Por Gustavo Ybarra -La vicepresidenta Cristina Kirchner ya tiene en su escritorio el borrador final del dictamen de la reforma judicial para definir qué cambios acepta y cuáles rechaza.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se volverá a reunir hoy y, a menos que aparezcan problemas de último momento, todo indica que el oficialismo impondrá su mayoría y firmará el dictamen. Nada cambió en la voluntad del kirchnerismo tras el banderazo del lunes, que incluyó entre sus consignas el rechazo a la reforma.

Los diputados lavagnistas de Consenso Federal ratificaron ayer que votarán en contra cuando llegue a la Cámara baja. Y Juntos por el Cambio pidió al Gobierno, a través de un documento, que retire el proyecto del Congreso ante la falta de consenso. Pero el oficialismo agotó ayer la lista de expositores y, tras la firma del dictamen, el proyecto quedará en condiciones de ser llevado la semana próxima al recinto de la Cámara alta, en la que el kirchnerismo tiene una mayoría holgada. La prueba de fuego estará, entonces, en la Cámara de Diputados, donde el margen de acción oficialista es más acotado.

Los pronunciamientos en contra de Juntos por el Cambio y de los diputados lavagnistas (Consenso Federal) dejaron al Frente de Todos casi en soledad en su respaldo a la reforma del fuero penal federal, cuyo borrador de dictamen ya tiene en su escritorio la vicepresidenta Cristina Kirchner para darle los retoques finales.

Tras agotar la lista de expositores –con la audiencia de ayer desfilaron 50 especialistas–, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado se volverá a reunir hoy, a partir de las 16. Todo indica que, si no surgen problemas de último momento, el oficialismo impondrá su mayoría y firmará dictamen.

A pesar del fuerte reclamo en contra de la reforma manifestado en el banderazo celebrado en diferentes puntos del país, el proyecto quedará así en condiciones de ser llevado la semana próxima al recinto de la Cámara alta, en la que el kirchnerismo tiene una mayoría holgada que le garantizará su aprobación.

La prueba de fuego de la reforma estará, entonces, en la Cámara de Diputados, donde el margen de acción del oficialismo para convertirla en ley se achicó notablemente tras el anuncio de Consenso Federal de que considera inoportuno el debate de la iniciativa.

Tras recolectar los pedidos de modificaciones planteados por los senadores del Frente de Todos, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, remitió el borrador del texto a Cristina Kirchner.

Será la vicepresidenta quien tendrá la palabra final sobre las decenas de cambios que han propuesto hasta ahora los senadores oficialistas, en acuerdo con sus gobernadores, y algunos especialistas durante las cinco jornadas de debate celebradas en el Senado.

Uno de los temas espinosos del proyecto que analiza el oficialismo es el de los magistrados que ocuparán, de manera provisoria, los 23 nuevos juzgados federales que crea la reforma para licuar el poder de los jueces de Comodoro Py.

El régimen volvió a ser duramente cuestionado ayer, con advertencias no solo sobre la ilegalidad de nombrar subrogantes en juzgados nuevos, sino también sobre la independencia que tendrán esos magistrados para ejercer su jurisdicción, cuando sus nombramientos no gozarán de la estabilidad que garantiza la Constitución Nacional.

Una posibilidad que manejaban en el Frente de Todos era establecer concursos exprés para seleccionar a los nuevos jueces, mediante la realización en el Consejo de la Magistratura de concursos abreviados.

Juzgados para todos

También se introducirán cambios en el título tercero del proyecto, que es el que crea 94 juzgados federales en el interior del país. Basado en un proyecto del senador Humberto Schiavoni, el peronismo tomó el texto como moneda de cambio para asegurarse el apoyo de los gobernadores peronistas.

Así, se repartirán cargos judiciales en el interior del país sobre la base de los pedidos recabados en las provincias. En ese sentido, muchos juzgados serán convertidos en cámaras de apelación en aquellos distritos que no las posean, mientras que muchos otros serán reconvertidos para atender diferentes ramas del derecho y no solo la penal federal, como establece el proyecto original.

También se crearán nuevas fiscalías y defensorías públicas para tratar de acallar las repetidas críticas de los especialistas, quienes señalaron que la multiplicación de juzgados va a contramano del sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal Federal.

La principal bancada de oposición del Senado no formulará propuestas de modificación, en línea con el pronunciamiento de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que ayer le pidió al Poder Ejecutivo que retirara el proyecto dada la inconveniencia de discutirlo en medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.

A este pronunciamiento se sumó el del bloque de diputados de Consenso Federal, quienes calificaron de inviable el debate de la reforma judicial “sin un acuerdo político fuerte y extendido”, que el sector lavagnista de la Cámara baja considera que la iniciativa no posee.

En el plenario de ayer volvieron a escucharse fuertes críticas al proyecto del Gobierno. Aunque en esta oportunidad el oficialismo se preocupó por sumar voces a favor. Como las del abogado Eduardo Barcesat y del exjuez Carlos Rozanski, quienes coincidieron en acusar a los jueces de Comodoro Py de haber formado parte de un aparato de persecución al kirchnerismo.