Por Maia Jastreblansky - La embestida del Gobierno contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia se corporizó finalmente ayer, cuando el presidente Alberto Fernández y once gobernadores oficialistas firmaron el pedido de juicio político que deberá ser debatido en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, tres gobernadores peronistas que inicialmente habían acompañado las críticas al accionar del máximo tribunal no estamparon sus firmas en la iniciativa. Se trata del entrerriano Gustavo Bordet, el sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Alberto Rodríguez Saá.

En una reunión en la Casa Rosada, Fernández consiguió el respaldo de un núcleo duro de gobernaLa dores, entre quienes se destacan el bonaerense Axel Kicillof, el chaqueño Jorge Capitanich y el santiagueño Gerardo Zamora.

El polémico proyecto para enjuiciar a los jueces supremos será presentado este miércoles en el Congreso. Mientras tanto, el Gobierno apura la convocatoria a sesiones extraordinarias.

La embestida contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no esperará. Alberto Fernández obtuvo ayer el respaldo de menos de la mitad de los gobernadores para presentar el pedido de juicio político contra los ministros del máximo tribunal. Once mandatarios lo acompañaron en el escrito que presentará hoy en la Cámara de Diputados. Para los caciques provinciales más beligerantes, que ayer participaron de una reunión en Casa Rosada, los jueces incurrieron “en la violación de la ley ética pública y en mal desempeño”.

El número de apoyos a la iniciativa del Presidente generó vértigo durante toda la jornada: el Gobierno, de hecho, envió un comunicado a la prensa y un texto con el pedido de juicio político que figuraba con la adhesión del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que sin embargo no respaldará la medida. “No firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte”, dijeron cerca del mandatario entrerriano a la nacion. La decisión sorprendió a la Casa Rosada (ver aparte).

Otros dos mandatarios, el sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Alberto Rodríguez Saá, que habían acompañado al Presidente cuando recusó a los cortesanos por el fallo que repuso fondos de la coparticipación a la Capital Federal, esta vez tampoco acompañaron la iniciativa.

Pese a que el oficialismo no contaría con los votos en la Cámara baja, cerca del Presidente creen que el proceso, de mínima, obtendría dictamen. La titular de la comisión, Carolina Gaillard, es entrerriana. Aunque el gobernador de su provincia no adherirá, la legisladora tiene muy buena sintonía con Fernández.

En un comunicado, el Gobierno señaló que Fernández y los once gobernadores firmantes decidieron “impulsar el juicio político contra el presidente de la CSJN, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño” y “solicitar que se inicie el proceso de juicio político respecto de Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti”. “Por último, pedimos al bloque del Frente de Todos que impulse el proyecto para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso”, agregaron.

En una escena similar a la que se vivió el 22 de diciembre cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad, Fernández recibió ayer a un grupo de gobernadores peronistas en el Salón Eva Perón para redoblar la cruzada contra el máximo tribunal. “Consideramos que esta Corte tuvo una manifiesta parcialidad porque los fallos que hemos observado fueron para beneficiar a un sector político. Los argentinos no pueden estar tranquilos con miembros de la Corte que violan la Constitución”, dijo Capitanich en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada.

Además de Capitanich (Chaco), a la sede de gobierno asistieron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). Los primeros cuatro fueron los que, en todo momento, pidieron tomar las medidas más extremas. Algunos de ellos, de hecho, ya le habían pedido a Fernández que avanzara con el juicio político en la reunión de diciembre, una idea que recién prendió en el Presidente con el Año Nuevo.

A la Casa Rosada también asistieron los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Raúl Jalil (Catamarca) –que enviaron a sus segundos– se conectaron por videoconferencia. Lo mismo hizo Bordet, que finalmente no apoyó. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en cambio, no asistió al encuentro, pero suscribió el pedido de juicio político.

Participaron del encuentro, en tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que, a modo de recepción, alojó en sus oficinas de la planta baja a los mandatarios provinciales a medida que fueron llegando a Balcarce 50. A diferencia del encuentro anterior, no asistieron el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, ni la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra (que se tomó unos días de descanso).

Hay gobernadores que no formarán parte de la jugada política del Presidente. Rodríguez Saá, que firmó el anterior comunicado, esta vez no lo hizo. Por ahora no lo convencieron. Uñac, que sí había estado cuando el Presidente convocó por la coparticipación, no asistió a esta segunda reunión. “No está de acuerdo con esta decisión”, dijeron a la nacion cerca del gobernador. Uñac resolvió la semana pasada competir en su provincia por un tercer mandato, algo que fue cuestionado por la oposición, que recurrió a la Justicia. El último antecedente de una polémica similar ocurrió en Santiago del Estero, donde Zamora intentó forzar un tercer mandato y la presentación judicial de la oposición terminó en la Corte, que se pronunció en contra.

En la reunión de ayer, en tanto, no estuvo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien, pese a integrar el Frente de Todos, nunca acompañó la decisión del Presidente de ir contra la Corte. Tampoco acompañó el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, ni los cuatro mandatarios de Juntos por el Cambio. Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Gustavo Sáenz, de Salta, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, no firmaron el pedido de juicio político. Se trata de mandatarios que responden a sellos partidarios provinciales y que solo se alinean por momentos con el Gobierno.

El escrito del Presidente cuestiona el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080 –que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura y restituyó la ley anterior–, así como también al fallo que repuso parte de los fondos de la coparticipación primaria a la administración de Rodríguez Larreta. A la salida de la reunión, los mandatarios provinciales también apuntaron a los presuntos chats del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro –entre ellos, un supuesto intercambio con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti–, que se filtraron ilegalmente. “La legitimidad de Rosatti está totalmente en duda. No se puede dejar pasar esto”, dijo Zamora.