Por Gustavo Ybarra - Después de un día de máxima reserva, se conoció cerca de la medianoche el dictamen de comisiones de la reforma judicial aprobado por los senadores kirchneristas el miércoles. El texto suma una polémica cláusula que obliga a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura las supuestas presiones que pudieran recibir de “los poderes mediáticos”.

La inclusión de los medios de comunicación hace juego con la teoría de Cristina Kirchner sobre el lawfare, que usa para explicar una presunta persecución judicial en su contra. Quien promovió la modificación en el texto enviado por el Poder Ejecutivo fue el senador Oscar Parrilli (Neuquén), colaborador directo de la vicepresidenta.

Su propuesta ya había merecido una queja de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que denunció que con medidas como esas lo que se busca es “acallar voces” y limitar “el debate democrático”.

El agregado figura en el inciso E del artículo 72 del proyecto, cuyo tratamiento está previsto para la semana próxima.

El kirchnerismo incluyó anoche en el dictamen de la reforma judicial que tratará el Senado la semana próxima una controvertida cláusula que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones “de los poderes mediáticos” que reciban en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa había sido impulsada por el senador oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), habitual vocero de Cristina Kirchner, y mereció la queja de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que había advertido sobre el riesgo que implican para la libertad de prensa normas de ese calibre.

El polémico agregado fue incorporado como el inciso E del artículo 72 del proyecto que impulsa el oficialismo a propuesta de Parrilli en el inicio del debate del proyecto en la Cámara alta.

En la versión de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo el 30 de julio último, el artículo era el 70 y el inciso solo obligaba a “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

El dictamen sumó la palabra “mediáticos” a los poderes que supuestamente podrían ejercer presión y que los magistrados estarán obligados a denunciar.

Parrilli formuló su propuesta el pasado 4 de agosto, durante la primera audiencia de debate de la reforma judicial en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado. Ese día, expuso la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

“Acá es necesario hablar explícitamente de los poderes mediáticos, porque hemos visto cómo en los medios de comunicación salían a alentar y a escrachar a distintos funcionarios del Poder Judicial porque no hacían lo que esos medios pretendían con determinada causa”, afirmó el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia de Cristina Kirchner.

El senador por Neuquén también pidió incluir a los medios de comunicación en el inciso F del artículo, en el que se establece que los jueces no deben fallar en virtud de supuestos clamores populares ni por miedo a la crítica.

“Tengo miedo que el clamor público sea el clamor de los medios de comunicación y que en función de eso se tome esto como un hecho de la sociedad, y en realidad no son hechos de la sociedad o reclamos de sectores sociales, sino que hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar a los jueces”, argumentó en ese momento.

La propuesta de Parrilli mereció la respuesta de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que sostuvo que “combatir el periodismo no ayuda a mejorar la Justicia”.

Así, la entidad, que reúne a más de 180 empresas periodísticas de todo el país y es presidida por Martín Etchevers (Clarín), advirtió sobre “el riesgo que implica para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático que se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país”.

Parrilli también chocó con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes de la comisión de expertos que designó Alberto Fernández. “La respuesta está en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica”, defendió el derecho a la libertad de expresión el especialista cuando le tocó exponer en el Senado.

Pelea por cargos judiciales

El dictamen del proyecto oficial de la reforma judicial se conoció anoche, cerca de las 22. En parte, la demora obedeció a los fuertes tironeos entre Cristina Kirchner y los gobernadores peronistas, generados por el reparto de cargos judiciales en el interior del país.

Tal como anticipó la nacion en su edición del lunes pasado, los mandatarios peronistas, algunos personalmente y otros a través de sus senadores, vieron en el título III del proyecto original, que creaba 94 juzgados federales en el interior del país, la posibilidad de canjearlos por cámaras federales y tribunales orales o ubicarlos en ciudades diferentes a las indicadas en la iniciativa.

El reparto y el rediseño de esos cargos alcanzaron tal magnitud que generaron roces entre Cristina Kirchner y sus senadores.

Eduardo Duhalde EXPRESIDENTE “la reforma judicial es un gran error, no creo que salga. no estoy de acuerdo con que no sea de consenso”

“Ya los partidos no alcanzan, un partido no puede gobernar solo aún teniendo mayoría parlamentaria”