Por Gustavo Ybarra -El escándalo por la inclusión de la “cláusula Parrilli” contra los medios de comunicación ocultó la fuerte puja que Cristina Kirchner protagonizó con los senadores de su propio bloque por el reparto de los cargos judiciales en el interior del país, y que a punto estuvo de hacer fracasar los planes para aprobar, este jueves, la reforma judicial en el Senado.

Según reconocieron fuentes legislativas oficialistas a la nacion, el reparto de juzgados, cámaras federales y tribunales orales en distintos puntos del país fue la causa por la cual el oficialismo recién presentó su dictamen el último jueves al borde de la medianoche.

La pulseada tuvo momentos de tensión, con Cristina Kirchner amenazando en la tarde del miércoles con dar marcha atrás con todos los cambios que se le habían introducido al proyecto; y con los senadores oficialistas amenazando con no votar la reforma si no se contemplaban sus pedidos.

Las fuentes consultadas por este diario coinciden en que la disputa tuvo momentos de tensión, con quejas de Cristina Kirchner a sus senadores, aunque difieren acerca de la forma en que se terminó saldando la cuestión.

La versión “light” asegura que Cristina Kirchner planteó sus dudas ante la posibilidad de “pasarse de rosca” en el gasto que demandaría la multiplicación de los cargos judiciales reclamados por senadores y gobernadores del PJ.

Sin embargo, en esta versión, la vicepresidenta terminó convencida con el argumento de que era la oportunidad para ampliar el servicio de justicia en el interior, que la reforma no podía quedar circunscripta solo a la región metropolitana y que los $1900 millones que costará la reforma, según la cifra calculada por el Gobierno, no implican un gran impacto en un presupuesto de siete billones de pesos.

La versión más dura, en tanto, sostiene que la vicepresidenta se molestó sobremanera al ver el despliegue de cargos judiciales y decidió dar marcha atrás con todos los cambios, ordenando volver al proyecto tal cual lo había enviado el Poder Ejecutivo.

En esta versión, la tensión habría llegado al extremo de que varios senadores llegaron a amenazar con no votar el proyecto.

Ya sea una u otra versión, el final de la historia indica que Cristina Kirchner terminó cediendo y que el título III del proyecto original, que creaba 94 juzgados federales en el interior del país, fue rediseñado para dar el gusto a los pedidos formulados por senadores y gobernadores peronistas.

De hecho, hasta el jueves al mediodía, es decir, más de doce horas después de que el oficialismo anunciara que pasaba el dictamen para su firma en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, se le siguieron introduciendo cambios. Eso fue lo que ocurrió con la Cámara Federal de San Luis, reclamada por Adolfo Rodríguez Saá.

Otros que también pidieron cámaras federales en sus provincias, en reemplazo de los juzgados federales incluidos en el proyecto, fueron los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de San Juan, Sergio Uñac, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Lo mismo consiguió el jefe del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, habitual polea de transmisión en la Cámara alta de los deseos del gobernador y su líder político, Gildo Insfrán.

En otros casos, en vez de cámaras, lo que obtuvieron fueron tribunales orales. Como en el caso de la senadora Ana Almirón (Corrientes), que logró colar un TOF en la ciudad de Ituzaingó. Un proceso similar ocurrió con el pedido de Jorge Capitanich, que terminó convertido en un tribunal oral en Resistencia, Chaco.

Premios para amigos

El reparto también implicó reconocimientos a viejos aliados del kirchnerismo, a aquellos que apoyaron incluso cuando muchos peronistas, como el propio presidente Alberto Fernández, criticaban a Cristina Kirchner,

Es el caso del juzgado que se creará en Avellaneda. A menos de 15 kilómetros de Comodoro Py y con tribunales federales en Quilmes y Lomas de Zamora, el distrito que preside Jorge Ferraresi, un kirch- nerista ortodoxo, salió beneficiado en el reparto.

Otro partido que se vio recompensado fue el de La Matanza, gobernado históricamente por el peronismo y ahora en manos de un aliado K, como Fernando Espinoza.

El partido, que fue administrado hasta el año pasado por la actual vicegobernadora, Verónica Magario, tendrá dos juzgados federales nuevos. Uno tendrá asiento en la cabecera del partido, la ciudad de San Justo, mientras que el otro estará en Gregorio de Laferrere.

Otros aliados, como el misionero Maurice Closs, elegido senador por el Frente Renovador de esa provincia e integrado ahora al Frente de Todos, logró sumar un juzgado federal en Posadas. Por supuesto, Santa Cruz también obtuvo lo suyo: tendrá tribunales nuevos en Río Turbio y Perito Moreno.