Por María José Lucesole - En medio de una discusión expuesta en el Frente de Todos, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires recalcularon ayer el discurso respecto de las usurpaciones y prometieron mayor firmeza para detener este fenómeno, que se disparó con la pandemia.

“Las tomas de tierra son ilegales”, dijo por la mañana la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dos días después de haber considerado que eran una consecuencia del déficit habitacional y no un tema de su área de responsabilidad.

Más tarde, el gobernador Axel Kicillof señaló: “Las usurpaciones no solo son ilegales, sino que además producen situaciones injustas”. A comienzos de semana había planteado que respondían a una “innegable necesidad”.

Kicillof habló después de una reunión con los intendentes de la zona sur del conurbano, que el día anterior habían condenado las tomas y exigían acciones urgentes.

El operativo de contención de los intendentes continuará hoy con el anuncio de un plan de seguridad, que incluirá un refuerzo del patrullaje en el conurbano y más recursos para los municipios.

“Las usurpaciones no solo son ilegales, sino que además producen situaciones injustas”, afirmó ayer Axel Kicillof, tras recibir a intendentes peronistas del conurbano que, un día antes, le habían reclamado una reacción “firme” ante la escalada de ocupaciones. El gobernador bonaerense defendió la tarea de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que desde un principio expuso un discurso duro ante las tomas, y exigió que la Justicia “haga su trabajo”.

Kicillof, que a comienzos de la semana había planteado que existe una “innegable necesidad” detrás de las tomas y que el Estado debía “dar respuesta” a esa necesidad, asumió así otro tono, acorde también con el giro que mostró ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic (ver página 15), y luego de que el presidente Alberto Fernández condenó las tomas.

“El Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas. Necesitamos además que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”, postuló ayer Kicillof.

El gobernador recibió en La Plata a los intendentes oficialistas Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliardi (Berisso), Juan José Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela) y Juan Andreotti (San Fernando).

Kicillof no solo se alineó con el discurso presidencial. También acusó al gobierno anterior por el déficit estructural habitacional. Aseguró que los planes habitacionales fueron abandonados los últimos cuatro años, “generando una necesidad mayor”. Acto seguido, anunció que se harán 8000 viviendas a través del programa Provincia en Marcha e informó que se reiniciarán obras para otras 5700 viviendas demoradas, que se sumarán a otras 2300 nuevas viviendas financiadas por la Nación.

“Sabemos que la provincia tiene un enorme déficit habitacional, pero esto no se resuelve con intrusiones ilegales”, dijo Kicillof. Por su parte, Berni informó que se evitaron 688 tomas este año y que hay 524 detenidos. “Tenemos una situación real. Proponer un delito para resolver una situación real no corresponde. El delito de usurpación está cada vez más organizado: abogados, contadores, barras bravas, más hombres y mujeres que tienen necesidad real, que son usados. Los llevan arriados y los dejan 15 o 20 días. Después los sacan a patadas y empiezan las reventas”, dijo.

Kicillof anunció un plan de alerta temprana para actuar en forma inmediata ante nuevas tomas. De este modo, buscó dar respuesta al comunicado público que los intendentes difundieron anteayer para reclamar acciones en contra de las tomas.

“Vamos a pedir apoyo al gobernador, que también está preocupado. No se puede gestionar en medio del caos. Hay que cortar de raíz esto con apoyo de la Justicia”, dijo Blanca Cantero, intendenta de Presidente Perón, partido donde se emplaza una de las mayores tomas de la provincia. “Es una locura. Es inadmisible”, dijo la jefa comunal sobre la ocupación de Guernica.

Cantero, esposa de uno de los titulares de la CGT, Carlos Acuña, deslizó que hay “grupos y movimientos de izquierda que organizan a la gente humilde”, con necesidad habitacional, para permanecer de manera ilegal en situación de delito.

“Esta es una situación muy grave. Repudiamos las tomas”, dijo tras el encuentro Andrés Watson, de Florencio Varela, para apuntar también contra el gobierno anterior: “Entendemos que hay una necesidad habitacional consecuencia de los últimos cuatro años de Macri y Vidal, porque no se hacían más de mil viviendas por año”.

Los intendentes observaron con cierta inquietud los cruces entre funcionarios nacionales y provinciales con respecto a las tomas. “No hay una bajada política clara”, dijo uno de los jefes comunales que anteayer firmaron un documento para pedir firmeza a la gobernación.

“Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas”, dijeron los alcaldes en ese comunicado. “El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio”, expresaron.

Los intendentes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos una vez consumados.