Por Laura Serra - El Congreso quedará virtualmente bloqueado mientras el Gobierno impulse el juicio político a los jueces de la Corte: Juntos por el Cambio acordó que no negociará sobre ningún proyecto de ley si la ofensiva oficialista se mantiene en pie. Al no tener mayoría propia, el Frente de Todos quedará sin margen para aprobar sus iniciativas. La oposición aspira a que el proceso en comisión se resuelva cuanto antes.

En vísperas de la reunión que mantendrá la mesa nacional de Juntos por el Cambio, los diputados opositores que integran la Comisión de Juicio Político ya anticipan su estrategia frente a la embestida del presidente contra la Corte Suprema. Como primera medida, darán el debate en la comisión para rebatir los argumentos –a su juicio infundados– para enjuiciar a los cuatro miembros del máximo tribunal del país y, acto seguido, buscarán acortar todo lo posible el proceso de investigación para evitar el desgaste al que estarán sometidos.

Si bien los diputados de Juntos por el Cambio no tienen mayoría en la comisión como para imponer los tiempos del debate, tienen en sus manos una carta que harán valer para condicionar al Gobierno: no darán quorum en las comisiones ni en el recinto de la Cámara de Diputados para tratar las leyes que requiere la Casa Rosada mientras el enjuiciamiento siga en curso.

Dicho en otras palabras, cuanto más tiempo se prolongue la arremetida oficialista contra la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político, más tiempo se demorará la sanción de las iniciativas que el Poder Ejecutivo necesita para la gestión.

“Nuestro objetivo primordial tiene que ser tratar de que este embate contra la Corte Suprema, que tanto daña al Poder Judicial y al país, termine lo antes posible –anticipó el diputado Pablo Tonelli, diputado y miembro del Consejo de la Magistratura–. Ese tiene que ser nuestro objetivo: que se desestime muy rápidamente este pedido de juicio político, no solo porque es un disparate, sino porque hace imposible todo tipo de diálogo entre el oficialismo y oposición en el Congreso.”

En la misma sintonía se expresó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, jefe de la UCR. “La decisión del gobierno nacional de arrancar la última quincena de enero el juicio político a la Corte va a modificar toda la agenda parlamentaria de este año –sentenció–. El gobierno nacional se mete en un problema, y nos mete a todos los argentinos en un tema de gravedad institucional que no podemos permitir”.

La estrategia es una estocada directa al ministro de Economía, Sergio Massa, quien antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara su pedido de juicio político a la Corte había negociado con sectores de la oposición para que se avanzara en el tratamiento de leyes claves para su gestión, entre ellas, las de fomento a la agroindustria, la exportación de gas natural licuado y un monotributo para el sector tecnológico durante las sesiones extraordinarias. Con este conflicto institucional instalado en el Congreso, se esfuma la posibilidad de que estas iniciativas puedan ser aprobadas antes del arranque del calendario electoral.

Los diputados de Juntos por el Cambio que integran la comisión, al igual que Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque Federal, están decididos a dar el debate en la comisión.

“Tenemos que estar presentes para controlar la producción de la prueba que intentará reunir el oficialismo. Si ellos citan a sus testigos, nosotros debemos hacer las preguntas correspondientes para que no les sea tan sencillo el trámite. Veremos en su momento si pediremos testigos también, el objetivo primordial debe ser que el proceso sea lo más corto posible”, insistió Tonelli, en constante comunicación con el resto de sus compañeros de la comisión.

En la misma sintonía se expresó el diputado Rodríguez: “Sin dudas, corresponde participar en la comisión activamente para fijar posiciones”.

La única postura que pone en tela de juicio la pertinencia de participar del debate fue el bloque Evolución Federal, que responde al senador Martín Lousteau. La representante de esa bancada en la Comisión de Juicio Político es Carla Carrizo. El jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo, confirmó, sin embargo, que no se desmarcará de la estrategia que fije Juntos por el Cambio, cuyos principales dirigentes se reunirán hoy.

“En Juntos por el Cambio tenemos claro que vamos a actuar conjuntamente, podrá haber matices u opiniones distintas, pero es un tema en el que Juntos por el Cambio tiene que tener un accionar monolítico y de volumen institucional –sostuvo el cordobés De Loredo–. “Nosotros nos inclinamos por no dar quorum en la comisión, que lo tengan que conseguir ellos y, de conseguirlo ellos, asistir en una primera instancia con fuertes argumentos técnicos y legales para dejar sentada la postura de la improcedencia de este pedido. Luego evaluar si es conveniente asistir al chiquero o deslegitimarlo, ya que de seguro ellos van a querer dilatarlo en el tiempo”.

En lo que parece no haber matices es en la decisión de no habilitar el tratamiento de las leyes que el Poder Ejecutivo requerirá durante el período extraordinario de sesiones, que se convocaría esta semana. Massa había logrado desbloquear dos iniciativas claves para el ingreso de dólares para las reservas: la que fomenta la exportación de gas natural licuado (GNL) y la de desarrollo de la agroindustria. “Había un preacuerdo para avanzar. Ahora todo voló por los aires”, deslizan en la coalición opositora.

Sin el apoyo de Juntos por el Cambio ni del interbloque Federal, al oficialismo –en minoría en la Cámara baja– se le hará muy difícil –por no decir imposible– reactivar la labor en el Congreso.

Si la relación entre oficialistas y opositores ya era conflictiva al finalizar el año pasado, el embate del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia dinamita toda posibilidad de que se sancionen leyes en el corto plazo. La parálisis sería total.ß