Por Hernán Capiello - En su fallo de mayor impacto político en años, la Corte Suprema de Justicia decidió ayer por unanimidad aceptar los recursos de per saltum presentados por los camaristas federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, a quienes el kirchnerismo había resuelto trasladar de sus puestos actuales.

La resolución implica un fuerte revés para el gobierno de Alberto Fernández y para la vicepresidenta Cristina Kirchner, principal impulsora de la ofensiva contra los tres jueces, vinculados con la definición de causas de corrupción que la involucran.

Los ministros del máximo tribunal ordenaron al Consejo de la Magistratura que se abstenga de cubrir las vacantes para reemplazarlos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El impacto se magnificó por lo inesperado. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, había llamado a un acuerdo extraordinario para discutir el tema, pero la Casa Rosada suponía que no había consenso para abrir el recurso. En su voto particular, Rosenkrantz justificó la decisión en que el caso reviste una gravedad institucional “inusitada”. Y añadió: “Esta intervención es el único remedio para evitar el daño a las instituciones”.

Contra todos los pronósticos, la Corte Suprema, por unanimidad, le puso un freno al Gobierno y suspendió los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli al aceptarles un recurso de per saltum. También ordenó al Consejo de la Magistratura que no avanzara en el proceso de cubrir sus vacantes.

El fallo es un revés para el presidente Alberto Fernández y para Cristina Kirchner, que habían fustigado a la Corte, luego de que consiguieron que el Senado les negara un nuevo acuerdo a los jueces que habían investigado o iban a juzgar a la vicepresidenta por corrupción.

Ahora todo ese trámite queda suspendido por esta medida previa tomada por “razones de urgencia”. La Corte le impuso al expediente un trámite exprés, con la suspensión de los plazos habituales, para tomar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de los traslados de estos camaristas. Puede ser en dos o tres semanas, incluso antes.

El fallo fue unánime, aunque el presidente Carlos Rosenkrantz en su propio voto entendió que se estaba frente a un asunto de gravedad institucional que comprometía la república. “Es inocultable entonces que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues en su decisión se encuentra comprometida una institución básica del sistema republicano”, dijo.

El procedimiento indicado en el fallo que firmaron Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda es que en 48 horas corridas el Consejo de la Magistratura fije su postura y que, luego, opine el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Recién entonces, con todos los argumentos sobre la mesa, la Corte tomará una decisión de fondo.

Los jueces comenzaron a las 11 las deliberaciones en un acuerdo extraordinario por Zoom desde sus despachos, excepto la jueza Highton, que estaba en su escritorio particular por precaución. Habían sido convocados por Rosenkrantz la semana pasada.

En su definición, la Corte entendió que debía intervenir de manera extraordinaria. Y señaló que se trataba de responder al reclamo de los camaristas de manera “idónea, oportuna, efectiva y eficaz” para proteger sus derechos. Los persuadió de intervenir el hecho de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal demoraba una decisión. Con el correr de los días, además, el Gobierno había avanzado con otras decisiones que cambiaron el escenario: el Senado les negó un nuevo acuerdo a los camaristas y el Poder Ejecutivo dictó un decreto para devolverlos a los lugares que ocupaban en 2017 y 2018, todo en menos de 24 horas.

Por eso, la Corte entendió que no podía esperar. “Las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores, privándolos de su acceso a la Justicia”, dice el fallo. En otras palabras, si no actuaban ahora, todo iba a ser en vano.

Además, la Corte explicitó que no se trataba de resolver el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sino que estaban en juego problemas que “atañen a la comunidad”. “Está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”, extendieron. Por eso destacaron que el caso de los camaristas, en realidad, se refiere “de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de

los tribunales” y esos mecanismos pretenden “impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley”. Esta frase puede ser leída como una advertencia para el Gobierno, pues alterar los mecanismos que regulan la integración de los tribunales puede hacer que las decisiones no respondan a la Justicia, sino a otros intereses, políticos o privados. Estos procedimientos, dijo la Corte, son los que sustentan “una magistratura independiente e imparcial”, lo que está relacionado con la garantía del “juez natural”, que impide que la gente puede ser juzgada por comisiones especiales o jueces designados a dedo.

En su voto, el juez Rosenkrantz fue más allá en cuanto a las cuestiones constitucionales en juego. Dijo que es un asunto de gravedad institucional “inusitada” y entendió que es un intento de revisar retroactivamente el mecanismo de designación de un número importante de jueces. Rosenkrantz había sido criticado por Fernández la semana pasada. En esa lógica, sostuvo que en la resolución de esta causa “podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales, es decir, el derecho a permanecer en sus empleos mientras dure su buena conducta.