Por Carlos Burgueño - Superada la traba del próximo viernes y con el país seguramente en default pero sin posibilidades de que los acreedores avancen en juicios sumarísimos contra la Argentina, desde el lunes el Gobierno tendrá un panorama más tranquilo y despejado para discutir con los acreedores. La nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo será el 30 de julio, con lo que Martín Guzmán tendrá dos meses y 10 días más para evitar, ahora sí, que el país llegue a un default. Pasada esa fecha, el Ministerio de Economía no tendrá más oportunidades.

Según el cronograma de compromisos financieros con deuda emitida fuera de la jurisdicción local, el mayo no hay vencimientos de este tipo, con lo que el panorama hasta fines de junio está despejado. Esto le permitirá a Guzmán contar con un largo mes para negociar, sin apremios inminentes. Los tiempos se acelerarán recién a fines de junio. El 30 del próximo mes, según el listado de vencimientos bajo jurisdicción de Nueva York, habrá que liquidar unos u$s566 millones correspondientes a uno de los vencimientos habituales del Discount en dólares. Si se tiene en cuenta que se puede especular con el reglamentario período de gracia de 30 días hasta que efectivamente se concrete el default, la frontera definitiva se corre al 30 de julio.

Esto le da automáticamente a Guzmán desde el lunes, un plazo lo suficientemente amplio como para poder negociar con mayor tranquilidad con los acreedores; algo fundamental para los tiempos que se vienen. En este período de discusiones, las partes tienen que debatir cómo terminan de distribuirse las pérdidas por unos u$s7.000 millones, el dinero que separa las ofertas y contraofertas que ya están sobre la mesa para un acuerdo final. Se trata de discusiones de relojería, donde cada avance de cada una de las partes y cada dólar que una le reconozca a la otra implica un dólar más que deberá pagar la Argentina o que cederán los bonistas. Estos dos meses y 10 días servirán para que cada capítulo a discutir (quita de capitales, nivelación de intereses, pagos de cupones, legislaciones de salvaguarda, etc), puedan ser debatidas con mayor tranquilidad, con un tic tac más lento que el que Guzmán tenía hasta hoy.

La fecha del 30 de julio es el límite, inamovible que tendrán el ministro y el Presidente para alcanzar el acuerdo que evite el default y deje cerrada la alternativa de abrir puerta de los tribunales del segundo Distrito Sur de Nueva York. A diferencia de lo que ocurre con el vencimiento del viernes de los Global 21, 26 y 46 por unos u$s503 millones, el diseño de los Discount que vencen en junio y cuyo plazo de gracia de pago termina en julio, señala que si el país no paga, los acreedores tienen 100% habilitada la posibilidad de avanzar en juicios por miles de millones de dólares contra el país en el juzgado de Loreta Preska. La diferencia entre los Globales y los Discount, en cuanto a las posibilidades reales y rápidas de litigar contra el país son claras.

Como adelantó ayer este diario, casi toda la deuda a renegociar emitida durante el gobierno de Mauricio Macri incluye una cláusula antibuitre que dificulta y traba la posibilidad de avanzar en un juicio contra el país, aún en default. Para poder litigar ante una situación de deuda impaga, y si los bonistas quisieran avanzar en litigios, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento de los títulos; ni ejecutarlos de manera individual, sino de manera colectiva. Y bajo la representación del Trustee/Bondholder Rerpresentative (Comisario de la emisión). Además, y según la misma cláusula, si se avanzara en un juicio individual, en el caso que el acreedor triunfara, el dinero que reciba deberá coparticiparlo en el resto de los tenedores de deuda que también se hayan presentado en el litigio. Así, solo si todos los tenedores de esa deuda se presentaran a reclamar en el tribunal de Preska, recibirían el 100% del dinero que reclaman. Ante este panorama, sólo un default generalizado justificaría la apertura de los tribunales para reclamar por la deuda emitida desde el 2016 en adelante.

No es el caso de los Discount, y de toda la deuda lanzada durante el gobierno de Néstor Kirchner luego del default de 2001. Como la Argentina comprobó durante el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, no hay cláusula o salvaguarda en la emisión de toda esta deuda que proteja al país de los juicios inmediatos en los tribunales del segundo Distrito Sur de Nueva York. Más teniendo en cuenta que el fallo de Thomas Griesa en contra del país dejó una jurisprudencia contraria para toda la deuda emitida durante el kirchnerismo, con lo que cualquier simple presentación ante un default argentino derivaría en una aceleración de las causas ante Preska, no sólo correspondientes a los pagos del Discount, sino del bono Par, también emitido durante el gobierno de Néstor Kirchner. En total, la deuda que podría reclamarse llegaría a los u$s8000 millones, curiosamente casi el mismo monto que alcanzó el “juicio del siglo”. La denominación real del Discount es Títulos Discount en Dólares Estadounidenses Regidos por la Ley de Nueva York con Vencimiento en Diciembre de 2033, y su nombre de batalla en el mercado de capitales es el DICYD y paga intereses por 8,28%. Se liquida cada 30 de junio y 30 de diciembre. La propuesta original de Guzmán para canjearlo es la emisión de un título con vencimiento en 2039, que comenzaría a pagar intereses del 0,6% en el último trimestre de 2023, ascendiendo a un 1,75% entre 2024 y 2025; 4% entre 2026 y 2027 y 4,5% desde 2028. Desde 2029 se harían 11 liquidaciones de capital anuales hasta terminar el ciclo en 2039. Obviamente fue una de las opciones más rechazadas de toda la propuesta original de Guzmán, y donde más se está trabajando hoy con los acreedores para conseguir un acuerdo. Los tenedores del Discount, además de mejoras sustanciales en los intereses (quieren 4,5% plano en toda la serie y liquidaciones de capital anticipadas), exigen un cupón PBI entre 2021 y el primer pago de 2023. Economía la rechazó de plano y se espera que desde el Excel de Guzmán aparezca una nueva oferta.

Sabe el Gobierno (se lo advirtieron los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton), que debe ser algo más generoso que el resto de los bonistas (los tenedores de deuda emitida bajo la gestión Macri), ya que se necesitaría un aval del 88% para que la aceptación quede firme. Y que un juicio de estos bonos K emitidos para salir del default de 2001 sería sumarísimo.