Por Luciano Cohan - Economista y socio director de Seido El acuerdo por la deuda es una gran noticia. Al momento de asumir Alberto Fernández, se necesitaban US$120.000 millones para pagar los vencimientos de capital e intereses entre 2020 y 2023. Un enorme desafío para un Tesoro con acceso cerrado al mercado financiero. Según los términos que se hicieron públicos ayer, se obtuvo lo que se necesitaba: tiempo, el componente más importante del acuerdo, y el tiempo, se sabe, es dinero.

Lograron posponerse pagos hasta fines de 2023 por un total de US$38.000 millones y de US$6000 millones en el próximo mandato presidencial. En compensación, entre 2028 y 2035 los pagos serán mayores en US$31.000 millones, pero ese no es un problema para preocuparnos hoy. Además, si bien el acuerdo no contempla una quita importante de capital, implica un ahorro de intereses por US$1600 millones por año hasta 2030, o 0,4% del proaquí bruto interno (prepandemia).

La pérdida para los acreedores depende de cuánto valúen ellos la espera en el cobro: es de 37% de sus tenencias iniciales si el tiempo se valúa a 10% por año, de 33% si fuera 8% o 27% si fuera 5%. No está nada mal. La quita promedio de las 179 reestructuraciones soberanas entre 1978 y 2010 fue de 37%, con un 18% para los 68 casos que lograron evitar el default y de 48% en los 111 que no.

Lamentablemente, este problema no es el único que hay por resolver. El acuerdo de la deuda despeja el primero de los cuatros grandes desafíos que tiene la economía. El más urgente, sin dudas, es el sanitario. Llevamos cinco meses de una de las cuarentenas más largas y duras del planeta para controlar una dinámica de contagios que aún no dio señales de aplanarse y cuyo daño económico posiblemente nos ubique entre los 10 países de mayor contracción de la actividad en 2020.

Más allá de cuál sea la resolución de la crisis sanitaria, el panorama no es alentador. El Covid-19 llegó a un país que ya llevaba dos años de recesión y la cuarentena provoca más quiebras que en otros países. El durísimo cepo a los capitales y al comercio, que probablemente se endurezca antes de relajarse, limita la posibilidad de un rebrote de la inversión y las exportaciones cuando la crisis sanitaria termine.

Eso nos enfrenta al tercer enorme desafío. La Argentina está en medio de una crisis fiscal y monetaria galopante que no está presente en la percepción pública porque aún no se sienten plenamente sus consecuencias. El déficit fiscal de este año se proyecta cercano a los dos dígitos y apunta a ser el mayor en medio siglo. Sin fuentes de financiamiento, el Tesoro recurre de forma masiva a la emisión monetaria creando dinero que hoy está dormido, expectante, pero que tarde o temprano acelerará la inflación. La señal más visible del exceso monetario está en el mercado de cambios. La brecha de los dólares paralelos con el oficial estaba hace poco cerca del 100%, el nivel más alto desde 1975. Por otra parte, el Banco Central vendió US$450 millones en julio para contener la cotización oficial, a pesar de estar en el período de máxima liquiducto dación de divisas agrícolas y con las importaciones en su mínimo en 15 años. Son muchos pesos buscando pocos dólares, esquivando los controles como pueden.

El riesgo de salir de la crisis sanitaria solo para entrar en una crisis cambiaria e inflacionaria es muy alto y la ingeniería de política económica para evitarlo, muy compleja.

El cuarto y último desafío es más permanente, estructural. La Argentina hace 10 años que no crece. Entre 2010 y 2020, de más de 180 países, solo 11 crecieron menos que nosotros o cayeron: Brunei, Micronesia, Italia, Ucrania, Trinidad y Tobago, Timor, Grecia, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Libia y Venezuela. El primer paso para dar vuelta estos resultados es acertar el diagnóstico, y para eso tenemos que ser conscientes de que estamos perdiendo, de que se nos escapan los trenes y de que el mundo está mirando otra película, resolviendo otros problemas, mientras nosotros seguimos en luchas intestinas que solo nos hacen retroceder.