Por Carlos Burgueño - El Gobierno y los acreedores con deuda emitida bajo jurisdicción internacional iniciarán hoy la cuarta etapa de negociaciones con una consigna común: hacia adelante, y mientras duren las conversaciones, lo que se acuerde será asunto cerrado. Una vez que en algún capítulo haya puntos en común se clausurará la discusión en ese punto y no se volverá a abrir el debate.

Sólo así, coinciden las partes, podrán mostrarse acuerdos sólidos y concentrar la discusión únicamente en las cuestiones en las que no hayan coincidencias. Este requisito propuesto por la Argentina fue aceptado por las tres agrupaciones que representan a los acreedores: un asunto cerrado durante las conversaciones de este fin de semana. Todas las partes se dieron cuenta en el transcurso de la disputa que hubo muchas oportunidades en las que se había llegado cerca del apretón de manos, pero que luego hubo que dar marcha atrás porque alguno de los negociadores buscó reabrir esos capítulos donde había acuerdo porque otras cuestiones resultaban inconvenientes.

Curiosamente las acusaciones por esta actitud fueron cruzadas, señalando tanto al Gobierno argentino como a los tres grupos de bonistas, recurriendo al mecanismo en algún momento de la discusión. Ahora, en esta nueva etapa de negociaciones que se inaugurarán esta misma mañana, siempre bajo la modalidad del teletrabajo, el compromiso es actuar de buena fe y pisar sobre seguro, “sin mirar atrás”. Luego, si hay o no acuerdo, no será culpa de estas marchas y contramarchas.

El panorama de juego que se abrirá desde hoy, y que les permitirá a los negociadores tener una etapa larga de discusiones (terminará el 24 de julio); comienza con las siguientes posiciones:

Argentina: la oferta formal es de un reconocimiento de Valor Presente Neto (VPN) del 49,9% (cumpliendo con las disposiciones del FMI), más dos tipos de anabólicos en discusión: un cupón a partir de la evolución de las exportaciones o el reconocimiento de los intereses no devengados durante 2020. Cualquiera de los dos beneficios llevaría la oferta más cerca del 52%. La Argentina no acepta aún negociar la “cláusula de reasignación”, por la cual el país podría considerar como exitoso un acuerdo donde menos del 75% aceptará las ofertas, siempre que en algunos bonos sí se cumpla ese porcentaje. Tampoco quiere desmantelar las tres cláusulas “antibuitre” con que está protegida la deuda emitida desde 2016 en adelante.

Bonistas. Cada uno de los tres grupos está distanciado del país en diferentes capítulos. Los deudores con bonos emitidos durante el kirchnerismo y los de deuda macrista de largo plazo quieren que se les reconozcan los dos “anabólicos”, además de acortar más el tiempo del comienzo de cobros. Hay fuertes discusiones con los tenedores de bonos emitidos durante el macrismo, en cuanto a la eliminación de las cláusulas antibuitre. Consideran que el mismo derecho que tienen los poseedores de deuda K de no tener estas limitaciones, deberían ser aplicadas por el país a los acreedores de bonos emitidos luego de 2016.

Todos coinciden en que la tasa de interés debe estar en un promedio por encima del 3,5% mensual (la Argentina ofrece menos del 2,8%) ya que la consideran incluso menor a la que los mercados están cobrando a los países latinoamericanos que lanzan deuda en estos tiempos. Los bonistas quieren además que se elimine la “cláusula de transición” con el argumento de que no es un capítulo incluido tradicionalmente en las negociaciones de deuda, afirmando que se trata de un experimento personal de Guzmán sin asidero técnico ni legal.

Otra cuestión que quedó en claro en las negociaciones del fin de semana, como preámbulo a lo que comenzará hoy es que Martín Guzmán continuará siendo la voz oficial y única autorizada a hacer ofertas y contraofertas a nombre del Gobierno argentino. Si bien desde el 21 de abril (cuando comenzaron formalmente las discusiones), solo el ministro tuvo esa potestad, durante esa primera y la segunda etapa de negociaciones, hubo intervención directa de otros referentes del Gobierno de Alberto Fernández que de manera más o menos autorizada intentaron acercar a las partes. En esta línea se anotaron tanto funcionarios, como legisladores y hasta enviados especiales de expresidentes.

Todos fracasaron en sus intentos, y recién en la tercera etapa de discusiones Guzmán quedó clarificado y refrendado por el Presidente como el único autorizado y habilitado para presentar mejoras y desmejoras a la oferta oficial. Esto pese a que su principal creación, la propuesta que quedó descalibrada el 8 de mayo, ya es historia. O, como el mismo se encargó de definir en las discusiones inauguradas en la segunda quincena de mayo, la propuesta que se discutiría hacia delante es “la política, no la mía”. Sin embargo, hubo un mensaje directo a los acreedores: en el momento en que las negociaciones avancen seriamente, podrá aparecer el propio Alberto Fernández en escena para cerrar o enterrar cualquier posibilidad de acuerdo. Esto será cuando ya Guzmán no tenga más que hacer en la mesa de teletrabajo, y las decisiones que haya que tomar sean meramente políticas.

La etapa que comienza hoy, y tal como adelantó este diario, estará habilitada hasta el 30 de julio. La idea es que el 24 de julio las conversaciones se cierren, si es que no se llegó a un acuerdo antes y que el 27 se le informe el resultado de las mismas a la Security and Exchange Commission (SEC). Luego deberá ser la entidad la que autorice el anuncio oficial, que el 30 se haría público. La fecha del 30 no es caprichosa. Ese día será la última frontera formal para poder defender las negociaciones actuales, ya que superado ese límite y si no hay acuerdo con los acreedores, el país no podrá evitar que comience la aceleración de juicios contra el mismo. Será así ya que el 30 de junio vence la tanda de mitad de año de los Discount emitidos durante el kirchnerismo, y por los cuales habría que pagar unos u$s566 millones.

El Gobierno no liquidará ese dinero, con lo que comenzarán a correr otros 30 días de plazo para poder cumplir con el compromiso, antes de caer nuevamente en default. Sin embargo, y a diferencia de los Global ya vencidos y en default, en el caso de los Discount y los Par, y si el país no cumple, los acreedores tienen 100% habilitada la posibilidad de avanzar en juicios por miles de millones de dólares contra la Argentina en los tribunales del segundo distrito sur de Loretta Preska. Y sin recurrir a cláusulas colectivas, con lo que cualquier tenedor de deuda, por mínima que sea su propiedad sobre los bonos, podría iniciar el juicio. Toda la deuda emitida durante el kirchnerismo no cuenta con la “cláusula antibuitre” que sí está incluida en la deuda lanzada durante los años de Mauricio Macri en el poder, y luego que el país soportara el “juicio del siglo” contra los fondos buitre. Así las cosas, y si el país no cumple con sus compromisos con el pago del Discount al 30 de julio, no habrá manera de evitar que la alternativa judicial en Wall Street se abra con resultados dañosos para el país.