de energía en 2022. Y que si bien no se revisará el número final, si se podrá tomar como un cálculo cierto el dinero que el FMI entregue durante el año al país por el costo del precio del gas.

El problema es que las partes no se pusieron de acuerdo aún en este sobrecosto. El tema ya había sido tratado en la cumbre del G20 de Bali de comienzos de noviembre de 2022, en la reunión que el presidente Alberto Fernández y el ministro Massa mantuvieron cara a cara con Georgieva y Gita Gopinath. La directora gerente y su número dos abrieron la discusión reconociendo que deberá haber algún tipo de recompensa por el costo extra que hubo para las cuentas nacionales (y de todo el mundo) el encarecimiento del precio de los combustibles a partir de la guerra en Ucrania; pero pusieron como punto de partida cumplir en 2022 con el Facilidades Extendidas.

El ministro de Economía le había entregado en Bali un “paper” elaborado por Rubinstein y el encargado de la relación con los organismos financieros internacionales, Marco Lavagna, donde se recordaba que “el valor de las importaciones de combustible aumentó a u$s5.756 millones, cuando el valor proyectado antes de la guerra era de 1.999 millones” de esa divisa. “Esto significó un aumento neto de u$s3.757 millones”, mientras que “las exportaciones netas del complejo agroexportador estuvieron u$s617 millones por encima de las proyectadas antes de la guerra”.

Sin embargo, “el costo de envío de las exportaciones sufrió un aumento de u$s1.800 millones con respecto a los pronósticos anteriores a la guerra”.Argentina sostenía que durante los meses de invierno “la balanza energética fue significativamente negativa, lo que dio como resultado una balanza comercial negativa a raíz de las importaciones de energía” y provocó “un aumento exponencial del déficit del sector energético en la balanza comercial respecto a los meses de invierno de 2021”. El trabajo ubicaba el costo en unos u$s4.246 millones. Si bien no lo hablaron públicamente, Georgieva y Gopinath calculan el monto en un nivel sensiblemente menor. Por debajo de los u$s3.000 millones. La diferencia de algo más de u$s1.000 millones, confían en el lado argentino, no es tan grande como para que no haya acuerdo.