Por Javier Blanco - Las quejas empresarias por las nuevas restricciones cambiarias no se calmaron ayer, pese a la reunión que una parte de los hombres de negocios, los agrupados en la Unión Industrial Argentina (UIA), mantuvieron con las autoridades del Banco Central (BCRA).

Denuncian que los límites impuestos al acceso al mercado para pagar importaciones pueden derivar en un corte en el suministro de insumos, incluso de aquellos que luego forman parte de productos exportables, lo que no solo puede generar en algunos casos desabastecimiento, sino también impactar sobre las ventas al exterior. O en que parte de ellos se termine pagando al valor del dólar contado con liquidación (CCL), lo que impactaría sobre los precios locales.

Estas inquietudes fueron planteadas ayer por los dirigentes de la UIA al presidente del BCRA, Miguel Pesce, y por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mediante una carta dirigida al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“Pudimos conversar con las autoridades del Central e Industria para evaluar las medidas, tratando de ver los impactos que tienen en la economía real. Estamos trabajando sobre eso”, se limitó a decir Miguel

Acevedo, presidente de la UIA, a la nacion. “Acordamos una agenda de trabajo con la UIA para superar los inconvenientes que puedan surgir para la actividad productiva por la circular 7030”, dijeron desde el Banco Central, prometiendo establecer “un procedimiento estandarizado para dar curso a los pedidos de autorización de acceso al mercado a las empresas que deban importar insumos”,

La reunión virtual entre las partes se extendió por más de una hora. De ella participaron no solo Pesce y Acevedo, sino también el secretario de Industria, Ariel Schale. Además se sumaron por el BCRA su vicepresidente, Sergio Woyecheszen, y el director Arnaldo Bocco, y por la UIA, los directivos Martín Cabrales, Miguel Ángel Rodríguez, Martín Rapallini y el economista Diego Coatz.

Los diplomáticos dichos no alcanzaron a ocultar que en la reunión hubo pocos acuerdos. “Transmitimos nuestra preocupación por el impacto que pueden tener las medidas en el abastecimiento y en los costos, y planteamos nuestra queja por la retroactividad ampliada a 90 días en el caso de las empresas que hubieran operado CCL porque impacta en lo operativo. Por eso pedimos al BCRA mecanismos veloces de autorización del acceso al MULC a empresas que no tienen declarael ciones juradas”, confió uno de los empresarios asistentes.

Los representantes de la UIA le propusieron que se tome como referencia para limitar importaciones la deuda comercial de 2019, dado que ya había sido un año muy recesivo, algo que Pesce rechazó. Lo hizo envalentonado por el respaldo que recibió luego de que el presidente Alberto Fernández les pidiera a los empresarios, en Olivos, comprender que las restricciones son “temporarias” y les recomendara que hablen con sus gerentes financieros para que traigan al país “los dólares que estuvieron comprando”, en alusión a las operaciones que causaron una estampida del CCL hasta $140 hace algunas semanas.

“Se entiende el planteo en estas circunstancias, pero quién en su sano juicio ingresaría a 70 pesos un dólar que pagó por encima de 100 si además no le dejan trasladar ese sobrecosto a su estructura de precios”, replican en el sector industrial.

La CAC, por su parte, planteó a Cafiero dudas por “el grado de discrecionalidad que la comunicación 7030 permite al BCRA”.

“La nueva normativa plantea que los que tengan activos a los que recurrir necesitarán para acceder al mercado aprobación previa del BCRA, pero los criterios de aprobación no están definidos en la normativa ni tampoco los plazos máximos en los cuales el BCRA debería expedirse, lo que podría condicionar, en la práctica, el acceso directo a dicho mercado para quienes deban realizar pagos al exterior”, señala en un párrafo la misiva suscripta por el presidente de la CAC, Jorge Luis Di Fiori, y su secretario, Natalio Grinman.

La carta plantea la “preocupación” de este sector respecto de los impactos que la restrictiva norma podría tener en la actividad de las empresas, aunque reconoce que, bajo las condiciones macroeconómicas locales, “haya sido necesario establecer un control de cambios para estabilizar el stock y flujo de reservas, en un contexto de renegociación de deuda”.

Pero plantea que la norma es nociva en lo “referido al comercio exterior y el pago de obligaciones con extranjero”. “Más del 80% de las importaciones son esenciales para la industria (menos del 15% de las importaciones son bienes finales), por lo que el eventual entorpecimiento de la operatoria de comercio exterior por las dificultades del acceso al MULC dificultará la tan necesaria recuperación económica, imprescindible para la creación de empleo”, sostiene.

“Si en la práctica el criterio de discrecionalidad de aprobación del acceso al mercado genera una diferencia entre la cotización del dólar para importaciones según quien sea el que importe dado que quién no tiene activos formados en el exterior accede al MULC y quién los tiene debe disponer del stock de activos externos (que podría haber formado como autoseguro de cambio), puede suponer un trato desigual. Esto afectaría las condiciones normativas para las importaciones que están previstas en las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y nos expone ante posibles denuncias o reclamos internacionales”, insiste.

Para los empresarios agrupados en la CAC las nuevas normas representan un “lastre” para las posibilidades de desarrollo del país. De allí que reclaman que “los criterios de aprobación de acceso al MULC por parte del BCRA sean claros para evitar la discrecionalidad”.