Expresó que la adhesión sigue abierta hasta el 24 de agosto –fecha de extensión que se confirmó esta tarde por medio de una publicación en el Boletín Oficial– y que buscarán el mayor acuerdo posible, con la mayor cantidad de bonistas adheridos.
Ante la consulta de infobae sobre la posibilidad de que se activen las cáusulas de acción colectivas (CACs), Guzmán afirmó que las expectativas del Gobierno es que habrá “una participación muy alta” de bonistas en el canje de deuda.
”Nuestra expectativa es que se activen las clausulas de acción colectiva y que Argentina pueda resolver sus problemas de deuda de forma integral; obviamente seguiremos trabajando hasta el 24 de agosto, fecha en que cierra esta oferta, para lograr ese objetivo”, completó en la conferencia de prensa.
“Vamos a pasar a una situación de deuda sostenible. Vamos a sanear las finanzas públicas y dar certidumbre al sector privado para cuando la pandemia nos de tregua”, aseguró.
“Todas las partes defendieron sus intereses, nosotros los de los argentinos y las argentinas”, resumió Guzmán sobre la negociación con los bonistas. Antes, repasó como fue el proceso de endeudamiento, durante el gobierno anterior con “tres crisis cambiarias”, que culminó con el préstamo con el FMI y con la situación previa al acuerdo. “Argentina ya estaba en default. Nosotros nos propusimos resolver el problema para sacarle al sector público una situación de asfixia”, dijo.
El acuerdo con los acreedores externos implica para la Argentina una carga menor de deuda por USD 42.500 millones durante los primeros cinco años, afirmó el ministro de Economía.
En ese sentido, Guzmán aseguró que la negociación permitió reducir los intereses de un monto estimado en 7 dólares promedio a 3 dólares por cada 100 dólares en poder de los bonistas, junto con una reducción del capital del 1,9%.
Para el funcionario, el acuerdo de reestructuración de deuda que se alcanzó con los grupos mayoritarios de bonistas “implicó un esfuerzo importante de todas las partes”, ya que “no existe un acuerdo perfecto”, pero aclaró que “era necesario para darle una plataforma de despegue a la economía”.
En otro orden, el funcionario dijo que el programa stand by que el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó con el gobierno argentino en 2018 “ha sido cancelado” y que “el siguiente paso es avanzar en un programa distinto que refleje aquello que la Argentina necesita”.
Afirmó que la Argentina tiene prevista para los próximos dos años una carga de deuda con el Fondo que “no puede hacer frente”, por lo que ratificó que “es necesario tener un programa” con el organismo para resolver los compromisos por USD 45.000 millones”.
“El programa con el FMI es necesario porque Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los términos establecidos”, aseveró Guzmán, al tiempo que enfatizó también que ese entendimiento “será bien distinto” y con “premisas más sensatas sobre el funcionamiento de una economía” respecto al firmado en 2018.
Asimismo, remarcó que cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández “enfrentaba una carga de deuda muy importante, mientras que el próximo gobierno enfrentará una situación muy diferente”.”No estamos trabajando para nosotros, sino para la Argentina, cuidando no sólo el presente sino el futuro del país”, concluyó Guzmán.
El acuerdo
El acuerdo alcanzado hoy con los bonistas –informado oficialmente por el Ejecutivo esta madrugada, a las 3 am– implica ciertos cambios económicos respecto de la última oferta presentada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) el 6 de julio.
En base a cálculos del mercado, la oferta en términos de valor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje equivalen a 54,8 dólares promedio por cada 100 dólares de deuda nominal. En particular, con el nuevo esquema los bonos globales emitidos a partir del 2016 tienen un promedio de valor de recupero de 53,6 dólares, mientras que en los bonos de los canjes 2005 y 2010 se ubicarán en torno a 58,7 dolares por cada 100 dólares de deuda nominal.
En tanto, los cambios introducidos ahora por el Ministerio de Economía a la propuesta presentada el 6 de julio pasado, no implican un mayor desembolso en los pagos previstos, sino más bien una mejora el perfil de flujos de fondos de las acreencias de los bonistas, adelantando ciertos pagos de intereses y de capital.
De esta forma, la nueva propuesta mantiene la estructura general que contempla la emisión de 13 bonos en euros y dólares, con vencimientos entre 2028 y 2046, a los que se suman los títulos específicos con vencimiento en 2030 para el pago de intereses devengados.
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