Por Paz Rodríguez Niell - En un giro que la oposición asoció con la búsqueda de impunidad, la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo y tiene a cargo Félix Crous, resolvió que ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos.

Hasta ahora, la OA era querellante en 32 causas: cuatro contra integrantes de la gestión de Carlos Menem y 28 contra exfuncionarios del kirchnerismo. Seis de esos casos tienen a Cristina Kirchner como acusada. Durante el macrismo, la OA, encabezada por Laura Alonso, había tenido un papel muy activo como acusadora en los expedientes que tramitaban en los tribunales de Comodoro Py.

Crous aseguró que la decisión fue conversada con el presidente Alberto Fernández. La oposición cuestionó la medida. “Saluden a la impunidad, que llegó para quedarse”, dijo Alonso. “Tenemos a los abogados ocupados en expedientes que no tienen vida”, afirmó, por su lado, Crous.

La Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos. Así lo dispuso su titular, Félix Crous, que firmó una resolución que disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de todo su personal.

Hasta ahora, la OA era querellante en 32 causas: cuatro contra exfuncionarios de la gestión de Carlos Menem (incluido el caso sobresueldos, en el que Menem fue condenado) y 28 contra exfuncionarios del kirchnerismo. Seis de esos casos tienen a Cristina Kirchner como acusada. Durante el macrismo, la OA, encabezada por Laura Alonso, había tenido un papel muy activo como acusadora en los expedientes que tramitaban en los tribunales de Comodoro Py contra el kirchnerismo. Desde que asumió su cargo, Crous anunció que planeaba darle otro perfil al organismo, concentrado en “el rol preventivo”, para “generar condiciones para que los hechos de corrupción no ocurran”. Sostuvo que esa es la misión central que la ley le asigna a la OA y que la OCDE, en un análisis de la situación argentina, recomendó profundizar. En mayo pasado, el organismo dio un primer paso muy simbólico: abandonó su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera.

Quien tiene el rol de querellante en una investigación actúa como acusador, en paralelo con la fiscalía. Tiene acceso al expediente y puede proponer medidas de prueba y recurrir las decisiones judiciales.

Ayer, Crous dijo que está “reper-filando” la OA “de acuerdo con lo planificado”. “Es mi mirada y es lo que hablé con el Presidente”, afirmó, en una conferencia organizada por el estudio Marval, O’farrell y Mairal, en la que explicó que está tratando de convertir a la OA en “un motor de políticas públicas, dejando paulatinamente el rol de litigio”. En su resolución, Crous sostuvo que el Ministerio Público Fiscal –con su organismo específico de persecución de la corrupción, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)– es quien debe oficiar de acusador en las causas penales y que es “redundante” que lo haga también la OA, que tiene recursos acotados. Con esos argumentos, dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Litigio Estratégico. Sin embargo, la OA no dejará todas las causas de inmediato. En aquellas donde está tramitando el juicio, el plan es seguir interviniendo hasta el momento de los alegatos, y en aquellas donde se esté produciendo prueba que haya sido solicitada por la OA como querellante, hasta que esa prueba esté producida.

En la misma resolución, Crous ordenó poner “a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación los antecedentes [que tiene la oficina] relativos a esos procesos” el los que la OA ya no intervendrá. “Estoy ordenando el abandono de las querellas. Tengo una planilla de Excel con las causas en las que interveníamos. Es una naturaleza muerta esa planilla”, dijo Crous en la conferencia. “Tenemos a los abogados ocupados en expedientes que no tienen vida”, afirmó.

Pero en paralelo con algunas causas muy antiguas, como el caso Thales Spectrum, del menemismo (declarado prescripto y a la espera de una definición de la Casación), la OA intervenía hasta ahora como querellante en causas de alto voltaje político, como el caso de los cuadernos de la corrupción, los expedientes de Odebrecht, la causa por la tragedia de Once, la megacausa por lavado de dinero contra Lázaro Báez (conocido como la ruta del dinero K), el caso Vialidad –que motivó el primer juicio oral contra Cristina Kirchner– y otras más antiguas, como el caso sobresueldos, contra Carlos Menem. La decisión de Crous fue criticada hoy por la oposición. “Saluden a la impunidad que llegó para quedarse”, dijo Laura Alonso. De los 32 expedientes donde la OA es querellante, 21 se iniciaron durante su gestión al frente de la OA. En el Gobierno le contestaron que ella había desistido de 44 querellas. Según el macrismo, esas sí eran viejas denuncias que no tenían destino.

El proceso de abandono de las querellas en la gestión Crous ya había dado otro paso este año, cuando la OA dejó su rol de acusadora contra el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en el presunto enriquecimiento ilícito. Como la OA era la única que había apelado el sobreseimiento de Echegaray, el fallo a favor del exfuncionario quedó firme y el caso se cerró.

La oposición cuestionó con dureza la decisión de Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, para que el organismo deje de intervenir como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos.

A pocas horas de darse a conocer la noticia, los referentes de Juntos por el Cambio (JXC) hicieron pública su disconformidad con la medida, a través de las redes sociales. “Saluden a la impunidad, que llegó para quedarse. ¿Esta vez Alberto Fernández también se entera por los medios?”, ironizó Laura Alonso, extitular de la OA durante el gobierno de Mauricio Macri.

Alonso defendió su gestión y acusó a la Casa Rosada de haber “desmantelado” el equipo de especialistas que trabajaba en la OA. “Soportamos cuatro años de insultos, falsas denuncias, difamaciones, mentiras, pero nunca antes la OA había hecho tanto por prevenir e investigar la corrupción. Dejamos un equipo funcionando y lo desmantelaron”, sostuvo.

Patricia Bullrich, presidenta de Pro, publicó un texto en las redes sociales con el título “¿La Oficina Corrupción o la Argentina antitransparencia?”. En este aseguró que “el Gobierno sigue adelante, sin pausa, en el camino a la impunidad”, y lamentó “lo difícil que es acercarse al Presidente” para aportar a su gestión.

“La voluntad de colaborar siempre está, pero en los temas que la sociedad necesita resolver de forma urgente. Para consagrar la impunidad de los funcionarios, no cuenten conmigo”, afirmó.

“Que la OA deje de ser querellante en las causas de corrupción en un gobierno kirchnerista no debería asombrarnos”, señaló Alfredo Cornejo y titular de la UCR.

El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López también manifestó su repudio y apuntó contra la vicepresidenta. “Cuando la Corte tiene que decidir el caso de los tres jueces que intervienen en causas sobre Cristina Kirchner, la Oficina Anticorrupción obscenamente muestra el plan de impunidad”, escribió en Twitter, y agregó: “Nadie se puede hacer el distraído, ni un millón de infectados tapan la agenda de la vice”.

“En vez de gastar millones en Nodio para perseguir la libertad de expresión, propongo que giren esos fondos a la OA y que esta no desista de cumplir su rol de defensa del patrimonio del Estado frente a la corrupción. El Gobierno busca excusas para la impunidad”, concluyó el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, haciendo referencia al dinero destinado al nuevo observatorio de la desinformación.