Por Sofia Terrile - El proyecto de ley de teletrabajo, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y comenzó a debatir el Senado, generó críticas en la Unión Industrial Argentina ( UIA), la Asociación de Bancos Argentinos ( ABA) y otras entidades empresarias. Las cámaras argumentan que, de sancionarse tal como está, sería el fin de un régimen que, a su juicio, hasta ahora viene funcionando bien, y que hay condiciones que harían “inviable” la opción de contratar a un teletrabajador.

Tal como está planteada hoy, la ley, que empezaría a regir 90 días después de que finalice el aislamiento social, establece algunos criterios marco, como el derecho a la desconexión digital del empleado, la provisión de elementos de trabajo y la reversibilidad, es decir, la condición que permite al teletrabajador pasar a ser un empleado presencial en cualquier momento de la relación.

Los empresarios se sienten excluidos del debate, cuando son ellos los que deben implementar la norma luego en sus espacios de trabajo. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina ( ABA), afirma que el Congreso está a punto de hacer “fracasar” la herramienta del teletrabajo. “Entendemos que los senadores tienen la obligación y el deber, antes de sancionar esta ley, de escuchar a todos los sectores que van a conformar el teletrabajo: empleadores, entre ellos empresas grandes y pymes, y trabajadores”, sostiene.

La reversibilidad es el tema que más preocupa a las empresas, hoy más enfocadas en achicar metros cuadrados de oficinas, inversiones en infraestructura y costos fijos que en agrandarlos. En caso de que el teletrabajador quiera pasar a modalidad presencial, “el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas”. En caso de que eso no suceda, la norma indica que el empleado podría considerarse despedido.

Un informe del Departamento de Política Social de la UIA señala que “debe establecerse con claridad un plazo de antelación dentro del cual comunicar la decisión de ejercer la facultad de requerir la reversión y dejar expresa constancia de que el mismo derecho asiste al empleador”, un punto en el que coinciden los consultados por la nacion.

“Las empresas no quieren tener una cantidad de escritorios vacíos preparados para esta situación, nadie quiere tener un costo hundido”, señala Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de Empresa de IDEA.

“Esto da un nivel de contingencia terrible y mata lo que ya andaba bien”, añade. En ese sentido, Edith Pecci, emprendedora del sector de servicios y miembro del Comité de IDEA Pyme, explicó que se generaría una diferencia entre la fuerza laboral actual de las empresas y la potencial. Como el costo de tener espacios “por las dudas” para las pymes es muy alto, elegirían no armar esquemas mixtos de trabajo a distancia y presencial entre sus actuales empleados.

En el mismo sentido, Luis Galeazzi, CEO de Argencon, la cámara que nuclea a las empresas de la economía del conocimiento – y en las que hay más de 30.000 personas que teletrabajan–, detalla que entre las empresas de servicios hay trabajo que se realiza por proyectos y en distintos puntos del país. “Un trabajador podría hacer uso de su derecho a la reversibilidad y podría pedir volver de cualquier lugar lejano; esto va en contra de la experiencia que tenemos: es una ley que, aun con buenas intenciones, comete errores en las apreciaciones”, dice.

Otro punto que cuestionan los empresarios tiene que ver con la provisión de herramientas de trabajo para el empleado. La ley plantea que el empleador debe proporcionar “el equipamiento – hardware y software–, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación”, o la “compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”. La ley también establece que el empleado tendrá “derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/ o consumo de servicios que deba afrontar”.

Tal como está redactado, Esteban Carcavallo, socio de Bomchil Abogados, entiende que las herramientas que se brinden para teletrabajar pasarían a considerarse parte del salario de los empleados porque no aclara que sean no remunerativas. Serían un costo más, porque quedarían incluidas en el cálculo del aguinaldo y en una eventual indemnización por despido.

Al respecto, la UIA desaconsejó enfáticamente “la enumeración de herramientas de trabajo que debe proporcionar el empleador”. “La descripción de estos elementos tanto como la extensión de la compensación y las demás reglas aplicables a mantenimiento y devolución deberían estar sujetas a convenios colectivos de trabajo y contratos particulares”, expresó.

El derecho a la desconexión digital es otro de los puntos en debate. Casi un 40% de las personas que están realizando sus tareas en esta modalidad durante la cuarentena admiten que están trabajando más horas que antes, según una encuesta de Quiddity, la división de investigación de mercado, opinión pública y big data del grupo Untold.

El informe de la UIA advierte que, como esta redactado, el artículo 5° del dictamen “pone en cabeza del empleador obligaciones de imposible cumplimiento”, ya que “resulta inviable controlar los requerimientos entre supervisores y subordinados que se efectúen por fuera de la jornada de trabajo”. Además, cuando se habla de que el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones fuera de su horario, dice que se obstaculizan los contratos de trabajo vinculados a tareas de seguridad o mantenimiento, “donde es práctica habitual pautar guardias pasivas”.

Según las empresas, debería haber flexibilidad y libertad de aplicación sobre este punto. Para Cessi, la cámara de empresas del software, el derecho a la desconexión no sería un inconveniente, admite su presidente, Sergio Candelo, aunque dice que la rigidez a la hora de aplicarlo va en contra de la dinámica diaria en el sector.

Los expertos marcan como un “error” en la génesis del proyecto que se esté legislando sobre una actividad en un período extraordinario, en el que el teletrabajo adquiere algunas características que habitualmente no tiene, ya que en la normalidad prepandemia nadie estaba “confinado” en su hogar como hoy, para algo que entrará en vigor cuando se vuelva a la normalidad. “Teletrabajo no es igual a teletrabajar en pandemia”, dice Puig.