Por Néstor O. Sibona - El “supercepo” que rige desde esta semana, con más controles y restricciones de acceso al dólar oficial para frenar el drenaje de reservas del Banco Central, recuerda la metafórica descripción de un experimentado exfuncionario de la institución en una de las tantas crisis cambiarias de la Argentina. “Es como tratar de tapar con un dedo por vez, varios agujeros de un recipiente para evitar que se escurra el líquido; el problema es cuando llega el agujero número once”, graficó años atrás.

Ahora no alcanzan los dedos de ambas manos para contar las restricciones cambiarias aplicadas desde que el gobierno de Mauricio Macri reimplantó el cepo en septiembre de 2019 (US$10.000 mensuales por persona, reducidos luego drásticamente a US$200) y que fueron endureciéndose durante los seis meses de gestión de Alberto Fernández con la inédita pandemia incluida, cuyos efectos desbarajustaron la macroeconomía.

Un repaso no exhaustivo muestra la aplicación a fin de diciembre del impuesto “solidario” (PAIS) de 30% a la compra de esos 200 dólares y gastos con tarjeta de crédito en moneda extranjera (que de hecho sólo afecta a los turistas varados en el exterior); el virtual “feriado bancario” al comenzar la cuarentena (del 20 de marzo al 16 de abril) y la fijación del techo de 25% a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) para invertir en dólares. A esta decisión de la CNV se agregó el “parking” de 5 días para la compra y venta de divisas en los mercados legales alternativos (contado con liquidación y Bolsa). Luego el BCRA fijó primero en 30 y ahora en 90 días (anteriores y posteriores a cada compra de dólares vía CCL o MEP) la restricción para acceder al mercado cambiario oficial, que también se aplica –bajo declaración jurada– a los compradores del dólar solidario.

La prohibición para operar en CCL y MEP durante uno o dos años fue incluida además entre los requisitos exigidos a pymes, monotributistas, autónomos y grandes empresas (según el tamaño) para acceder a los créditos subsidiados del programa ATP. Y a fin de mayo el BCRA dispuso que los importadores con activos externos líquidos deberán utilizarlos para sus pagos al exterior (salvo que estén depositados en bancos locales) y que deberán pedir autorización previa para comprar dólares al tipo de cambio oficial.

No es de extrañar toda esta batería de medidas ante la escasez de reservas. Siempre que se aplican controles, éstos crecen y se multiplican; ya sea para neutralizar efectos no previstos o a quienes –por derecha o izquierda–, encuentran la forma de eludirlos. Pero también hacen que crezca y se multiplique la desconfianza, ya que cada parche suele ser el preludio de otro.

Una prueba es que entre mediados de abril y fin de mayo los depósitos privados en dólares cayeron en algo más de US$1300 millones. Otra, que en el mismo período se desaceleró la liquidación de exportaciones (buena parte de la cosecha se había vendido entre noviembre y diciembre, antes de la suba de retenciones), a la vez que se aceleró el pago de importaciones. Como consecuencia, el BCRA dejó de comprar dólares para pasar a venderlos y sus reservas brutas bajaron US$1273 millones (a 42.589 millones). Según el Estudio Broda, las reservas líquidas netas se ubicaban en US$4289 a fines del mes pasado.

Si bien el “supercepo” aquietó en estos días las cotizaciones del CCL y MEP, no evitó que ayer se ubicara en 81% la brecha entre el dólar mayorista ($69) y el blue ($125). Pero además aumentó la incertidumbre empresarial. El nuevo esquema de autorizaciones caso por caso no sólo se presta a demoras y discrecionalidad, sino que impide calcular qué tipo de cambio se aplicará a las importaciones y, por ende, el costo de reposición de los insumos para la producción industrial y agrícola en los próximos meses. No es lo mismo un dólar de $115 (CCL) que otro de $69. Como los precios suelen ajustarse con el más alto, tiene efectos inflacionarios y/o recesivos. De ahí que la UIA (personalmente) y la Cámara de Comercio (por carta) plantearan estas inquietudes al BCRA, que prometió un procedimiento estandarizado aunque sin precisar cuándo.

La postura oficial, expresada por Miguel Pesce y el propio Presidente ante empresarios, es que las nuevas restricciones son transitorias hasta que se defina la reestructuración de la deuda. Como contracara, las únicas certezas en el sector privado son que un default afectaría gravemente las perspectivas económicas pospandemia y que un acuerdo con los acreedores privados sería el primer paso de un largo camino para restablecer la confianza. Aunque permitirá aliviar futuros pagos de intereses y despejar un importante factor de incertidumbre, no aportará financiamiento externo al sector público durante mucho tiempo. De ahí que se esperen controles cambiarios para rato.

Mientras tanto, en los primeros cinco meses de 2020 el tipo de cambio oficial acumuló un alza de 12% (a través de miniajustes alineados con la inflación), el dólar CCL subió 35% y el blue 43%.

Intenciones aisladas

El problema de fondo, sin embargo, reside en que tal como está planteada, la actual política cambiaria no podrá sostenerse con más parches sin aumentar la desconfianza, expresada en la brecha que refleja expectativas de devaluación y mayor inflación esperada para los últimos meses de este año. El principal motivo es el aluvión de emisión de pesos para atender el mayor déficit fiscal, abultado por el fuerte desplome económico de la cuarentena extendida en el tercer año de recesión.

Por lo pronto, a nivel minorista el impuesto del 30% al dólar solidario hace que quienes compran a $92 en el mercado oficial (ahora con más restricciones), los vendan a $115 en el paralelo (casi el doble que la cotización oficial de compra). Así alimentan la economía en negro, con lo cual la exigua recaudación del impuesto PAIS se pierde con creces por la evasión de otros gravámenes. No por casualidad en abril (último dato) casi se triplicó (a 1.200.000) el número de personas que compraron dólares con respecto a los dos meses previos. A esto se agregan los tipos de cambio múltiples que surgen de las retenciones, con el caso extremo de los productores de soja que perciben $47 por dólar exportado.

Semanas atrás, antes de las últimas restricciones, el economista Pablo Gerchunoff consideró la política cambiaria como un “mamarracho” en un extenso reportaje con el diario Perfil. Aun así, aconsejó no modificarla mientras se negocia la deuda, sino que debería formar parte de un futuro programa económico.

Entretanto, a la hora de buscar una alternativa, algunos economistas (entre ellos Domingo Cavallo) se inclinan por una receta conocida: el desdoblamiento del mercado oficial, con un tipo de cambio comercial regulado y otro financiero libre (ahora sin demanda por viajes y turismo). Este último tiene la ventaja de no afectar las reservas del BCRA. Pero la historia le juega en contra: si no se reduce la brecha y escasean las reservas, crecen las presiones de los exportadores por un mix entre ambas cotizaciones hasta desembocar en una devaluación.

Sin un plan económico integral poscuarentena, que apunte a absorber el exceso de pesos, promover la inversión y las exportaciones, el debate es sólo teórico. Alberto F. recién comienza a balbucearlo con algunas intenciones aisladas y el acercamiento de Roberto Lavagna como señal de moderación. Al fin y al cabo, hay millones de dólares “encanutados” que nadie se atreverá a vender o invertir hasta que se aclare el panorama.