Por Lara Serra - Mientras el Gobierno procura dar señales al sector privado en medio de la crisis económica y la escasez de dólares, en el Congreso el oficialismo avanza en una batería de iniciativas que inquietan al mundo de los negocios, donde observan que detrás de estos proyectos predomina un sesgo ideológico antiempresario promovido por el kirchnerismo duro.

El impuesto extraordinario a las grandes fortunas, promovido por Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados; el proyecto que restringe la creación de sociedades de acción simplificadas (SAS), impulsado por Oscar Parrilli en el Senado, y la intención, también del kirchnerismo, de ampliar el universo de empresas a las que se pretende prohibir la ayuda económica del Estado por estar vinculadas a empresas radicadas en paraísos fiscales son solo algunas de las iniciativas que generan malestar en el sector privado. A ellas se suma el freno en seco que le impuso el kirchnerismo en el Senado al proyecto que modifica la ley de quiebras, impulsada para evitar el derrumbe generalizado de empresas como consecuencia de la parálisis que impuso la pandemia.

Consciente de la inquietud empresaria, el presidente Fernández recibió en la última semana, de manera reservada, a importantes hombres de negocios con el propósito de llevarles tranquilidad y solicitarles su apoyo a las medidas económicas. Una de las inquietudes que le llevaron los empresarios fue la ley que otorga beneficios fiscales al sector de la economía del conocimiento, actividad que representa el tercer rubro exportador de la economía nacional; sin embargo, el kirchnerismo en el Senado, comandado por Cristina Kirchner, la cajoneó durante cuatro meses. La presión empresaria surtió efecto, aunque relativo: los senadores oficialistas lo debatieron la semana pasada, pero le impusieron cambios al texto con media sanción de la Cámara baja, con lo que se demorará aún más la sanción. No solo eso: el kirchnerismo dispuso fuertes recortes a los beneficios fiscales que recibirán los grandes jugadores del sector. En efecto, el descuento del 60% en el impuesto a las ganancias ya no lo tendrán todas las empresas del rubro –como disponía el texto original–, sino solo las pymes.

“El Estado no puede ser socio bobo de aquellos que ya no lo necesitan y pueden caminar solos –justificó la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti–. A las empresas grandes les estamos dando igual un 20% de descuento de Ganancias, que no lo tiene nadie. No sé a quién representa Cambiemos si se opone”. No solo las grandes empresas del sector de la economía del conocimiento cayeron víctimas del kirchnerismo; también las compañías dedicadas a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) recibieron un duro golpe con el decreto de necesidad y urgencia 690, por el cual el presidente Fernández las declaró servicio esencial y congeló las tarifas de la telefonía fija y celular y de internet y de la TV paga. La medida, que llevaba el sello de Cristina Kirchner, fue rápidamente ratificada por la mayoría kirchnerista en el Senado para blindarla ante un eventual embate judicial.

“Genera incertidumbre y discrecionalidad y atenta contra las inversiones. ¿Con esto incentivamos la inversión de miles de millones que se necesitan para el 5G en la Argentina y cerrar una brecha con el resto del mundo? La respuesta es no”, criticó el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau.

En las empresas predomina el desconcierto ante la ambigüedad que exhibe el Gobierno entre los gestos públicos de apoyo al sector privado y las decisiones en contrario que luego se adoptan. En el Congreso, la oposición intenta –con mayor o menor éxito– resistir las iniciativas más polémicas: lo logró, por caso, con la intención del kirchnerismo de estatizar la empresa Vicentin. Sergio Massa, presidente del cuerpo, pivotea entre la presión que ejercen sus socios kirchneristas y los reclamos del sector empresario, con el que cultiva buen diálogo. Hasta su despacho llegaron las quejas de importantes empresarios sobre el proyecto que pretende gravar las grandes fortunas; el impuesto se aplicaría, por única vez, sobre los patrimonios superiores a los $200 millones y, si bien solo afectaría a las personas humanas, generó un profundo malestar en el mundo de los negocios: sostienen que, así planteado, el gravamen discriminará a empresarios locales y beneficiará a las multinacionales.

No solo los grandes empresarios están en alerta; el sector de los emprendedores también se siente amenazado con el proyecto del senador Parrilli por el cual suspende por 180 días la constitución digital de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), una herramienta creada durante el gobierno de Mauricio Macri con la intención de agilizar los trámites a la hora de abrir una nueva empresa. El principal detractor de esta herramienta es el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen –apoderado legal de los hijos de Cristina Kirchner en Hotesur SA–, quien advirtió que este tipo de sociedades simplificadas escapan del control del Estado y las pone en una situación de desventaja respecto del resto de las sociedades. El proyecto tuvo media sanción en el Senado y la oposición en la Cámara baja ya anticipó su rechazo. “La suspensión de la constitución electrónica de las SAS por 180 días más las nuevas exigencias en torno al capital social, estados contables, garantía de los administradores y objeto social implicarán la burocratización de un tipo societario ágil y la imposición de costos ridículos para quienes están abriéndose camino en un nuevo negocio”, criticó la diputada Claudia Najul, de Juntos por el Cambio. Los reparos opositores dejaron la iniciativa kirchnerista en suspenso. Lo mismo sucedió con el proyecto que prohíbe la ayuda económica del Estado a empresas domiciliadas en paraísos fiscales: la propuesta contaba con el apoyo unánime en la última sesión de la Cámara baja, pero, a último momento y sin consulta previa, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos logró incluir en esa prohibición a las empresas vinculadas a esas firmas offshore.

La reacción indignada de los diputados Jorge Sarghini y Graciela Camaño, de Consenso Federal, obligó a Massa a devolver el proyecto a la comisión. El kirchnerismo debió replegarse, pero promete seguir dando batalla.