El esquema se pensó, según los sindicalistas, como un sinceramiento ante la crisis que impactó en la mayor parte de la economía por las medidas de aislamiento obligatorio: si bien el Gobierno de Alberto Fernández había garantizado en el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) el “goce íntegro” de los salarios habituales para los trabajadores eximidos de concurrir a sus puestos por la cuarentena, en los hechos varias cámaras empresarias y hasta grandes empresas habían hecho saber sus intenciones de pactar reducciones en los ingresos para esa porción de su personal.