Por Diego Cabot - Pese a que en la Argentina se discute todo, hay una verdad que nadie podría poner en tela de juicio: no hay manera de tapar el sol con la mano. Es un imposible. Algo similar podría decirse con el empleo público: no hay manera de frenar el ingreso constante de nuevos empleados o funcionarios que llegan, se acomodan y, muchos de ellos, permanecen por años más allá de una gestión.

El Boletín Oficial se ha convertido en una publicación prácticamente dedicada a los recursos humanos del Poder Ejecutivo. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde fines de junio, cuando la entonces ministra Silvina Batakis decretó la prohibición de contratación, y hasta septiembre (último dato publicado), se sumaron 5600 empleados a la administración pública nacional. Si se mira algo más lejos, la planta creció 4,77% entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022.

Por estos días, los ministerios han encontrado una nueva manera de evadir la norma: crean “unidades ejecutoras especiales temporarias” y nombran más funcionarios.

El Boletín Oficial se ha convertido en una publicación prácticamente dedicada a los recursos humanos del Poder Ejecutivo. Una bacanal de cargos, ascensos, contratos, creación de funciones, organigramas nuevos y extensiones de plazos. Maravillas burocráticas que paga el Tesoro en medio de una prohibición para aumentar la planta permanente que, aunque parezca una quimera, está vigente.

Cuando la lupa se posa sobre cómo se ha movido esta variable, pues todo es expansión. Siempre según el SIPA, el empleo estatal creció 4,77% entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022 mientras que el privado, que no tiene restricción en la contratación, lo hizo 7,3%. Ahora bien, en 2021, el sector privado aún estaba afectado por las consecuencias de la pandemia por lo que la comparación es contra una base más baja.

Sin embargo, el trabajo en el Estado es rígido y no se comportó con la estacionalidad que sí afectó al privado. Así y todo, el crecimiento fue de casi 5% neto.

Si el mojón se coloca algo más atrás, pues desde que asumió el presidente Alberto Fernández, pues los dependiente del Estado, de sus agencias o de las empresas estatales aumentaron 5%, mientras que el sector privado tuvo un crecimiento de 3,83%.

Solo para tener una referencia, estos números corresponden a la llamada Administración Pública Nacional, que además de los tres poderes incluye a los organismos descentralizados y las empresas públicas. Pero el punto es más relevante aparece cuando se mira la consolidación del sector público en sus niveles nacional, provincial y municipal. De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, la nómina de trabajadores estatales llega a 3.378.100. De acuerdo a números de FIEL, que suma algunos otros rubros, la cifra llega a llega actualmente a 3.899.000. Sólo una referencia: en 2000 eran 2.193.000.

Sólo bastan un par de ejemplos para entender la profundidad del fenómeno. El 26 de diciembre, mediante la decisión administrativa 1291/2022, se autorizó a la Junta de Seguridad de Transporte para correrse de la prohibición de contratar nuevos empleados. “Autorízase como excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificatorias en los términos del decreto 882/21, los decretos 88 del 22 de febrero de 2022 y 331 del 16 de junio de 2022, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de personal de los cargos vacantes financiados por la Junta de Seguridad de Transporte”, dice el decreto.

Semejante entelequia no es más que el permiso para que ese organismo incorpore 412 cargos planta permanente. La norma ni siquiera dice dónde trabajarán. Sólo se limita a establecer que serán financiados por la Junta. Ahora bien, en el anexo aparece algo que puede resultar un indicio: los 412 cargos serán cubiertos por aeronáuticos y nombrados en categorías que van desde la “A” hasta la “H”.

Actualmente, la Junta tiene 533 empleados, de los cuales, 525 tienen una modalidad de contratación establecida en el artículo 9 decreto 141 de 2002 mediante el que se establece la modalidad que tiene el régimen de contrataciones por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias del Estado.

Siempre hay una explicación. Ana Castellani, socióloga, investigadora del Conicet y Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación dijo que el decreto 436 exceptúa todas las incorporaciones por concursos en el marco del plan de regularización del empleo público. “La modalidad de concurso interno se estableció en 2017 para poder regularizar la situación de personas designadas de manera transitoria con antigüedad prolongada. En este caso, el plan llama a concurso a cargos que están ocupados hace 10 años como mínimo. Regularizamos para poder cumplir con la ley de empleo público, a través de concursos cerrados en cada organismo utilizando una misma plataforma digital y cumpliendo con los reglamentos de concursos vigentes”, contestó a La Nación.

En el Ministerio de Transporte, la respuesta también llegó por ese lado. “No modifica planta, es para los que ya trabajan ahí y entendemos que el número es menor que el de los empleados que son parte del organismo”, contestaron cerca de las oficinas del ministro. De esa metodología, que sólo concursan los que ya están contratados, surge un segundo tema: tener empleo público se ha convertido en un privilegio de los que ya pertenecen. No hay posibilidades de concursar con conocimiento. Un verdadero coto de algunos.

Pero no solo estas excepciones se ven en el Boletín Oficial; de una lectura rápida se aprecia que constantemente se suman funcionarios.

Un caso más para ilustrar. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, creó ayer un cargo que no existía. “Créase la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Fortalecimiento en la Infraestructura de Cuidados, con el objeto de articular a nivel ministerial, nacional y federal políticas sociales especialmente diseñadas e instrumentadas para el fortalecimiento del derecho al cuidado, a cuidar y al autocuidado”, dice el artículo primero de la resolución 5/23.

Pese a que debiera haber cuerpos profesionales en los ministerios, a Tolosa Paz no le quedó otra que crear un cargo más. De acuerdo a la norma, esa “unidad temporal” tendrá una duración de 2 años (es decir que continuará con la próxima administración) y además, tiene asignación presupuestaria y cargo nivel de subsecretaría, un escalón por debajo de la ministra. La beneficiada con ese puesto y con ese sueldo es María de los Ángeles Higonet, una histórica dirigente del peronismo de La Pampa, exsenadora y hasta ahora era subsecretaria de Abordaje y Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial.

Todo por un nombramiento

El vericueto para burlar o evadir la norma, como debe ser, tiene sus maquillajes. Entonces, Tolosa Paz le estableció funciones a Higonet. Tendrá que “asistir al ministro y a las secretarías”; “participar de la celebración de convenios con los actores interjurisdiccionales”; “articular” –término que se repite en dos artículos de la resolución como para marcar que la articulación es parte fundacional del trabajo diario de la dirigente pampeana– y, fundamentalmente, “diseñar, proponer y participar de los estudios, planes programas y proyectos territoriales que se consideren pertinentes para mejorar permanentemente los insumos de diseño de la política social de fortalecimiento del cuidado desde una perspectiva integradora”. Un verdadero poema de la redacción burocrática argentina.

Un poco antes, con terminología similar, Tolosa Paz ya había creado la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Norte Grande para la Equidad Social”.

Pero no sólo la ministra de Desarrollo Social ha puesto en marcha la inventiva para bautizar puestos burocráticos. En el último tiempo, varios ministerios transitaron el camino de hacer amanecer Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias. Uno de ellos es el padre adoptivo de la criatura que apostó por congelar los ingresos al Estado. Sergio Massa, de él se trata, dio a luz la semana pasada la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas”.

El exintendente de Tigre se despachó con algunas otras criaturas. En octubre, creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Unidad para la Internacionalización de la Economía del Conocimiento.

Un poco antes, el Jefe de Gabinete, Luis Manzur, hizo su aporte a la nueva manera de esquivar la norma. De su despacho alumbró la Unidad Ejecutora Especial Temporaria el Estado en tu Barrio”.

El ministro de Desarrollo Territorial, Santiago Maggiotti, no se quedó atrás: fundó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Unidad de Gestión de Asuntos Institucionales e Internacionales. Todos participan, elaboran, implementan, monitorean y coordinan. Y por sobre todo, articulan y cobran.ß