Por Carlos Burgueño - Una vez terminada la revisión de los números y porcentajes del tercer trimestre del año, se supone que exitosamente, el equipo económico presente en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) de Washington intentará que los delegados del organismo acepten discutir el capítulo más importante que tiene en carpeta el equipo de Sergio Massa. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y los hombres del Palacio de Hacienda quieren saber si desde el FMI se revisaron los números sobre el costo que la invasión de Rusia a Ucrania en los precios de importación de combustibles; un dato fundamental para que las dos partes planifiquen el ejercicio 2023.

La discusión es más que importante. Según el número en el que se pongan de acuerdo el Fondo y Argentina, será el alivio que el país podrá tener el próximo año en cuanto a la necesidad de reservas y el requerimiento de superávit comercial. La hipótesis de máxima que se maneja en Buenos Aires es que el dinero en cuestión podría ser aportado por el propio FMI durante 2023 a través de los Derechos Especiales de Giro (DEG); dinero que iría directamente a las reservas. Y cuanto antes haya acuerdo, antes llegarán los dólares al Banco Central. Por esto Argentina quiere que el debate se dé pronto.

El tema ya había sido tratado en la cumbre del G20 de Bali de comienzos de noviembre de 2022, en la reunión que el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa mantuvieron cara a cara con Kristalina Georgieva y Gita Gopinath. La directora gerente y su número dos abrieron la discusión reconociendo que deberá haber algún tipo de recompensa por el costo extra que hubo para las cuentas nacionales (y de todo el mundo), por el encarecimiento del precio de los combustibles a partir de la guerra en Ucrania; pero pusieron como punto de partida cumplir en 2022 con el Facilidades Extendidas. Algo que la gente de Massa en Washington está garantizando en estos mismos días.

El ministro de Economía le había entregado en Bali un “paper” elaborado por Rubinstein y el encargado de la relación con los organismos financieros internacionales, Marco Lavagna, donde se recordaba que “el valor de las importaciones de combustible aumentó a u$s5.756 millones, cuando el valor proyectado antes de la guerra era de 1.999 millones” de esa divisa. “Esto significó un aumento neto de u$s3.757 millones”, mientras que “las exportaciones netas del complejo agroexportador estuvieron u$s617 millones por encima de las proyectadas antes de la guerra”. Sin embargo, “el costo de envío de las exportaciones sufrió un aumento de u$s1.800 millones con respecto a los pronósticos anteriores a la guerra”.

Argentina sostenía que durante los meses de invierno “la balanza energética fue significativamente negativa, lo que dio como resultado una balanza comercial negativa a raíz de las importaciones de energía” y provocó “un aumento exponencial del déficit del sector energético en la balanza comercial respecto a los meses de invierno de 2021”. El trabajo ubicaba el costo en unos u$s4.246 millones. Si bien no lo hablaron públicamente, Georgieva y Gopinath calculan el monto en un nivel sensiblemente menor. Por debajo de los u$s3.000 millones. La diferencia de algo más de u$s1.000 millones, confían en el lado argentino, no es tan grande como para que no haya acuerdo.