Sábado 10 - Por Francisco
Jueguen - La letra chica del acuerdo de intercambio automático de información
financiera sellado entre la Argentina y EE.UU. se desconoce. Las partes
decidieron aún no difundirlo. Sin detalles, pero con base en tratados similares
firmados en el pasado reciente con otros países, tributaristas y abogados
especialistas en impuestos afirman que los datos provenientes del país que
conduce Joe Biden tardarán en llegar, y que el alcance y la profundidad de la
información recibida será acotada.
Incluso, expertos aseguraron a la nacion que existe una “operación
susto”, con la intención de infundir miedo que sirva de motor al blanqueo que
el Ministerio de Economía buscará tener vigente desde comienzos del año que
viene.
Los especialistas dicen que la información recién podría llegar en 2024,
que no incluirá datos sobre sociedades extranjeras en EE.UU., que no podrá
sumar al W8 (el formulario que firman los argentinos en los bancos y que las
entidades requieren para establecer qué retenciones impositivas deben
realizar), y que no confían en que los 1042-S (declaración informativa que
presentan las instituciones financieras y declaran la renta de fuente
norpasivas, teamericana recibida por no residentes) llegue de manera masiva a
la AFIP. Estiman que de este último formulario, cuyos datos sí tiene la IRS,
llegarán casos puntuales.
El miércoles pasado, el titular de la Aduana y hombre clave del equipo
de Sergio Massa en temas tributarios, Guillermo Michel, afirmó en una
entrevista con Alejandro Fantino que el intercambio de información firmado el
lunes pasado en el CCK incluye a todos los estados, también Delaware y Dakota
del Sur, y que contempla la información del W8 que tienen los bancos americanos
y los 1042-S. Incluso afirmó que esto ya estaría provocando movimientos en las
entidades americanas.
“Están asustando y con mentiras”, afirmó a este medio Nicolás de la
Plaza, CEO de ZBL, para quien EE.UU. firma esta clase de acuerdos (Iga1fatca)
por dos motivos, uno técnico (obtener la información financiera de ciudadanos
americanos en otros países) y otro político, que tiene que ver con futuras
inversiones, en este caso –cree– en Vaca Muerta.
“No hay forma de llegar a beneficiarios finales”, estimó De la Plaza.
Esto es algo que también intentó instalar el Gobierno en las últimas semanas.
“Los IGA son muy claros, hablan de account holders. La información que llega es
solo del 1042. Lo del W8 es una falsedad absoluta. Nunca pasó en tratados de
IGA1 y todos son exactamente iguales. Los 1042 se reportan eventualmente y no
de manea automática”, agregó y explicó que, en el acuerdo con OCDE-CRS, sí se
reportan beneficiarios finales. EE.UU. no firmó ese tratado. Según De la Plaza,
Fatca no habla de sociedades, ni de estructuras societarias, ni cuentas
corporativas.
“Nunca hubo reporte automático y masivo de todas las cuentas de
extranjeros en el país”, afirmó el experto sobre los 113 acuerdos cerrados por
EE.UU. Recalcó además que ese país no tiene los recursos humanos para tal
operación.
“Esto puede afectar a personas físicas o sociedades de argentinos no
extranjeras de manera limitada”, coincidió el abogado especializado en
planificación patrimonial, Martín Litwak. “Tampoco va a ser algo inmediato. Sí,
es un cambio de reglas para quienes tienen dinero afuera, sobre todo a nivel
personal. Pero no le cambia la vida a la gente en este momento. Me animaría a
decir que el primer intercambio podría llegar recién en septiembre de 2024”,
auguró el experto.
“Hay información que, recién en un par de años, va a tener el Fincen
[Red de Control de Delitos Financieros de los EE.UU.]. Es claro que hay errores
o mala intención del Gobierno cuando explica el alcance. Las sociedades no
están incluidas [en el intercambio] bajo ningún concepto. Sí, las cuentas
personales de personas físicas y, con el tratado de 2016, intereses o
dividendos, que pueden ser punta de ovillo para encontrar una cuenta no
declarada”, agregó Litwak.
“El W8 es una declaración personal del cliente para los bancos. Los
intercambios están basados en el 1042. Esa es la información que tiene el IRS.
Llegan intereses y dividendos de manera agregada. Hay países que recibieron
información, pero mucho más limitada y de manera más lenta de lo que el
Gobierno quiere hacer ver. Ni el IRS ni las autoridades fiscales de los estados
tienen recursos para procesar información masiva”, coincidió Litwak y cerró:
“Si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué el Gobierno lo oculta? Usan esto para
asustar a la gente de cara al blanqueo”.
“Aún no se conoce la letra chica”, recalcó también Martín Caranta, socio
del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. “No se sabe bien qué se firmó. Hay un
modelo que publica la Secretaría del Tesoro de los EE.UU., pero está sujeto a
cuestiones particulares entre países. Puede ser que se conozca, vía Fatca, algo
sobre las cuentas de sociedades LLC u otras con rentas pero siempre de
sociedades radicadas en EE.UU. y no en el exterior”, aclaró el tributarista.
“Hay que precisar la reciprocidad que implica exactamente el acuerdo,
básicamente si se envía la misma información que se recibe. Generalmente, ellos
envían algo más acotado”, dijo Caranta, que señaló que es habitual que estos
acuerdos vengan atados a una exteriorización de capitales (blanqueo). “En este
caso, está claro que la Argentina tiene una necesidad de divisas. No es casual.
Parecería que se trata de crear el medio o motivar a los contribuyentes”,
completó.
“Existen importantes limitaciones, ya que este tipo de intercambio
EE.UU. lo aplica de manera muy asimétrica”, afirmó Diego Fraga, abogado
especialista en impuestos. “Falta cumplir algunas etapas técnicas y políticas
no menores para que EE.UU. empiece a enviar datos automáticamente. Una vez
superados estos obstáculos, los datos que llegarían son de cuentas de personas
humanas, no sociedades, a las que se les paguen US$10 o más de intereses o
dividendos”, dijo.
El experto señaló que, si bien habrá que esperar la letra chica del
acuerdo suscripto con la Argentina, no parece posible, según el esquema de
intercambio que aplica actualmente EE.UU., que se acceda a cuentas que no se
encuentren en cabeza de una persona humana. Sobre las versiones oficiales de
que se accederá a la información del W8, Fraga dijo: “Son formularios que se
firman con la apertura de cuentas financieras en EE.UU., pero no es la
información que el IRS suela enviar automáticamente a otros países. Las
declaraciones parecen más orientadas a infundir terror y a estimular
regularizaciones”.
“No tengo dudas”, dice Fraga cuando se lo consulta sobre si el Gobierno
busca asustar a los contribuyentes. “Pero existen obstáculos no menores, ya que
para la aprobación de un nuevo blanqueo se necesita el apoyo de la oposición.
Las amnistías fiscales son recursos que suelen usar los nuevos gobiernos para
recaudar, por lo que no creo que, ante la posibilidad concreta de acceder en
breve al poder, la oposición le regale a un gobierno en retirada tan valioso
recurso. Y más allá del miedo que pueda instalarse desde el Gobierno, para que
una amnistía fiscal sea medianamente exitosa, es necesario recrear cierta
confianza en el país y sus instituciones, algo que no parece posible, sobre
todo si se tiene en cuenta la alarmante inseguridad jurídica tributaria que
introdujo la coalición gobernante durante todo su mandato”.
De la Plaza incluso se animó a hacer un cálculo. “Si el número de
US$100.000 millones es verdad, si con algunas notas asustan a 10% se trata de
US$10.000 millones, al 35% a dólar oficial son US$2000 millones en menos de un
mes. Es un negocio perfecto, pero literalmente es un flagelo lo que están
haciendo”, dijo el experto y cerró: “Es una humillación que se haya firmado y
que no lo hayan difundido. Si el acuerdo es tan bueno que logra el acceso
masivo antes de fin de año a esas cuentas, yo ya hubiera empapelado toda la
ciudad con el acuerdo y no aparece ni el borrador”. ß |