Por Francisco Jueguen - “Esto se define en el último minuto”, dice un hombre vinculado a la reestructuración de la deuda argentina emitida bajo legislación de Nueva York. Sin embargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no deja nada librado al azar. Por eso, embarcado aún en charlas contra reloj con los acreedores privados del país, su equipo ya se prepara para la presentación de la nueva oferta, o para lo que bien podría definirse como la “última milla” en la negociación por la deuda.

Los tiempos administrativos ya están marcados en el calendario. El viernes cierra la tercera prórroga pedida por el Gobierno para acercar las posiciones con los tres comités de bonistas y los fondos de inversión con los que Guzmán busca acortar las brechas existentes.

Esa negociación será una referencia para los demás bonistas de títulos elegibles por hasta casi US$69.000 millones. Son los llamados “minoritarios”, quienes son –en rigor– más que los representados por los comités.

La brecha entre las posiciones que mantienen las partes podría superarse, según surgió en las últimas horas, con un bono condicionado a una variable de la economía. Esa variable serían las exportaciones.

Esa opción no cambia los flujos originales previstos por Guzmán y mantiene, según los cálculos del equipo económico, el objetivo de lograr la sustentabilidad de la deuda pública, pero les ofrece, a su vez, un “endulzante” a los acreedores si efectivamente crece la capacidad de pago del país. Sin embargo, todavía es algo que los fondos más duros se niegan a aceptar. Blackrock, Ashmore y Fidelity, entre otros acreedores a quienes esa idea no agrada, buscan un flujo mayor.

Si las conversaciones comienzan a encaminarse hacia buen puerto, tres fuentes confiaron a la nacion que aparece la posibilidad de un desdoblamiento entre anuncio y formalización de la enmienda de la oferta original que presentaría el ministro de Economía. “Puede ser la presentación el viernes y la formalización después del fin de semana”, adelantan, sin confirmar. “Todo se definirá a último momento”, vuelven a repetir los negociadores oficiales.

¿Habrá una presentación de la enmienda –o nueva oferta– con un acto similar al que se realizó en la quinta de Olivos, con gobernadores y la vicepresidenta Cristina Kirchner? “No creo que haya que hacer un acto para presentar una oferta a los bonistas”, dicen en la Casa Rosada.

“Supongo que será un acto administrativo del Ministerio de Economía. Lo de abril no fue un acto de presentación de oferta. Fue una reunión que queríamos hacer con Alberto y Cristina y todos los gobernadores desde hacía rato, y de paso buscar el apoyo de todas las provincias a la negociación, más allá de cuál fuera la oferta”, precisaron a la nacion. El Presidente tiene previsto viajar a Catamarca el último día de la semana, según su agenda actualizada a ayer.

Ese desdoblamiento entre presentación y “filing” ante la SEC abre un minúsculo espacio de negociación para detalles de último minuto, pero también amplifica levemente, en uno o dos días, el período de diez días que se abrirá una vez que el Ministerio de Economía presente su enmienda. Cada hora sirve a Guzmán para acercar al país a un acuerdo favorable y evitar el default, más allá de la cesación de pagos selectiva en la que ingresó el 22 de mayo último.

La oferta original implicaba una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital del 5,4% (US$3600 millones) y un período de gracia de tres años. Eso significaba que el Gobierno no tendría que hacer pagos hasta 2023.

Cuando presentó más detalles, Guzmán aclaró que de su oferta inicial surgía una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas, quitas de capital por bono de entre 12% y 18% para los papeles más cortos según la moneda, un esquema de “opcionalidades” para elegir los nuevos papeles y diluir el poder de los bonistas y vencimientos hasta 2047.

Con el tiempo y el avance de las negociaciones, la propuesta del Gobierno mutó, aunque aún sin una presentación formal ante la SEC. El Gobierno prácticamente eliminó las quitas de capital y bajó de tres a dos años el período de gracia, uno de los temas más debatidos junto con el reconocimiento de los intereses corridos en el período de gracia, entre otras mejoras aplicadas.