Por Julián Blejmar - Desde su asunción y hasta noviembre del año pasado, el Gobierno del Frente de Todos incrementó la deuda pública en un total de u$s61.003 millones, llevando la misma al máximo histórico de u$s384.668 millones. A ello, deben sumarse también los últimos desembolsos de u$s6.000 millones del FMI otorgados en diciembre.

Si bien gracias al crecimiento económico pospandemia, de 10,3% en 2022 y que finalizará en alrededor de 5% este año, la deuda en relación al PBI se encontraba para para el segundo trimestre de este año, -último dato disponible-, en el 79,1% del PBI, lejano al 103,9% del pandémico 2020 con la actividad prácticamente paralizada, aunque también del 89,8% del récord previo en que lo había situado el gobierno de Cambiemos, esta situación no despeja los fuertes interrogantes de cara al futuro.

Sucede, por un lado, que el propio acuerdo con el FMI da cuenta de un bajo crecimiento del PBI para los próximos años, y por el otro, que si bien la totalidad de la deuda tomada por el Gobierno es en moneda local, debido a la crisis y cierre de los mercados internacionales durante el anterior gobierno, la misma se encuentra expresada, por encima del 70%, en bonos ajustables.

En relación al balance de deuda sobre PBI, si bien el crecimiento económico y la correspondiente disminución del ratio de deuda sobre PBI podría permitir que los altos niveles de endeudamiento sean sustentables, lo cierto es que las mismas previsiones del FMI dan cuenta de un crecimiento de solo el 2,5% al 3,5% en 2023, del 2,5% al 3% en 2024, e incluso por debajo del 2,5% hasta 2027, todo lo cual complejizará la posibilidad del Estado de captar excedentes para el pago de los compromisos asumidos.

En tanto, si bien desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández la totalidad de la deuda emitida fue en pesos, a excepción de los aportes del FMI, la misma lejos de ser “blanda”, y tal como se deprende del informe “Estructura de la deuda bruta” del Ministerio de Economía, se expresaba mayormente, es decir por encima del 60%, en deuda ajustada por inflación (CER), todo lo cual imposibilita que la misma se “licue” con el paso del tiempo.

Alternativas

Luego de que el gobierno de Cambiemos iniciase un fuerte ciclo de endeudamiento, que llevó la deuda de u$s240.665 millones a u$s323.065 millones y del 52,6% al 89,8% como porcentaje del PBI, se continuó esta metodología al igual que sucedió en el mundo, debido a la pandemia. Sin embargo, paralelamente el gobierno del Frente de Todos recurrió a fuentes de ingresos adicionales como un aumento de las retenciones a la soja, del 29 al 33 por ciento, aunque solo para el cuarto del total que exporta más de mil toneladas, y el Impuesto a la Riqueza, que significó en 2021 3 de cada 100 pesos recaudados.

Sin embargo, a partir de ese año, parecieron dejarse de lado nuevas reformas tributarias, incluso en un sistema con un fuerte sesgo regresivo, donde según cifras de la Universidad Sarmiento el 58% de los impuestos son indirectos, es decir son abonados por la totalidad de la población sin distinción de capacidad económica.

Así, fueron los impuestos extras generados por el aumento de la actividad económica, pero también el fuerte endeudamiento, los principales recursos de los que se valió el Gobierno para afrontar las erogaciones fiscales.

Este es el cuadro con el que el país inicia un 2023 marcado también por las elecciones y las dudas sobre la renovación de la deuda que enfrentará este año, que de todas formas comenzó de modo favorable gracias al canje que realizó este martes el Tesoro, en el que logró extender vencimientos por casi $3 billones que debía afrontar en el primer trimestre.

De igual forma, y producto de las dos reestructuraciones (privados, más FMI), el país deberá afrontar, según el Centro CIFRA de la CTA, vencimientos que suman u$s7.253 millones en 2023, u$s9.419 millones en 2024, por u$s14.430 millones en 2025, u$s20.493 millones en 2027, u$s23.632 millones en 2028, y tras cifras similares a este última en 2029 y 2030, otros u$s24.155 en 2031.