La declaración conjunta de los grupos Ad Hoc, Exchange Bondholders y Argentina Creditor Committee sostiene que en la reestructuración de la deuda externa de Argentina que cerró hace apenas un mes, “los acreedores se unieron para proporcionar u$s 37.000 millones en alivio de flujo de efectivo y aceptaron una gran pérdida de valor para allanar el camino del país hacia la recuperación de una profunda recesión y la pandemia de Covid-19”.

El documento argumenta que Argentina insistió en negociar la reestructuración de su deuda comercial antes de elaborar un plan económico detallado y acordar un nuevo programa del FMI. Y agrega que “los tenedores de bonos preguntaron muchas veces durante las discusiones de reestructuración sobre la especificidad de un programa económico y expresaron su preocupación por lo que sucedería el día después del canje” de los títulos.

Los bonistas afirman que “en respuesta, el ministro (de Economía, Martín) Guzmán se negó asiduamente a proporcionar parámetros específicos de una agenda económica a los acreedores, insistiendo simplemente en que la sostenibilidad fiscal y la reconstrucción de las reservas internacionales eran sus objetivos firmes”.

“Lamentablemente, hasta ahora, las preocupaciones de los acreedores han demostrado estar bien ubicadas. Las autoridades económicas de la Argentina no solo no han logrado restablecer la confianza, sino que las medidas políticas adoptadas inmediatamente después de la reestructuración de la deuda han empeorado drásticamente la crisis económica del país”, señalan los acreedores.

Peligro

Al respecto, se critica la política llevada adelante por el gobierno argentino al señalar que “en lugar de permitir que los precios alcancen el equilibrio y estimulen la actividad económica deseada, el Banco Central ha reforzado una política cambiaria que promueve las importaciones, desalienta las exportaciones y ha agotado las reservas a un nivel peligroso”. Y diagnostica que “la brecha resultante de más del 100% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo garantiza virtualmente que las reservas no se puedan reconstruir, un caso clásico de dinero poco sólido que expulsa dinero sólido”.

También cuestionan las medidas adoptadas para obligar a prestatarios argentinos que son solventes a reestructurar sus deudas, decisiones que, entienden, “han socavado la confianza básica en la inviolabilidad de los contratos”. “Al transmitir el mensaje de que incluso las deudas sostenibles no se reembolsarán, las autoridades argentinas han alarmado a muchos acreedores, que se preguntan si sus sacrificios para proporcionar una estructura de deuda que Argentina es capaz de atender fueron esencialmente insignificantes frente a un prestatario que simplemente puede no estar dispuesto a pagar”.

Los clubes de deudores afirman, además que “la estabilidad macroeconómica parece ser un espejismo en constante retroceso. Las exigencias fiscales y monetarias de 2020 son quizás comprensibles, pero está claro que la intención de tener un déficit primario de 4.5% y un déficit general de 6% en 2021, financiado con la impresión de pesos, es tan dañina para la confianza tanto interna como externa, que resulta contraproducente”.

Advierten además que “sin anclas políticas evidentes y una aparente falta de voluntad para tomar decisiones difíciles, la formulación de políticas económicas de Argentina socava la recuperación post-Covid-19”. En este sentido, se considera que “si bien el gobierno se niega a decir nada sobre sus objetivos monetarios o fiscales para 2022 o más allá, los mercados deben asumir lo peor y extrapolar a partir de 2021.”

Los bonistas aseguran que como resultado, los precios de los eurobonos son más bajos que después de las elecciones de PASO el año pasado. En efecto, los títulos argentinos reestructurados sufrieron caídas de 30% y hoy son considerados los más riesgosos después de Sri Lanka.

En este contexto, los acreedores sostienen que “ya no es plausible que el gobierno de Argentina culpe de sus problemas al legado económico que heredó. Después de casi un año en el cargo, el gobierno argentino aún tiene que ofrecer una visión económica coherente y sostenible a la sociedad argentina y a los mercados”.

Concluye afirmando que “es necesario romper este círculo vicioso. El gobierno de Argentina enfrenta tiempos difíciles y compensaciones. Los acreedores ya han desempeñado su papel, brindando una oportunidad histórica a Argentina para comenzar de nuevo. Ahora le toca a Argentina y al FMI pagar los suyos”.