Los dueños de las principales empresas argentinas, reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), aseguraron que el impuesto a la riqueza “afecta la propiedad privada y descapitaliza a las compañías”.

Por medio de un comunicado, la asociación expresó su “desacuerdo total” con el proyecto de Ley ‘Aporte Solidario y Extraordinario…”. Esta semana, otras entidades, como la Unión Industrial Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial y las entidades del campo, entre otras, también hicieron duras críticas al proyecto que tiene media sanción de Diputados.

 “El proyecto genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales. El proyecto afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de Bienes Personales. Incrementa así muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio”, destacó la entidad que preside Jaime Campos.

“Debe tenerse en cuenta que la suma de los gravámenes sobre los activos podría alcanzar una tasa de hasta el 7,5%, la que se calcula sin considerar las deudas que pudiesen integrar el patrimonio del contribuyente”, agregaron.

También se destacó que no se diferencia entre activos dedicados a producir de otros activos, algo que “afectará negativamente al sector empresario, con lo cual, se profundizarán los problemas que, agravados por la pandemia, soporta desde hace muchos años la economía argentina”.

“Argentina necesita imperiosamente retomar la senda del desarrollo económico sostenido que ha dejado atrás hace muchas décadas. El sector privado es el actor decisivo para hacerlo posible, por cuanto tiene la capacidad de obtener las divisas que permiten hacer mover la economía, generar empleos y realizar las inversiones productivas vitales para el crecimiento”, finaliza el texto de la entidad.

A comienzos de este mes, la mesa chica de AEA se reunió con Martín Guzmán, ministro de Economía. Campos y los vicepresidentes de la asociación, Paolo Rocca, de Organización Techint; Héctor Magnetto, de Grupo Clarín; Carlos Miguens, del Grupo Miguens; Federico Braun, de La Anónima; Alfredo Coto, de Supermercados Coto; María Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; Alberto Grimoldi, de Grimoldi S.A. y Enrique Cristofani, del Banco Santander, manifestaron que debe ser una prioridad cerrar sin demoras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la necesidad de que en la Argentina se alcancen consensos sólidos para lograr una salida a la crisis.

El 30 de septiembre, en tanto, había mantenido un encuentro virtual con Miguel Pesce, presidente del Banco Central, y Infobae adelantó día atrás que los empresarios preparan un nuevo encuentro y otro documento conjunto con la Confederación General del Trabajo (CGT). “Mirará hacia el futuro y será como una hora de ruta que propondrá hacia dónde tendría que ir la Argentina, sin alusiones a lo que está pasando hoy porque sería quedarnos en el fango”, se detalló.

Esta tarde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reiteró también su preocupación por una “nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada”.

“Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo impuesto, deberían buscarse alternativas superadoras, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social del conjunto de la Nación. Esto podría incluir la reducción de ineficiencias varias en materia de gasto público, el combate a la informalidad e, incluso, en la crítica coyuntura actual, un ‘empréstito patriótico’, en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos para asegurar su recuperabilidad para los inversores”, pidieron.

El pedido de la UIA

Ayer, luego de la votación en Diputados, la Unión Industrial Argentina (UIA) les pidió a los senadores que hagan cambios al proyecto.

“La Unión Industrial Argentina manifiesta desacuerdo y preocupación en relación al proyecto de ley que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados. El tratamiento del proyecto en el recinto no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes”, aseguró la entidad que preside Miguel Acevedo.

Los pedidos de cambios a los senadores fueron:

- Excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles).

- Permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.

- Incorporar exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)

- Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

La CAC también sugirió hoy más cambios para el Senado, como subir la suma exenta a un monto de entre $280 y $300 millones, por la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses, eliminar las normas propias sobre residencia, reducir las alícuotas aplicables y que el pago sea en un plan de cuotas no menor a 12 mensualidades, entre otros.