Por Hernán Cappiello - La Corte Suprema le dio la razón al gobierno porteño en su reclamo contra la Nación por los fondos que la administración de Alberto Fernández le redujo hace más de dos años y que en 2022 representarán una pérdida de $154.000 millones para las arcas de la Ciudad.

Como consecuencia del fallo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que eliminará el impuesto a las compras con tarjeta de crédito, un tributo que impuso la Ciudad tras el recorte de fondos. “El Presidente decidió quitarle a la Ciudad un monto equivalente al sueldo de todos nuestros docentes”, dijo ayer Rodríguez Larreta.

El fallo de la Corte generó la reacción del presidente Alberto Fernández, que convocó a los gobernadores para enfrentar la decisión del máximo tribunal. El gobernador kirchnerista de Chaco, Jorge Capitanich, llamó a desobedecer el fallo.

El recorte había sido resuelto unilateralmente el 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, luego de que policías bonaerenses rodearan la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo. Alberto Fernández se lo concedió tras sacarle fondos a la ciudad de Buenos Aires.

La Corte Suprema le dio la razón al gobierno porteño en su reclamo contra la Nación por los fondos que la administración de Alberto Fernández le redujo hace más de dos años y que representarán una pérdida de 154.000 millones de pesos en 2022.

El máximo tribunal, por unanimidad, cerró su año con un fallo de alto impacto político: ordenó una medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires y hasta que se resuelva la discusión de fondo, mientras dure el juicio, los ministros de la Corte Suprema ordenaron que el Estado nacional “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos” coparticipables (la Ciudad reclama el 3,5%).

También dispusieron que las transferencias correspondientes se realizarán “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

Además, le ordenaron al Estado nacional que, “durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606, que fue la norma con la que hace dos años se formalizó el recorte y se hacía un nuevo cálculo de lo que le correspondía a la ciudad por el traspaso de la policía.

Como consecuencia, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció por la tarde que eliminará el impuesto a las compras con tarjeta de crédito, un tributo que impuso tras el recorte de fondos. También comunicó que reducirá del 8% al 2,85% la tasa de Ingresos Brutos sobre los instrumentos financieros. “El Presidente decidió quitarle a la ciudad un monto equivalente al sueldo de todos nuestros docentes”, dijo ayer Rodríguez Larreta.

El fallo de la Corte generó la reacción del presidente Alberto Fernández, que convocó a los gobernadores para enfrentar la decisión del máximo tribunal.

Ayer, el kirchnerista Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, dijo que “el Presidente debe desconocer el fallo” de la Corte Suprema de Justicia, en un virtual llamado al enfrentamiento de poderes.

La Corte respondió a los argumentos de los gobernadores en el mismo fallo en su considerando 10. Allí dicen textualmente: “La participación aquí discutida de la ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias” y añade que “los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”.

La Corte Suprema de Justicia consideró que el pedido de Rodríguez Larreta es verosímil y urgente porque el paso del tiempo conspira contra su reclamo. A su vez dijo que tomó la decisión de conceder la medida cautelar por la verosimilitud en el derecho invocado por la ciudad de Buenos Aires y por la necesidad de atenuar, durante el curso del proceso, la alteración sobre los recursos de “servicios y bienes públicos que provee a su población”.

En su fallo, la Corte Suprema hizo un repaso de la historia de la ciudad de Buenos Aires desde que era un municipio hasta la actualidad, como ciudad autónoma, luego de la reforma constitucional de 1994. Dijo que aún no tiene autonomía financiera porque no se dictó una nueva ley de coparticipación federal.

Por eso sus fondos dependen de lo que le gire la Nación en consonancia con las transferencias de competencias, servicios o funciones que se dan mediante acuerdos entre el Estado nacional y el porteño.

También argumentó que estas decisiones deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones. Es decir, no unilateralmente.

La Corte Suprema destacó que “los recursos de las provincias y sus competencias propias no se ven en absoluto involucrados, pues la cuota de la ciudad se conforma únicamente con los fondos coparticipados de la Nación”.

Para los jueces, una vez que se transfieren competencias no se puede “reducir unilateralmente” el nivel de los recursos comprometidos para la financiación de ese gasto por parte de la Nación.

En otras palabras, no se puede transferir la policía a la ciudad y después dejarla sin fondos para pagar los sueldos.

La Ciudad no podría abandonar el servicio de seguridad pública porque “se trata de una prestación esencial”.

El tema de fondo

La decisión de ayer fue solo una medida cautelar y la Corte Suprema ahora debe fallar sobre el fondo del caso. El conflicto se generó luego de que el expresidente Mauricio Macri dispuso, en enero de 2016, aumentar los recursos federales que recibía la ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje, durante el macrismo, bajó luego al 3,5%.

El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, policías bonaerenses rodearon la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo y Alberto Fernández se lo concedió.

Para eso, firmó el decreto 735/2020, que le quitó fondos coparticipables a la ciudad y se los dio a la provincia de Buenos Aires.

Más tarde, ese mismo año, el Con- greso aprobó una ley que aumentaba la quita, y dejó la coparticipación de la ciudad en 2,32%.

De esa forma le quitó 1,18% de la masa coparticipable.

Ahora, la Corte le está restituyendo un 0,63% hasta que se defina la cuestión.

Ese porcentaje equivale, a valores de las últimas cifras de la coparticipación, a unos 4200 millones de pesos por mes. Por el recorte, el gobierno porteño informó que dejó de percibir, lo largo de todo 2021, 83.000 millones de pesos, que hubiera recibido de seguir aplicándose lo dispuesto durante el macrismo.

Frente al reclamo porteño, el gobierno nacional defendió el recorte. Sostuvo que los recursos que Macri le había entregado a la ciudad de Buenos Aires excedían los necesarios, pero ese número todavía está en discusión.ß