Por Hernán Cappiello - El Gobierno formalizó ayer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia en la que recusa a todos sus integrantes y pide que un tribunal de conjueces revoque la sentencia a favor de la ciudad de Buenos Aires por los fondos que le había recortado la Nación.

A través de un recurso del procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, el Ejecutivo avanzó con la inédita intención de recusar a todos los miembros del máximo tribunal para que, en su lugar, una Corte de conjueces revoque el fallo que el Gobierno se ha negado a cumplir hasta el momento.

En ese contexto, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, acentuó la provocación a la Corte y el llamado a incumplirla sentencia: “Si tengo que ir preso, que vengan”, desafió al lado del presidente Alberto Fernández.  Hastaahora, el Gobierno no ha efectivizado ninguno de los pagos exigidos por el fallo.

El Gobierno, mediante dos escritos firmados por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió a la Corte Suprema que revoque su propio fallo en el que le ordenó al Estado nacional restituirle fondos coparticipables a la Ciudad, y solicitó el apartamiento de todos los jueces del máximo tribunal.

Alberto Fernández cumplió, de esa forma, el anuncio de enfrentar la decisión de la Corte Suprema e intentar separar a sus actuales integrantes, pese a las escasas probabilidades de que la respuesta prospere. El Presidente primero había amenazado con incumplir la orden judicial a favor de la ciudad de Buenos Aires y la criticó duramente. Luego dijo que pediría que se revoque, como hizo finalmente ayer, pero que cumpliría la decisión pagando con bonos.

Los jueces de la Corte recibieron los escritos, pero no tienen previsto reunirse esta semana por el caso. Por lo tanto, el debate del asunto pasará al mes de febrero, cuando se reanude la actividad judicial, luego de la feria de enero, mes en el que permanecen cerrados los tribunales.

El escrito del Gobierno señala que en la decisión de la Corte Suprema sobre la medida cautelar se adelantó opinión sobre el fondo del caso. Además, argumentó que el fallo es “arbitrario” porque el tribunal no explicó los motivos por los cuales estableció la transferencia a la Ciudad de un monto fijo del 2,95% de los fondos coparticipables de la Nación.

El Gobierno indicó, además, que el fallo no tuvo en cuenta que el pago no está previsto en el presupuesto, por lo que el cumplimiento de la medida “es de por sí inviable”. Y dijo que la Corte incurrió en un “exceso de atribuciones constitucionales”. Zannini solicitó, además, que se informe de su presentación a la Ciudad, para que opine, y que luego se lo conceda con efecto suspensivo. Es decir, pese a las escasas probabilidades de que sea aceptado, el Gobierno reclamó a la Corte que suspenda su propia orden de transferir de manera diaria, a través del Banco Nación, unos 1100 millones de pesos a la administración porteña para restituir lo quitado en 2020, primero por decreto y luego por ley.

El escrito de la revocatoria menciona los antecedentes de este tipo de recursos y reclama que los jueces que lo resuelvan deben ser otros y no los actuales integrantes juzgado, anticipadamente, sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa”. Además sostiene que al afirmar que el pago no afecta a las provincias está dando a entender el porcentaje que le corresponde a la Ciudad, lo que a su entender es un adelanto del fondo del caso.

Por eso, la Casa Rosada dijo que el fallo no es una medida cautelar sino “una ejecución anticipada en favor de la ciudad de Buenos Aires de una hipotética sentencia definitiva”.

Argumentó, además, que el fallo es “arbitrario” porque no responde a las objeciones que hizo la Nación. “Ni siquiera ha tratado mínimamente en este marco preliminar la defensa central del Estado nacional, que desacredita la supuesta verosimilitud del derecho invocado por la Ciudad”, esto es, que una cosa es el sistema de coparticipación y otra los mecanismos de compensación por transferencias de servicios, como el traspaso policial.

“La Corte anticipa su criterio sobre el fondo: los gastos derivados del traspaso de funciones de seguridad deben ser atendidos, según el tribunal, en el marco del régimen de coparticipación. En concreto, mediante la modificación del porcentaje de coparticipación asignado a la CABA, desvinculado del costo real de los servicios transferidos, cuando en rigor este último es el parámetro que debería ser tomado a tales efectos”, dijo Zannini.

Fundó además la idea de que la sentencia es arbitraria en que la Corte no explicó cómo llegó a la cifra a transferir del 2,95% de los fondos coparticipables. “La fijación de dicho porcentual no encuentra sustento en razonamiento alguno; no existe informe documentado en las presentes actuaciones, ni pericia producida –en esta etapa preliminar– que justifique la concesión de tal coeficiente”, dice el escrito.

Así las cosas, el Gobierno pidió que le concedan el recurso, pero otros jueces y no la actual integración de la Corte, “a fin de asegurar una revisión que preserve la objetividad del decisor, no influida por el juicio previo que ya ha adelantado este tribunal” y que el fallo tenga efecto suspensivo de la sentencia dictada.

En su escrito de recusación, el Gobierno reiteró los argumentos mencionados sobre el prejuzgamiento en que habrían incurrido los jueces, según su lectura, y dijo Zannini que deberían excusarse por razones de decoro. En caso de que no lo hagan, planteó su recusación.●