En un comunicado que emitió esta tarde, la Unión Industrial Argentina (UIA) les pidió a los senadores que hagan cambios al proyecto que se aprobó esta madrugada en la Cámara Baja y que el oficialismo buscará aprobar la semana próxima. La entidad volvió a criticar duramente oficialmente llamado “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia”.

“La Unión Industrial Argentina manifiesta desacuerdo y preocupación en relación al proyecto de ley que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados. El tratamiento del proyecto en el recinto no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes”, asegura la entidad que preside Miguel Acevedo.

Inmediatamente hablan de la “importancia de que el Senado de la Nación incorpore una visión productivista al tratamiento del proyecto en cuestión”. Y piden los siguientes cambios:

- Excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluido todo tipo de inmuebles).

- Permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año.

- Incorporar exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)

- Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

LA UIA destacó que “el proyecto afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente”, y detalló en el comunicado cada punto.

 “Confiscatoriedad, porque grava la misma base imponible que el impuesto a los bienes personales (con el agravante que no admite las exenciones de aquel tributo). Capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos. Retroactividad de la condición de residente, porque este tributo alcanzará a los residentes al 31/12/2019 aunque hayan perdido dicha condición durante este año”, detallaron.

Finalmente, la entidad fabril destacó que em medio de la una “crisis de escala global”, este proyecto va a profundizar los problemas e impedir emprender el camino de la recuperación sostenida. “Más que gravar los recursos que se destinan a la inversión, Argentina necesita potenciarlos desde una mirada integral y de largo plazo”, expresaron.

Casi en paralelo con el comunicado, y mientras se anunciaba el aumento de 5% a los jubilados en diciembre, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le respondió a la UIA. Cuando le consultaron por las críticas de la entidad, aseguró: “Es un proyecto que se debatió y que fue anunciado a principios del año legislativo. Los aportes se tendrían que haber hecho en su momento. Muchas de las ideas que fueron apareciendo fueron incorporadas a la letra definitiva que se aprobó ayer y que ahora ya está en trámite legislativo. Estamos en un momento extraordinario y consideramos que en momentos extraordinarios un aporte extraordinario nos hace mejor como sociedad”.

Más críticas

En las últimas semanas el sector empresarial casi por completo se manifestó en contra del proyecto que impulsaron Carlos Heller y Máximo Kirchner.

El lunes pasado, antes de la votación en Diputados, el Foro de Convergencia Empresarial expresó su “gran preocupación” por el avance y lo definió como “dislate”.

“Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso, y que, cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos”, afirmó en comunicado el Foro que representa a más de 80 entidades empresarias, profesionales, fundaciones y ONGs.

“El dislate de este impuesto es tan evidente, que sorprende su sola discusión. .Se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional”, explicó la entidad que encabeza Miguel Blanco, presidente además de Swiss Medical.

Ese mismo lunes, en una entrevista a Infobae, Jorge Brito, presidente de Banco Macro, aseguró que “el impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto”.