Por Florencia Donovan - Las encuestas que tiene el Gobierno dicen que entre el 75% y el 80% de la gente está de acuerdo con que se arregle la deuda, y todo gobierno mira encuestas”, comentaba el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, en la última reunión vía Zoom de Adeba. “No veo tampoco que el Presidente vaya a involucrarse en una negociación si cree que puede fracasar”, continuó, mientras una decena de banqueros lo escuchaban. Brito vuelve a ser, para muchos en el establishment, quien mejor puede llegar a leer a un gobierno que no muestra las cartas. No solo por su llegada a Alberto Fernández, sino también por su buen vínculo con Sergio Massa, uno de los que mejor entienden de cuestiones económicas dentro del Frente de Todos.

El consenso en el sector privado es que es cuestión de semanas (está descontado que las negociaciones se extenderán más allá de mañana) que el Gobierno llegue a un acuerdo con los acreedores. Es de las pocas definiciones en materia económica que gozan de total respaldo de las distintas fuerzas que conforman la coalición gobernante. Quienes siguen el día a día de las conversaciones con los bonistas admiten que la tozudez (y honestidad intelectual) del ministro Martín Guzmán puede haber dilatado el acuerdo, pero también reconocen que hay voluntad política para acercar posiciones.

Hasta marzo, antes del coronavirus, la economía dependía de una renegociación exitosa de la deuda para empezar a salir a flote. Hoy, un canje de deuda es indispensable, pero ya no suficiente. La velocidad del deterioro económico desde que se desató la pandemia en el país es superior a la que se registró tras la salida de la convertibilidad. Es que el impacto de la crisis no se termina con el fin del aislamiento, sino que muchos creen que podría manifestarse con toda su fuerza una vez que la actividad avance hacia la “nueva normalidad”.

Alberto Fernández buscó dar en las últimas semanas señales de que en el Gobierno se trabaja ya con una visión de futuro, incluso habló de cuatro pilares y anticipó la necesidad de avanzar en una reforma tributaria. Pero el equipo económico por ahora está enfrascado en medidas que le permitan transitar la urgencia. Muchas de ellas entendibles en la coyuntura, pero que provocan serios cuestionamientos de mediano plazo en el empresariado.

Desde el gobierno de los Estados Unidos se lo hicieron saber esta semana a algunos de sus referentes en el país. El secretario Gustavo Beliz viene haciendo un trabajo fino para lograr el respaldo de la agencia de inversiones norteamericana (la EX-OPIC), pero los desembolsos y nuevos créditos para las empresas locales podrían estar condicionados a que la Argentina empiece a dar señales más firmes hacia a la comunidad internacional. “Hay distintas percepciones sobre el grado de compromiso que tiene la Casa Blanca y el apoyo que cree que tiene el Gobierno, que piensa que es irrestricto –resume una fuente que conoce como pocos el ámbito diplomático–. Estados Unidos quiere ver cuatro cosas: que haya un acuerdo con los acreedores, que empiece la negociación con el FMI, cómo evoluciona el clima de negocios para las empresas norteamericanas y cómo se posiciona la Argentina en temas como el 5G, China, Venezuela o Irán”.

En el empresariado local también existen dudas sobre la visión futura que tiene el Gobierno de la economía, cuando ya lleva más de 60 días de congelamiento de precios, sin visos de que cambie. El Presidente, por su parte, desechó la semana pasada “ideas locas” de que el Estado busque quedarse con las empresas. Pese a lo que trascendió, lo cierto es que la diputada Fernanda Vallejos, a quien se le atribuyó la idea, no llegó siquiera a escribir un proyecto al respecto.

Existe apenas un borrador de una modificación a la ley de concursos y quiebras, que algunos atribuyen sin demasiada certeza a La Cámpora, que comenzó a circular en el círculo rojo. En él se establece que en caso de que empresas requieran asistencia financiera, el Tesoro podría aportar capital para un programa de “asistencia de último recurso”. Se trataría en principio de casos de empresas en las que el Estado tengan un “interés de orden público” o estratégico. Pero no se habla de participación en la gestión.

Para algunos no sería descabellado un interés del Estado en los casos de Vicentín y Molino Cañuelas, empresas que juntas suman deudas por US$3000 millones. La primera es la empresa con mayor capacidad de molienda de la Argentina (y la única cerealera que no está en manos extranjeras), mientras que la segunda es la principal productora de harina. Por ahora, todas especulaciones.

Los desafíos que enfrenta el Gobierno posaislamiento son muchos. El economista Luciano Cohan advierte, no sin preocupación, que el desbalance monetario es hoy solo comparable al que se dio durante la gestión de José Ber Gelbard, a comienzos de los 70. Es una variable que en el directorio del BCRA no desconocen. La entidad es, en definitiva, la única fuente de recursos que tiene el Tesoro. El problema es que, como el virus, la inflación parece más o menos controlada con el confinamiento, pero podría repuntar apenas se flexibilice si no hay una solución de fondo.

Anclar el dólar, una vez más, se ha vuelto una solución de corto plazo. Aunque en el BCRA siguen con preocupación la pérdida constante de reservas. Y entran en la disyuntiva de tener que regular conductas especulativas que se generan por sus propias políticas. Las más recientes medidas cambiarias provocaron un tembladeral entre las empresas. El viernes, la petrolera PAE no pudo cancelar el pago de un préstamo sindicado en dólares y pidió tiempo a los bancos hasta hoy para adecuarse a las nuevas normas.