Por Carlos Burgueño - Para cuando termine de cerrarse la negociación por la aprobación de las metas del 2022 pactadas en el Facilidades Extendidas, Sergio Massa tiene un capítulo fundamental para tratar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía y su equipo quieren abrir rápidamente el debate sobre el costo energético, para determinar qué monto final es válido para el organismo financiero en función de lo que Argentina tuvo que pagar en 2022 por las importaciones de energía (fundamentalmente gas), a partir del incremento de los precios de los combustibles y por fuera de lo originalmente presupuestado.

El último contacto entre los funcionarios argentinos y los técnicos del FMI donde se discutió el tema, fue en noviembre pasado, cuando las partes (vía zoom) coincidieron en que es una cuestión fundamental, aunque no se pusieron de acuerdo sobre el costo final; y decidieron en que será uno de los primeros temas a poner sobre la mesa de discusión una vez que las metas del año pasado se hayan verificado como cumplidas, y cuando la vigencia de los objetivos del 2023 sea el capítulo central.

El Fondo le dejaba en ese momento en claro a los hombres y mujeres del Palacio de Hacienda que tanto las metas de déficit de 1,9% sobre PBI y de emisión de 0,6% son innegociables; pero que el nivel de reservas pactado en u$s5.200 millones, tendrá en cuenta en 2023 el costo de la importación de energía en 2022. Y que si bien no se revisará el número final, si se podrá tomar como un cálculo el dinero que el FMI entregue durante el año al país por el costo del precio del gas.

El problema es que las partes no se pusieron de acuerdo aún en este sobrecosto. Para Argentina fueron más de u$s4.500 millones, mientras que el FMI no toma en cuenta aún más de u$s3.000 millones. Tanto los funcionarios locales como los de Washington saben igualmente que el dinero de diferencia no es tanto, y que, en definitiva, la decisión final es política y que tendrá la intervención directa de Kristalina Georgieva y Gita Gopinath.

Las número uno y dos del FMI tienen este tema en cartera para hablar y aprobar en el Board del organismo, no sólo para socorrer al precio de más para la importación de energía que tuvo que pagar Argentina sino que gran parte de los mercados emergentes; con lo que en realidad, el monto que le corresponderá al país depende de lo que el directorio del organismo decida luego del informe que presenten y defiendan Georgieva y Gopinath.

La discusión es más que importante. Según el número en el que se pongan de acuerdo el Fondo y Argentina, será el alivio que el país podrá tener este año en cuanto a la necesidad de reservas y el requerimiento de superávit comercial.

La hipótesis de máxima que se maneja en Buenos Aires es que el dinero en cuestión podría ser aportado por el propio FMI durante el segundo semestre del 2023 a través de los Derechos Especiales de Giro (DEG); dinero que iría directamente a las reservas. Y cuanto antes haya acuerdo, antes llegarán los dólares al Banco Central. Por esto Argentina quiere que el debate se dé pronto.

El tema ya había sido tratado en la cumbre del G20 de Bali de comienzos de noviembre de 2022, en la reunión que el presidente Alberto Fernández y Massa mantuvieron cara a cara con Georgieva y Gopinath. La directora gerente y su número dos abrieron la discusión reconociendo que deberá haber algún tipo de recompensa por el costo extra que hubo para las cuentas nacionales (y de todo el mundo), por el encarecimiento del precio de los combustibles a partir de la guerra en Ucrania; pero pusieron como punto de partida cumplir en 2022 con el Facilidades Extendidas.

El ministro de Economía le había entregado en Bali un “paper” elaborado por Rubinstein y el encargado de la relación con los organismos financieros internacionales, Marco Lavagna, donde se recordaba que “el valor de las importaciones de combustible aumentó a u$s5.756 millones, cuando el valor proyectado antes de la guerra era de 1.999 millones” de esa divisa. “Esto significó un aumento neto de u$s3.757 millones”, mientras que “las exportaciones netas del complejo agroexportador estuvieron u$s617 millones por encima de las proyectadas antes de la guerra”. Sin embargo, “el costo de envío de las exportaciones sufrió un aumento de u$s1.800 millones con respecto a los pronósticos anteriores a la guerra”.