Por Francisco Jueguen y R. Mathus Ruiz - El Gobierno y los principales acreedores del país acordaron estirar las negociaciones en un último intento de cerrar la brecha que los separa y alcanzar un acuerdo por la deuda antes del viernes, cuando vence la cuarta y última extensión del proceso de canje de los bonos bajo legislación extranjera.

Fuentes oficiales y del mercado en Buenos Aires y Estados Unidos confirmaron a la nacion que el Gobierno y los principales grupo de acreedores renovaron los non disclousure agreement (NDA, por sus siglas en inglés) hasta el fin de la semana.

El viernes pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había informado que los NDA se extinguirían hoy, y que en los últimos días de la semana el Gobierno presentaría la enmienda definitiva a la primera oferta oficial, que tuvo una muy baja aceptación.

La continuidad de las negociaciones hasta el último minuto ofreció nuevas evidencias sobre la voluntad del Gobierno y de los principales fondos de inversión que poseen bonos del último canje de deuda o emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri para llegar a un entendimiento que permita finiquitar un proceso que ya ha desgastado a todos sus actores.

Pese a las muestras de voluntad, las diferencias entre el equipo de Guzmán y los tres comités de bonistas se mantuvieron el fin de semana, aunque –según anticipó la agencia Bloomberg y confirmó la nacion– volvieron a intercambiarse propuestas que acercaron aún más las posiciones.

Según pudo saber la nacion, la diferencia está entre 49,9 centavos por dólar de valor presente neto, en promedio, a una tasa de salida, o exit yield, según la denominación en la jerga, de 10% que ofrece el Gobierno, y los 53-55 centavos que pretenden del otro lado. El Grupo Ad hoc, que integran BlackRock, Ashmore, Fidelity y otros grandes fondos, declinó responder pese a haber sido consultado.

“Todavía hay diferencias”, indicó una fuente familiarizada con el proceso. “Extensión”, confirmaron, escuetos, cerca del ministro de Economía, Guzmán. Desde el equipo negociador afirmaron que en el último proceso abierto hubo dos ofertas de dos grupos de acreedores.

Una proponía un cupón atado al PBI “verificado” por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa opción utilizada por Roberto Lavagna en el canje de 2005 todavía mantiene frentes judiciales abiertos por la manipulación estadística en el kirchnerismo, y algunos funcionarios creen que el monitoreo del Fondo es inviable.

Ese es uno de los motivos por los que en el Gobierno creen que el bono atado a las exportaciones es la mejor opción para cerrar la brecha. “Lo tienen que valorar justamente del otro lado”, contó un miembro del equipo de Martín Guzmán. En el Palacio de Hacienda creen que, clavados debajo de los 50 centavos por dólar con una tasa de descuento del 10% que fijaron como límite para la sustentabilidad de la deuda el FMI y el Gobierno, y sumando el warrant ligado a las exportaciones, se lograrían dos objetivos: Guzmán no amplificaría los flujos anuales para el pago de la deuda por encima de lo que considera sustentable y solo los modificaría en caso de un crecimiento de las ventas al exterior, y sumaría valor a su propuesta.

Propuesta con “endulzante”

La posibilidad de introducir un “endulzante”, un value recovery instrument (VRI, según las siglas en inglés), ligado a las exportaciones comenzó a cobrar forma la semana pasada. En medio del conflicto por la intervención y posible expropiación de la agroexportadora Vicentin, el instrumento incrementó el malestar en el campo, que lo ve como un sesgo “antiexportador” que implicará, a la larga, una mayor carga fiscal –más retenciones– en el sector más competitivo de la economía. El viernes pasado, a última hora, la Mesa de Enlace pidió por carta una audiencia con Guzmán.

La gran incógnita ahora es si el Gobierno y los principales acreedores del país lograrán cerrar la brecha que los separa y llegar a un acuerdo o si Guzmán hará lo mismo que hizo al principio del proceso: poner una oferta sobre la mesa y forzar a los inversores a tomar una decisión de “tomarla o dejarla”. En el mercado dudaban de que el Gobierno optara por esa movida –riesgosa–, y no descartaban que hacia el fin de la semana pudiera haber una nueva postergación, y el proceso se prolongara un tiempo más.

El Gobierno parece decidido por el momento a marcar una línea en el límite ungido por el staff del FMI, que consideró que “es difícil” ver como un canje que arroje un valor presente neto promedio de la deuda por encima del 50 por ciento asumiendo una tasa de descuento del 10 por ciento “puede ser consistente con restaurar la sostenibilidad de la deuda”.