El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, firmaron este lunes un convenio marco para optimizar el abordaje de las infracciones al Régimen Penal Cambiario, así como medidas de seguridad bancaria, transporte de caudales y prevención.

El convenio tendrá una extensión de un año y comprende la creación de una Unidad de Coordinación integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA, que habilitará la provisión de personal de las fuerzas federales para intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan los agentes del BCRA.

"Éste es el resultado del trabajo que hemos desarrollado con las autoridades bancarias, con el objeto de definir estrategias para incrementar los niveles de seguridad en los bancos y afrontar el conjunto de delitos referidos en esta normativa", aseguró Frederic en un comunicado.

Por su parte, Pesce sostuvo que el convenio permitirá "un contacto fluido con las distintas fuerzas de seguridad y trabajar rápidamente en la desclasificación de información y en la identificación de personas que, cuando realizan una operación cambiaria ilegal, pueden cometer, además, otros tipos de delitos con divisas".

Según establece el convenio, los miembros de las fuerzas también realizarán las medidas probatorias, incluyendo la comparecencia de testigos e imputados, y las medidas de investigación que le solicite el BCRA.

El Banco Central elaborará y remitirá periódicamente la información vinculada con actividades de operaciones cambiarias presuntamente sin autorización, además de requerir, en caso que sea necesario, los pedidos de tramitación preferente y urgente de las pericias en las que se solicite la colaboración de Seguridad, informó el Ministerio en un comunicado.

De la firma del convenio participaron también la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Cecilia Rodríguez, el Secretario de Articulación Federal del Ministerio, Gabriel Fuks, y el Superintendente de Entidades Financieras del BCRA, Claudio Golonbek.

"Escrache" y sanciones del BCRA a los coleros digitales

A mediados de agosto el Banco Central lanzó una nueva y sorpresiva medida contra los "coleros digitales": en total, suspendió a alrededor de 4.600 personas, que no podrán comprar dólares.

El bloqueo se realiza en medio de investigaciones para identificar a "coleros virtuales", personas que transfieren o venden su cupo de u$s200 dólares mensuales a otros para obtener una ganancia.

El BCRA publicó la lista de inhabilitados, con sus correspondientes número de CUIT y de DNI, a través de su Comunicación C87906.

Así, los bancos o las casas de cambio no podrán volver a venderles dólares sin una autorización previa del Banco Central, lo que en los hechos los inhabilita para operar en cambios por tiempo indeterminado.

A continuación, el listado difundido este martes por el Banco Central, que se divide en dos documentos:

Esta no es la primera vez que el BCRA "escracha" a personas físicas que supuestamente rompen las reglas establecidas con respecto la compra-venta de dólares. En julio publicó una lista de 450 personas que habrían operado de manera irregular en el mercado cambiario. 

Las sanciones que recibirán los coleros virtuales

Recientemente, la autoridad monetaria conducida por Miguel Pesce detalló cuáles son las penas -algunas de ellas, severísimas- que deberán afrontar quienes realicen operatorias prohibidas con el dólar:

• El BCRA investigará las denuncias efectuadas por las entidades y las operaciones que puedan vincularse con operaciones marginales o de coleros virtuales, realizando un análisis de consistencia de la información recibida y producida por la Institución.

• Verificados los hechos el BCRA dispondrá la apertura de las investigaciones, citará a los involucrados y dictará las medidas cautelares que le autoriza el artículo 17 de la Ley 19.359, es decir, desde la suspensión para operar en cambios, hasta la prohibición de salida del país para quienes no se presenten ante el requerimiento de la autoridad.

• Las personas involucradas enfrentarán un proceso penal cambiario que dista de ser una formalidad, pudiendo recibir penas de multa de entre 1 y 10 veces el monto de la infracción cometida y, en casos de reincidencia, penas de prisión de hasta 8 años.

• Las personas involucradas podrán solicitar el levantamiento de las medidas cautelares impuesta previa devolución de la moneda extranjera adquirida en forma irregular.

Dólar al rojo vivo: alertan por las reservas

La indecisión del Gobierno sobre ajustar más el cepo cambiario preocupa al mercado, ya que el Banco Central apenas contaría con u$s4.500 millones de reservas líquidas para intervenir en la plaza, con el fin de contener el tipo de cambio.

Esto es así ya que de los u$s43.200 millones que en bruto tiene la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce, alrededor de u$s20.000 millones corresponde al swap chino y otros u$s 11.300 millones a encajes de depósitos en dólares.

Además de estos registros, existen préstamos del Banco Internacional de Pagos (BIS) y derechos especiales de giro del FMI por otros u$s 3.000 millones, de acuerdo con los cálculos realizados por el economista Fernando Marul.

De este modo, las reservas netas llegarían a u$s8.500 millones pero a esa cantidad se le deben descontar otros u$s4.000 millones en oro.

Si bien en caso de una emergencia, podría vender el oro o hacer uso del swap chino, esa operación generaría más preocupación y fomentaría la demanda.

El cupo mensual de u$s200, en el centro del debate

Diariamente, la entidad monetaria interviene en la plaza cambiaria para intentar fortalecer la oferta de billetes y evitar bruscas subas que impacten en los precios.

Durante el último fin de semana, el presidente Alberto Fernández admitió que preocupa la salida de dólares del mercado a través del sector minorista, pese a que sólo se pueden comprar u$s 200 dólares por mes por ahorrista.

La cantidad de pequeños compradores viene aumentando cada mes y es un punto de preocupación no sólo en la cúpula del Central sino también dentro del equipo económico que comanda Martín Guzmán.

En junio los ahorristas compraron unos u$s800 millones, ya que unos 4 millones de personas realizaron operaciones.

De manera extraoficial se estima que los compradores de julio fueron alrededor de 4,5 millones. Y agosto se perfila para los cinco millones de compradores que usan su cupo de u$s200. De esta manera, la fuga alcanzaría la emblemática marca de los u$s1.000 millones en el mes.

El Ministerio de Economía espera que el acuerdo con bonistas calme el mercado y descomprima la presión de la demanda de billetes, cuestión que por ahora está lejos de conseguir.

Entre enero y julio, la balanza comercial argentina habría registrado un saldo positivo cercano a los u$s9.000 millones, pero en ese mismo período el Central perdió u$s1.500 millones.