Sábado 24 - Por Néstor O. Scibona - Muy pocos podían haber imaginado que la
misma semana que arrancó con la inmensa alegría de los argentinos por la
tercera copa lograda en el Mundial de fútbol de Qatar, iba a terminar con el
serio conflicto institucional gatillado por el gobierno del Frente de Todos y
sus aliados provinciales al desconocer abiertamente el fallo de la Corte
Suprema de Justicia que restituye a la CABA parte de la coparticipación
automática de impuestos nacionales, recortada arbitrariamente hace más de dos
años por un DNU luego convertido en ley.
En medio de
la euforia posmundialista y de las fiestas de fin de año, probablemente mucha
gente no advierta la gravedad de este desvarío oficialista que pone en jaque
nada menos que la división republicana de poderes consagrada por la
Constitución nacional. Sin embargo, sus fundamentos son tan engañosos como
impredecibles sus consecuencias.
El fantasma
de denuncias penales y juicios políticos cruzados entre el oficialismo (contra
la Corte) y la oposición (contra el Presidente) sobrevuela ahora sin rumbo
cierto como los helicópteros que debieron trasladar de apuro a la selección
argentina ante otro desvarío del gobierno de Alberto Fernández para recuperar
protagonismo político. El sorpresivo feriado nacional dispuesto apenas horas
antes de la espontánea y multitudinaria concentración del martes para acompañar
a la selección argentina desde el predio de la AFA en Ezeiza hasta el frustrado
paso por el obelisco porteño, fue una muestra palpable de improvisación,
voluntarismo, errores de cálculo, organización y coordinación.
Claramente,
no hacía falta que el Estado interviniera tan burdamente para sumar más gente a
la que ya planeaba asistir –en su mayoría jóvenes– y desbordaba de antemano las
superficies disponibles. Era como habilitar el ingreso de 700.000 personas al
estadio de River. Tampoco se justificaba complicarles la vida a quienes no
tenían interés en perder una jornada de trabajo; ventas; fletes; exámenes
finales de estudiantes; cuidado de enfermos; turnos médicos o intervenciones
quirúrgicas programadas. Más que nunca el eslogan oficial “Primero la gente”
pareció un chiste de mal gusto, reforzado por la imagen del balcón vacío en la
Casa Rosada.
Si la
concentración de esa descomunal, entusiasta y estoica marea humana no terminó
en tragedia –más allá de algunos excesos y consabidos actos de vandalismo
siempre impunes–, es porque el seleccionado de fútbol unió a los argentinos y
su actuación en Qatar se vio potenciada con valores poco frecuentes que
llenaron de orgullo a los hinchas más fanáticos y también a los más racionales.
El equipo liderado
por Scaloni y Messi rompió el molde. No hubo excusas ni culpables ajenos tras
la imprevista derrota frente a Arabia Saudita. La resiliencia, planificación,
adaptación a los cambios y trabajo colaborativo mejoraron su competitividad en
la remontada posterior, mientras los resultados iban alimentando la ilusión de
todo el país detrás de un objetivo difícil de conseguir. Hasta que, a base de
jugar cada vez mejor y dejar todo en la cancha llegó el épico triunfo frente a
Francia, cuyos minutos finales incluyeron hasta la dosis de suerte que suele
acompañar a los campeones. Todo con humildad, bajo perfil y respeto por las
reglas de juego, más allá de algún desliz emocional. Nada que ver con otras
épocas de “campeones morales” o escándalos; ni mucho menos con prestarse al uso
político de su sacrificio después de este inolvidable torneo.
En otras
palabras, el seleccionado argentino fue la cara opuesta de lo que suele mostrar
la gran mayoría de los políticos convencionales que –salvo escasas y honrosas
excepciones–, se dedican a llenar su boca de palabras o recitar relatos huecos,
sin trazar un proyecto a futuro para ilusionar a los argentinos ni exhibir
ninguno de aquellos atributos para lograrlo.
Sus
ingredientes para captar votos son los mismos de siempre: diagnosticar;
simplificar; sobreactuar; anunciar y prometer; incumplir; no rendir cuentas y
aferrarse al poder del cargo público aunque no puedan mostrar resultados.
Cumplen a la perfección la primera parte de la frase atribuida a Otto von
Bismarck y repetida en muchos manuales, pero están a años luz de la segunda:
“El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima
generación”.
De hecho, el
Poder Ejecutivo Nacional está en manos de un dispar triunvirato orientado
únicamente hacia la primera dirección, donde el Presidente tiene un rol
testimonial; la Vicepresidenta actúa como opositora, y el ministro de Economía
tiene el modesto objetivo de llegar a las elecciones sin un estallido cambiario
ni inflacionario. Para eso cuenta con el respaldo del Fondo Monetario
Internacional, que hace tiempo optó por desactivar el VAR para no empujar a la
Argentina al precipicio de un populismo económico más radicalizado.
Por lo
pronto, la readecuación y aprobación de las metas del último trimestre, ya
permitió el desembolso de casi US$6000 millones que le otorga un respiro hasta
marzo, cuando se pondrá en marcha la campaña electoral. Aun así, el organismo
repitió sus ya clásicas advertencias sobre la fragilidad de las condiciones
económicas y la necesidad de un amplio apoyo político al programa para avanzar
hacia la flexibilización del cepo cambiario.
Hasta la AFA
puede dar fe de este requerimiento: los US$45 millones que recibió de la FIFA
por la obtención de la copa en Qatar deberán liquidarse al tipo de cambio
oficial de $175, casi 50% menos que las cotizaciones libres ($338/340). Y si
los jugadores que mantienen domicilio fiscal en el país deciden ingresarlos,
recibirán los dólares pesificados a un valor similar, ya que una circular del
BCRA impide retirarlos de las cuentas de ahorro en moneda extranjera si se
depositaron después de mayo de 2020. Esto explica por qué el cepo impide la
salida, pero también la entrada de divisas.
El
agravamiento del conflicto de poderes entre el Gobierno y la Corte Suprema por
laco participación dela CABA, que ya se había manifestado con el abierto
rechazo kirchnerista a los recientes fallos sobre la composición del Consejo de
la Magistratura y la pena de prisión a Milagro Sala, sumará ahora más
incertidumbre política y jurídica a la economía. No sólo por el tono y los
disparatados argumentos del oficialismo (Axel Kicillof calificó la decisión
como “una verdadera inmundicia” y Carla Vizen zotti sostuvo que “abolía el
federalismo”), sino porque tornan mucho más difícil cualquier acuerdo con la
oposición de Juntos por el Cambio.
En realidad,
la cifra en disputa resulta insignificante en comparación con la magnitud de la
recaudación de impuestos coparticipables y también con las transferencias
discrecionales que viene recibiendo la provincia de Buenos Aires, la de mayor
población y número de votantes. Incluso puede abrir alguna grieta adicional
dentro del oficialismo, después de que Wado de Pedro le endosara ayer a Sergio
Massa la decisión de activar o no los giros automáticos al gobierno porteño, a
los que Horacio Rodríguez Larreta supeditó la anunciada reducción inmediata de
las subas de impuestos locales aplicadas a fin de 2020.
Antes de que
se produjeran estos virulentos cruces, parece mentira que el Congreso no haya
logrado a lo largo de este año acordar una reforma a la intervencionista ley de
alquileres sancionada durante la cuarentena, que empantanó al mercado
inmobiliario y le resta atractivo a la reedición del blanqueo de capitales para
la construcción de viviendas destinadas a alquilar. Tanto la parálisis
legislativa como el conflicto institucional también inquietan a Massa por el
destino del proyectado blanqueo de capitales no declarados en bancos de los
Estados Unidos, tras el acuerdo de intercambio de información fiscal con ese
país que, si bien entrará en vigencia a partir de 2024, planea utilizar como
anzuelo para el año próximo, a semejanza del que dispuso Mauricio Macri en 2017
y permitió regularizar nada menos que US$117.000 millones. Una cifra que
resulta descomunal para las condiciones actuales y las perspectivas económicas.
Por más que
la Argentina haya ganado el Mundial, si el conflicto institucional sigue
escalando y no aparecen actores políticos que pongan la pelota sobre el piso y
le resten presión al partido, todo indica que 2023 podrá convertirse en otro
año perdido, con alta inflación y bajo crecimiento, por lo menos hasta las PASO
(si no surge alguna otra sorpresa) o hasta las elecciones que se realizarán
dentro de diez meses.●
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