Por Martín Kanenguiser - El ministro de Economía, Martín Guzmán, apunta a seguir ordenando el terreno fiscal y monetario en forma gradual para pasar un verano tranquilo con recursos adicionales de los bancos multilaterales y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el anuncio de ayer, consistente en que el Tesoro no le pedirá más dinero al Banco Central en concepto de adelantos transitorios, es otro ejemplo que va en el mismo sentido que las medidas que se adoptaron en las últimas dos semanas. De todos modos, el Gobierno puede usar todavía 400.000 millones de pesos por las utilidades del BCRA.

El comunicado de Economía acompaña la decisión del Gobierno de descongelar las tarifas de los servicios públicos y las cuotas de la medicina prepaga. Este camino fue transmitido por Guzmán ante los principales empresarios del país.

En cambio, parece a contramano la decisión del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas de prorrogar hasta fines de enero próximo el programa de “Precios Máximos”, pese a que las empresas ya le avisaron en voz alta al Gobierno que hay problemas de abastecimiento para reponer insumos, cuando la demanda empieza a dar señales de repunte.

“Se está ordenando la macro”, indicaron calificadas fuentes oficiales, seguras de que Guzmán ganó un crédito adicional para poder negociar con el Fondo luego de haber logrado, con intervención en el mercado, que bajara el dólar financiero la semana pasada. “Muy despacio y por las piedras claramente se busca converger hacia equilibrios fiscales más temprano que tarde”, explicaron.

Guzmán, agregaron, siempre tuvo en claro que la “la híper emisión forzada por la pandemia tiene que ser controlada para evitar desbordes indeseables, pero en el punto más duro de la cuarentena eso era imposible”.

Este ordenamiento –que todavía no tiene su correlato en otras áreas del Gobierno, donde predomina la dispersión de ideas respecto de la propiedad privada, entre otros aspectos clave– podría generar un aumento del flujo por parte de los bancos multilaterales más que del propio FMI.

“Ellos pueden pedir condicionalidades, pero saben que no son ajenos a cualquier mal desenlace que pueda haber, sobre todo después de haber errado tanto con el programa del 2018. Eso lo aprendieron”, aclaró un funcionario.

Por un lado, pese a las versiones que corrieron estos días, no es posible resucitar el crédito acordado por la gestión de Mauricio Macri –que tenía por desembolsar casi USD 13.000 millones– porque el Gobierno ya lo canceló formalmente, aclararon fuentes al tanto de la relación bilateral.

Por el otro, si hubiera un acuerdo rápido con el Fondo –al menos más rápido que lo que se pensó originalmente, entre enero y febrero– el organismo podría aportar un monto ligeramente superior al que destinará para que la Argentina repague su deuda de 44.000 millones de dólares.

Pero la firma de este acuerdo –que para el equipo de Guzmán sería importante que el Congreso debatiera en las sesiones extraordinarias antes de fin de año– podría gatillar más recursos por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En este sentido, el Gobierno sabe que cualquier gesto que haga el FMI será muy trascendente –aunque no completamente determinante– para el directorio de las otras dos entidades financieras de Washington, con las que mejoró mucho la comunicación durante la pandemia.

La intención de estos tres organismos es trabajar en forma integral y, si el Fondo pidiera una señal, tal vez la respuesta sería positiva.

El Banco Mundial que conduce David Malpass ya aprobó créditos por USD 6.146 millones en 22 proyectos focalizados en políticas de salud, medio ambiente, educación, infraestructura, mercado laboral y protección social. De ese monto, restan desembolsar 2.500 millones de dólares, que se podrían reasignar si el Gobierno lo solicita y se cumplen los criterios del banco.

En el caso del BID, el nuevo presidente, Mauricio Claver-Carone, ya planteó ciertos límites para aumentar su exposición en la Argentina, en parte porque está a la espera de un aumento de la capitalización del banco que prometió obtener durante su campaña electoral.

La cartera activa del BID con el sector público es de 54 operaciones por USD 9.206,4 millones, con un saldo por desembolsar de USD 3.874,7 millones, que se encuentra distribuida del siguiente modo: 61% en proyectos dirigidos a promover el crecimiento y la competitividad (transporte, energía, ciencia y tecnología, desarrollo rural y agropecuario, turismo), 28% promueven el desarrollo social (agua potable y saneamiento, educación, salud, desarrollo social y desarrollo urbano) y un 11% la mejor gobernabilidad (modernización del aparato del estado, gestión fiscal, seguridad ciudadana).

Economía da por descontado este aumento de fondos del exterior. “Los bancos multilaterales aportarían créditos para infraestructura y otras áreas críticas; hay que recordar que en el presupuesto 2021 se duplica la inversión en ese rubro, de 1,1 a 2.2% del PBI”, destacaron las fuentes oficiales.

Cautela en Washington

Mientras tanto, en Washington hay más cautela. El Fondo todavía no emitió señales desde que su titular, Kristalina Georgieva, expresara su apoyo a la decisión de Guzmán de desandar parcialmente el “súper control de cambios” implementado por el Banco Central el 15 de septiembre.

Por ahora, se limitó a confirmar que una misión llegará a mediados de este mes para negociar un nuevo acuerdo, aunque las fechas podrían complicarse por el festejo del Día de Acción de Gracias, tan trascendente en Estados Unidos.

Sin embargo, fuentes cercanas al organismo expresaron que no será nada sencillo llegar a un acuerdo rápido como el que pretende el Gobierno para pasar el verano, hasta que empiece la temporada alta de liquidación de divisas por parte del campo en abril.

“El plan fiscal que tienen se financia demasiado con el Banco Central. Debe haber un programa monetario consistente con menor inflación, que hoy esta reprimida por tarifas congeladas y tipo de cambio que se devalúa menos de lo necesario”, afirmó un ex funcionario del organismo que dialoga en forma casi cotidiana con el staff.

En cualquier caso, para algunos analistas es importante que el Gobierno “se haya asustado” con la muy fuerte suba del dólar libre en octubre y se haya decidido a dar un giro, aunque sea leve. Para comprobar si hay consistencia de mediano plazo, faltan muchos pasos, aclaran. Pero por algo se empieza. El miedo, en este caso, puede que haya sido un buen consejero.