Por Carlos Burgueño - Martín Guzmán le confirmó ayer a la Security and Exchange Commission (SEC), que el país y los acreedores se tomarán 10 días más para continuar con las negociaciones; y que, en consecuencia, la oferta del 8 de mayo (que recibió una aceptación mínima del 18,6%) se mantendrá en pie hasta el 12 de junio. Mientras tanto, continuarán las deliberaciones vía teleconferencias múltiples, donde las partes esperan continuar avanzando. La otra novedad confirmada ayer, es que nació una nueva interna entre los acreedores.

Los bonistas con deuda emitida durante los años de gestión kirchneristas se niegan a renunciar a un derecho que consideran adquirido: mantener la posibilidad de ejecutar juicios sumarios ante los tribunales de Loretta Preska si Argentina en el futuro no paga sus nuevos bonos de reestructuración. A los bonistas con títulos lanzados en el gobierno de Mauricio Macri, les da lo mismo. Esta es la nueva interna que ahora separa a dos de los grupos que representan a los acreedores con papeles emitidos bajo legislación internacional. Los bonistas K, inversores en los titulos Discount y Par, se niegan a aceptar la “cláusula antibuitre”, que limita sustancialmente las posibilidades de recurrir a los tribunales del segundo Distrito Sur de Nueva York, y que el ministro Martín Guzmán incluyó como cláusula para la emisión del todo el mix de títulos a emitir en esta nueva renegociación. La limitación es repetir el 100% del artículo que en su momento incluyó el entonces ministro de Economía y finanzas Alfonso Prat Gay, en el lanzamiento del bono del 2016 por u$s13.000 millones, aplicado para cancelar la deuda con los fondos buitre y cerrar parte del déficit fiscal y pagar los vencimientos de deuda externa durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri.

La cláusula implica que si los bonistas quisieran litigar sin más en el caso que el país en el futuro vuelva a incurrir en un default, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento del título, ni ejecutarlo de manera individual, ya que las liquidaciones judiciales (en caso de ganar un juicio en los tribunales de Nueva York) sólo podría realizarlas el Trustee/Bondholder Representantive (Comisario de la emisión). Además, y según la cláusula, no podría haber más juicios de manera individual, ya que si se venciera en esa acción de una sola persona individual o un sólo fondo de inversión, la liquidación sería colectiva en todos los bonistas, lo que reduce al mínimo el negocio de litigar contra el país, salvo que haya una masa crítica importante de tenedores de deuda que avancen en ese sentido. En esta cláusula “antibuitre”, sólo una acción colectiva y conjunta de todos los acreedores ante los tribunales de Nueva York podrían hacer funcionar la aceleación de las demandas.

La cláusula había sido diseñada casi artesanalmente por Prat Gay y el estudio de abogados neoyorquinos de Cravath, Swaine & Moore (CS&M), y que había reemplazado al Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (GS&H), y fue incluida luego en todos los contratos de emisión de deuda del macrismo de entre abril de 2016 y enero de 2018. Luego, los mismos inversores exigieron que la cláusula se eliminara ante el aumento acelerado del riesgo país argentino al ritmo de las dificultades financieras de la Argentina que estallarían luego en la firma de un acuerdo con el FMI y el incumplimiento actual. En ese momento era sólo una salvaguardia casi sin importancia, y que se incluía casi como necesidad para cubrir potenciales impagos futuros, impensados en ese momento donde el país prometía dejar de lado su lamentable historial de default.

Estas limitaciones no existen para los tenedores de bonos emitidos durante los años del kirchnerismo. Tal como ya adelantó este diario, tanto la deuda lanzada para salir del default en 2005, como luego del relanzamiento de la oferta en 2010, no incluye cláusulas especiales de limitación de presentaciones judiciales ante situación de default; con lo que el país no está protegido ante eventuales aceleraciones de presentaciones ante los tribunales de Nueva York. Como además hay que tener en cuenta el fallo de fondo del entonces juez Thomas Griesa dejó una jurisprudencia ampliamente negativa para el país (el juicio sería sumarísimo); los bonistas con deuda K tienen un derecho generoso para proteger sus inversiones.

Y, lo más importante, se niegan a renunciar a esta posibilidad, tal como reclama Guzmán. Al menos sin una retribución financiera importante. Y por fuera de la aplicación de un cupón PBI. Se estima que los bonistas en esta situación alcanzan los u$s8.000 millones, de los 66.000 millones que se renegocian; lo cual los coloca en una minoría que el Gobierno podría ignorar. Sin embargo se agrupan en el Grupo de Bonistas del Canje, quienes, junto con el Comité de Acreedores (el de Gramercy, Fintech y Greylock), más cerca están de aceptar el acuerdo. Los tenedores de deuda M que se nuclean en el Grupo Ad Hoc (BlackRock, Fidelity y Ashmore), siguen siendo los más duros. Otro problema que presentan los bonistas K, es que el gobierno necesita un aval del 88% para que la aceptación quede firme. Y que un juicio de estos bonos K emitidos para salir del default de 2001 sería sumarísimo.

Hay un tercer problema con los bonista K. Están representados, tal como adelantó este diario, por el temible abogado Denis Hranistky, el hombre que trabajó para Paul Singer en el Juicio del Siglo contra el país, quién dirigió la toma de la fragata Libertad en Ghana y que negoció con el special master Daniel Pollack el acuerdo final. Sin embargo ahora trabaja para el Grupo de Bonistas del Canje y defiende a los bonistas K; pero con una posición “friendly” para llegar a un acuerdo. Sin embargo, todos están alertas. Se trata de un profesional del caso; que podría cambiar de bando en segundos y que tiene toda la experiencia del mundo para que cualquier presentación en los tribunales de Preska tenga tratamiento sumarísimo. Especialmente si se trata de algún caso en contra del país.

Los bonistas K son los que marcan hoy los tiempos limites reales de la negociación. El próximo vencimiento importante que tendrá el país será el del Discount del 30 de junio. Si Argentina no pagará esos u$s566 millones, tendría un plazo de 30 días más. El nuevo vencimiento será entonces el 30 de julio. Ese día comenzaría el verdadero calvario judicial contra el país para el caso que no cumpla con sus compromisos.