Por Matías Moreno - El conflicto por la toma ilegal de tierras en el conurbano desató una interna en el Frente de Todos por la forma de abordar la problemática, histórica y cada vez más extendida. En los últimos días se evidenciaron roces entre organizaciones sociales aliadas a los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof, como el Movimiento Evita o el espacio de Juan Grabois, y funcionarios e intendentes bonaerenses.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y algunos jefes comunales del conurbano sugieren que hay organizaciones sociales y de izquierda que promueven las usurpaciones. Los referentes populares lo niegan.

Los movimientos tienen un rol en el conflicto. Con presencia en las zonas más vulnerables, muchas veces brindan asistencia a las familias que usurpan predios. Esto ocurre actualmente en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, y otros municipios.

En algunos casos, los movimientos sociales también ofician de intermediarios ante las autoridades para reclamar ayuda social y servicios básicos en los asentamientos. Esa dinámica inquieta a los intendentes, urgidos de desactivar la toma en su fase inicial. “No se puede gestionar en medio del caos”, sintetizó días atrás Blanca Cantero, jefa municipal de Presidente Perón.

Las fricciones internas se evidenciaron con fuerza en los últimos días. Berni acusó al Movimiento Evita, que conducen Emilio Pérsico, funcionario de Desarrollo Social, y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Institucionales del gabinete, de incentivar las tomas de tierras. Navarro lo desafió a presentar pruebas en la Justicia.

En diálogo con la nacion, Pérsico aclara: “No propiciamos las tomas, pero sí los loteos sociales”. Y explica: “Hay que comprar la tierra, hacer la infraestructura y venderla a sectores populares. Que la gente lo pague en cómodas cuotas. Lo hemos hecho en Córdoba y en algunos lugares del interior”, afirma.

Navarro remarca que “ocupar un predio privado o público es ilegal”, pero pide comprender la “desesperación” de las familias. El funcionario de Fernández considera que el Estado debe intermediar y “buscar soluciones que no sean violentas”, para completar: “Hay que encontrar una salida más negociada, que no tenga que ver con la topadora y la guardia de infantería”.

Propuestas

Los dirigentes sociales aducen que la raíz del fenómeno de las tomas es el déficit habitacional, que se agravó con la pandemia. Por eso, demandan respuestas del Estado. Desde las organizaciones sociales cercanas al Gobierno piden impulsar un plan de “lotes con servicios”. Pérsico cree que “falta una decisión política” para avanzar con esa idea y apunta contra los intendentes. “No quieren tener más gastos y menos recaudación. Si aprueban el loteo social, tienen que pasar a recoger la basura o poner los focos de luz. Los countries son un mejor negocio para el Estado”, opina.

Mientras tanto, Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), impulsa junto a otras organizaciones piqueteras y sindicatos de la CGT el denominado plan General San Martín, que implica, entre otras cosas, crear un millón de lotes con servicios.

Es parte de un plan para crear cuatro millones de empleos y que requeriría una inversión de $750.000 millones anuales. “Hay tierras que son del Estado que ya se pueden poner para generar una política de loteo con servicios”, sostiene Federico Fagioli, cercano a Grabois y diputado del Frente de Todos. “Empezar con 500.000 lotes sería un paso importante y resolveríamos gran parte del problema”, completa.

Fagioli vive en un barrio popular de Almirante Brown que se construyó a partir de una toma. “No estamos detrás de las tomas ni las fomentamos. Entendemos que cuando no hay un derecho garantizado y el acceso a la vivienda es un problema, la gente trata de resolver sola su crisis habitacional”, señala.

El secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, también pide desarrollar “nuevas ciudades” y abordar la problemática con una “propuesta integral”. Pero aclara que los movimientos “no fomentan” la toma de tierras. “Eso no le sirve al pueblo y genera violencia”, dice. Durante una reunión que se concretó en junio en la Casa Rosada, Castro,

exconcejal de Moreno, le sugirió al Presidente “poner terrenos del Estado en clave productiva”.

Mediación, punteros y barras

La mayoría de los dirigentes populares creen que hay punteros, barras o “pillos” que se aprovechan de la crisis para hacer negocios y vender terrenos que fueron tomados.

Para Daniel Menéndez, funcionario de Desarrollo Social y referente de Barrios de Pie-somos, la mediación de los movimientos sociales “va a ayudar” a que el conflicto por las tomas no escale y haya respuestas. “En muchos casos, se busca canalizar el conflicto a través de la construcción de programas de empleos o cooperativas, y se articula con intendentes”, sostiene.

Menéndez considera que abordar el déficit habitacional “implica una inversión enorme” del Estado: “Hay que urbanizar 4400 barrios, reactivar el Procrear, impulsar un plan federal de viviendas sociales y construir lotes con servicios”.

Las organizaciones no oficialistas también exigen acciones urgentes. Silvia Saravia, de Barrios de Pielibres del Sur, pide una “respuesta clara” de Kicillof. “Tiene que haber un censo y un relevamiento. Así, el Estado puede correr del medio al que va por especulación”, dice.

La dirigente social califica el déficit habitacional como un problema “histórico” y lo atribuye a la falta de planificación del Estado. “Si hubiera una intervención seria, se recortaría el margen de los que quieren aprovecharse de la situación”, opina Saravia, y desliza críticas a la gestión de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

El Polo Obrero brindó asistencia durante las últimas semanas a muchas familias que ocuparon un predio en Guernica. En ese terreno también tienen presencia otras agrupaciones sociales, como Olp-resistir y Luchar o el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). “Muchos compañeros me llamaron y los fuimos a apoyar, les llevamos alimentos. No vamos a dejar que se mueran de frío”, lanza el líder del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni.

Según Belliboni, hay punteros ligados a los intendentes que se enfrentan a las organizaciones sociales en las tomas. “No quieren que estemos porque se les vuelve en contra: el Polo Obrero se moviliza para que les reconozcan el lugar, y después, para que se urbanice”, plantea.