Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) reveló que la diferencia entre la oferta de canje de deuda del Gobierno y lo que piden los acreedores externos podría llegar hasta u$s8.000 millones, equivalentes a 4.234 hospitales modulares de emergencia, 32 millones de jubilaciones mínimas, 167 millones de AUH o 55 millones de pagos de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE).

¿Cuál es el origen de la deuda a reestructurar?

El 16 de abril pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó los lineamientos de la oferta inicial, que incluyó la reestructuración de 13 bonos en dólares, 7 en euros y 1 en francos suizos. “Si tenemos en cuenta que el 61% de la deuda es en Títulos Públicos, la oferta inicial del gobierno implica una parte de esos bonos, 21 en total, de los cuales 17 fueron emitidos por la administración anterior en 2016, mientras que los restantes son parte de la reestructuración de la deuda externa del 2005 y 2010”, indicó

Esa primera opción tenía un stock total a reestructurar de u$s66.238 millones, de los cuales u$s41.548 millones corresponden a los bonos lanzados por el último gobierno de Mauricio Macri.

En el horizonte de vencimientos de la propuesta del Gobierno, que va del 2020 al 2030, asoman bonos a canjear por u$s73.400 millones. En el corto plazo, hasta 2023, acumulan u$s27.500 millones. “Esto implica una gran carga de recursos a destinar para el pago de la deuda contraída con los privados en moneda y legislación extranjera, prácticamente insustentable en la situación actual de la economía argentina, y más luego de la aparición del Covid-19”, remarcó el informe de la Undav.

¿Cuánto es la deuda a pagar en el futuro?

Según el análisis académico, ese compromiso inicial implicaba pagar 7,8% del PBI actual durante los próximos cuatro años solo en este tipo de deuda y hasta un 20,8% del PBI actual en los próximos 10 años, en deuda externa privada. “Por eso la oferta inicial buscó una quita del 62% sobre los intereses y 5,4% sobre el capital, además de un periodo de gracia de tres 3 años (recién en 2023 se pagarían intereses)”, destacó el reporte.

Esa quita del 62% implicaba un recorte de u$s37.900 millones en intereses y u$s3.600 millones en capital, un 11,8% del PBI actual, sumando el recorte de intereses y capital. “Sin dudas es una descomprensión de pagos enorme que aliviaría fuertemente la actual situación de las finanzas nacionales”, remarcaron los expertos de la Undav. En cifras, con esta primera propuesta de reestructuración se pasaría de tener que pagar u$s73.400 millones a u$s29.929 millones (el 40%), lo que graficaba la intención del Gobierno de transformar en “sostenible y sustentable” el sobreendeudamiento externo descomunal que dejó la gestión anterior.

Sin embargo, la primera oferta fue rechazada por el 80% del total de los acreedores. Luego de dos extensiones en las negociaciones, ahora los bonistas analizan otra propuesta del Gobierno.

¿Cómo es la segunda oferta de canje de deuda a los acreedores?

“Quita de capital para algunos bonos de entre 12% al 7% (lo que implicaría una oferta de entre 47 y 48 centavos de dólar por cada dólar negociable), reducción de un año del plazo de gracia y adelantamiento del cronograma de pagos de varios bonos e inclusión de un bono que paga cupón a partir de 2022”, señaló el estudio de la Universidad.

Asimismo, destacó una “reducción” de las pretensiones de los acreedores: pasaron de una oferta de unos 65-70 centavos a unos 54 centavos por cada dólar negociable. “La diferencia actual radicaría en siete centavos de dólar por cada dólar de deuda a reestructurar. En términos numéricos, la diferencia actual es aproximadamente de entre u$s4.500 y u$s8.000 millones”, recalcó el trabajo elaborado por el Módulo de Políticas Económicas, del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.

¿Qué se puede hacer con la diferencia entre las ofertas?

Para tener una noción de lo que representa la diferencia de entre u$s4.500 y u$s8.000 millones, se puede comparar con cuánto representa en términos de algunos gastos relevantes de la actualidad:

 Se podrían construir entre 4.234 y 2.382 hospitales modulares de emergencia para luchar contra el Covid-19.

 Se podrían destinar al pago de entre 32 y 18 millones de jubilaciones mínimas actuales (incluido el último aumento del 6,3% de junio)

 Se podrían abonar entre 167 y 94 millones de AUH.

 Se podrían abonar entre 55 y casi 31 millones de Ingresos Familiares de Emergencia (IFE).

Más allá que el FMI ya declaró que la deuda externa actual es insostenible y avaló las quitas cuantiosas a los privados y del respaldo de la UNCTAD y países como Alemania, España y Francia, en los mercados se reitera la “necesidad de buena fe” para que los acreedores entiendan la situación en la que se encuentra el país y la voluntad que hay para conseguir un acuerdo y pagar con un cronograma lógico.