Por Daniel Blanco
Gómez -Después
de extender hasta el 2 de junio el plazo para renegociar los USD 66.000
millones de títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera, el Gobierno siguió conversando el fin de
semana -y lo seguirá haciendo- con los acreedores en busca de un acuerdo. Infobae hizo
un repaso de la saga aún en desarrollo para intentar evitar un default abierto
y definitivo.
Argentina
incumplió un pago y entró en default
Argentina incumplió
el viernes 22 el pago de 503 millones de dólares en intereses de bonos, lo que
dejó al país a las puertas de su noveno default en historia de Nación
independiente. Ocurrió en
medio de una compleja negociación con acreedores. Según el Director de Research
for Traders y especialista en deuda Sebastian Maril, se trata de un default controlado. Es decir, una
reestructuración anticipada y negociada con buena fe para evitar la cesación de
pagos.
Sin embargo, la asociación que agrupa a los traders de los mercados
emergentes (EMTA) ya declaró que los bonos soberanos deberían cotizar “flat”,
como reflejo del default. Tampoco la Calificadora
de riesgo Moody’s y la revista The Economist agregaron adjetivos al sustantivo
de “default”.
Según precisó una fuente oficial a Infobae,
la semana próxima habrá una notificación del trustee (agente fiduciario) de los
bonos a los tenedores avisando del incumplimiento en el pago dentro de los
plazos previstos en el prospecto del título, tal como se procedió en el caso de
la provincia de Buenos Aires. Como
este lunes es feriado, la comunicación se hará seguramente el martes 26.
El Gobierno y los acreedores coincidieron en remarcar que como las
partes están negociando esta falta de pago no sería en principio de gravedad si
puede ser enmendada rápidamente mediante un acuerdo de canje en el corto plazo.
El plazo
para negociar
El Ministerio de
Economía oficializó la extensión hasta el 2 de junio próximo, del plazo para
renegociar los USD 66.000 millones de títulos de deuda emitidos bajo
legislación extranjera,
con el objetivo de continuar el diálogo. Fue a través de la Resolución 243/2020 publicada en
el Boletín Oficial, que
prorrogó también la fecha de anuncio de los resultados de la Invitación a
canjear para el 3 de junio.
La normativa destacó que el Ministerio está analizando sugerencias con
el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo
legislación extranjera por lo que, “en este contexto, se considera necesario
realizar una nueva extensión para continuar las discusiones y propiciar un
marco adecuado para que los inversores continúen contribuyendo a una reestructuración
exitosa”.
El plazo previo
para que los tenedores informen si aceptaban entrar al canje de deuda estaba
previsto para el viernes 22 a las 17 horas de Nueva York (18 de la Argentina).
Esta segunda ampliación, en la que el resultado de la negociación se
difundiría el 3 de junio y la liquidación de los nuevos títulos se realizaría
el 8 de junio, probablemente sea seguida de una tercera, tal como se define en
el Suplemento del Prospecto de canje.
Toma y
daca, ofertas y contraofertas
En las conversaciones del fin de semana hubo acercamiento, pero las
diferencias siguen siendo importantes. En términos de “Valor Presente”, la
Argentina mejoró su oferta a unos 40 centavos por dólar de deuda a restructurar
y el acreedor de mayor peso y más exigente, BlackRock habría disminuido sus
pretensiones de 60 a entre 53 y 55 centavos.
Para los observadores no especializados, esta reducción puede parecer
altamente abstracta, que se hace más clara si se revisa el punto de partida de
cada uno, como hizo Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de la Fundación
Mediterránea. La
oferta original elaborada por el ministro Guzmán y que fue rechazada por
aproximadamente el 85% de los acreedores, implicaba que entre los años 2020 y
2025 (plazo en que los vencimientos, según la estructura actual de la deuda,
suman USD 37.600 millones), la Argentina pagaría USD 2.100 millones, despejando
casi por completo el período de gestión presidencial de Alberto Fernández. La
primera contrapropuesta de BlackRock difiere en nada menos que USD 10.500
millones con la pretensión oficial, pues implica un flujo de pagos de USD
12.600 millones entre 2020 y 2025 y, además, reduce de tres años a uno el
período de gracia que pretendía el gobierno. En abstracto,
esas diferencias se achicaron este fin de semana, pero la brecha es todavía muy
grande.
Por otra parte, a
los acreedores les molestó que Guzmán dijera que habían renunciado expresamente
a la posibilidad de pedir una “aceleración” y declaración por el impago de los
USD 503 millones del 22 de mayo, porque sus obligaciones fiduciarias les
prohíben hacer ese tipo de compromiso. Sí, aclararon,
consideraron razonable no reclamar ese dinero en la medida que está incluido en
el menú que se sigue negociando
“Las negociaciones continúan por un sendero que consideramos positivo.
Mi visión es que estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las
dos partes”, dijo el viernes Guzmán a la agencia Reuters. "Aún
hay una importante distancia que cubrir, pero todas las partes están a la mesa
para encontrar una solución. Para Argentina, es la esencia que el acuerdo esté
alineado con la capacidad de pago del país” fueron las
últimas palabras que pronunció públicamente antes de la maratón de
videoconferencias del fin de semana, en las que fue secundado por el secretario
de Finanzas, Diego Bastourre,
y el director ejecutivo por la Argentina en el FMI, Sergio Chodos.
Acreedores
con la guardia en alto
Sin embargo los tres comités de acreedores -Ad Hoc, Comité de Acreedores y el Argentina Exchange Bondholders- no
están aún convencidos de que Guzmán haya modificado su estrategia y
vuelva a realizar una oferta que, aunque superior a la inicial, siga siendo
unilateral -es decir, no acordada previamente- y por lo tanto expuesta a un
masivo rechazo.
Antes de los encuentros virtuales del fin de semana, el grupo Ad Hoc,
que lidera el fondo Blackrock,
había dicho mediante un comunicado que "durante
el último mes, la Argentina no ha tenido prácticamente ninguna comunicación
sustancial con sus acreedores”. El fin de semana, en cambio, el Exchange
Bondholders Group, informó que había acordado un compromiso de confidencialidad
con el Gobierno, que seguramente -especulaba- había hecho lo propio con los
otros dos comités.
Por eso, mientras conversan, los
acreedores ya encargaron a sus estudios de abogados tener toda la artillería
litigiosa lista para presentarla en Nueva York si las conversaciones no llegan
a buen puerto. “Las
acciones hablan más que las palabras”, dijeron desde un Comité, concepto que
vale tanto para los arreglos voluntarios como para los demandas judiciales.
La
posición de Alberto Fernández
El Presidente aseguró que quiere “que
el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos”,
pero también que quiere alcanzar un arreglo “sin que eso signifique una nueva
postergación de nuestro pueblo”. Resta ver cuán elásticas son
esas palabras para laudar -o no- aquella diferencia de USD 10.500 millones
entre la oferta inicial de Guzmán y la primera contrapropuesta de BlackRock que
para el flujo total de pagos durante todo el período que abarca la
restructuración se estira a USD 23.300 millones, entre los USD 18.300 millones
implícitos en la oferta argentina y los USD 41.600 millones de la
contrapropuesta acreedora.
Lo cierto es que se avecinan días de
tensión, que pondrán nuevamente a prueba la cotización de los bonos argentinos
(y su contracara, el riesgo-país), las reservas del Banco Central y la
cotización de los dólares “alternativos”, en particular, el “blue”.
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