La creciente brecha cambiaria entre el dólar oficial y los alternativos, sumada a una fenomenal caída de la recaudación de impuestos, impulsaron al Gobierno a poner el foco en los grandes contribuyentes de la economía argentina. En ese marco, la AFIP anunció ayer que ajustará el control sobre las grandes empresas y, sobre todo, sus movimientos de divisas.

Tal decisión quedó enmarcada en la resolución general 4717/20, que firmó Mercedes Marcó del Pont y que se publicó ayer en el Boletín Oficial. La norma incrementa las herramientas de control y fiscalización de operaciones internacionales mediante mecanismos que acotan el margen de acción en materia de precios de transferencia de los grandes contribuyentes.

La bibliografía sobre precios de transferencia en la AFIP tiene por lo menos una década. Tales herramientas, impulsadas por la OCDE, sirven para evitar la erosión de las bases imponibles (sobre las que se tributa) en distintos países. Se trata de un arma contra la elusión fiscal.

“La idea de establecer precios de transferencia sirve para que las empresas no fijen utilidades con sus empresas vinculadas en mercados o países donde se pagan menos impuestos para evitar pagar gravámenes en sus propios países”, afirmó un especialista. “Pero esto excede el campo de lo tributario. En ese contexto de brecha cambiaria parece que el Gobierno busca que las grandes empresas no les sobrefacturen o subfacturen a otras empresas, principalmente a sus propias casas matrices, para acceder al mercado oficial del dólar”, completó.

En un mercado con muy poco volumen, ayer la brecha entre el dólar oficial y los alternativos (el contado con liquidación o el MEP) llegó a estar por encima del 80% (más información en la página 18). Ese gap superó el mayor nivel que llegó a tener en todo el anterior período de cepo cambiario (2011-2015).

No es la primera medida que toma la entidad que dirige Marcó del Pont vinculada al tipo de cambio. Horas atrás reinstauró los “valores referenciales de exportación de carácter precautorio” en la Dirección General de Aduanas (DGA) a través de la resolución 4710.

Según reconoció la AFIP, dentro de la resolución sobre precios de transferencia “se incluyeron herramientas para, por ejemplo, limitar algunos instrumentos utilizados para la elusión de impuestos, y en el caso de la Argentina, la fuga de capitales”.

La nueva normativa prevé mecanismos para limitar los posibles “abusos” que pudieran ser cometidos a través de operaciones entre firmas vinculadas (entre ellas, automotrices, alimentarias, laboratorios, entre otros sectores importantes) y al momento de deducir gastos de las empresas en concepto de marketing, publicidad y promoción.además, busca evitar“desvíos” en las transacciones vinculadas a la investigación y el desarrollo.

“Una práctica habitual en algunos grupos económicos es la de localizar conceptualmente un principal en una jurisdicción conveniente, y remunerar la investigación y desarrollo realizada en países como la Argentina sobre la base de gastos en salarios más un margen. La resolución introduce la posibilidad de analizar si en la práctica el sujeto local participa en la toma de decisiones estratégicas, a los fines de determinar si debería participar en las ganancias de dichas investigaciones”, especificaron cerca de Mercedes Marcó del Pont.

La resolución incorpora cambios en los formularios que deben presentar las empresas cuando las operaciones de importación y exportación de bienes entre las partes independientes en su conjunto superen la suma de $10 millones por período fiscal.

De la misma manera, se modifican los sujetos obligados a presentar el Estudio de Precios de Transferencia. Se incluye a aquellos cuyas operaciones efectuadas con firmas vinculadas en el ejercicio fiscal resulten iguales o superiores a $30 millones, según la AFIP. “También deberán presentar esos informes cuando realicen operaciones con sujetos localizados en jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja tributación”, agregaron.

“En línea con las recomendaciones del Plan de Acción BEPS, contra la erosión de la base y el desvío de utilidades (por sus siglas en inglés), de la OCDE-G20, la normativa también requiere a los grupos económicos con ingresos anuales superiores a los $2000 millones a presentar los llamados ‘Informes Maestros’, en los que deberán desglosar ingresos, beneficios, impuestos y otros atributos de cada grupo por cada jurisdicción fiscal, informes país por país”, cerraron.

La decisión de la AFIP no se da solo en el marco de la creciente brecha cambiaria. A eso se suma una fenomenal caída de la recaudación impositiva (solo en marzo se desplomó 25 puntos porcentuales), que se espera que se profundizará con los números de abril, momento en que la cuarentena frenó 100% la actividad económica en la Argentina y buena parte del mundo.

La diferencia entre los tipos de dólares en el país recrudeció en momentos de creciente incertidumbre económica, cuando el Banco Central (BCRA) inyecta una significativa cantidad de pesos a la economía pese a la poca demanda, y pocos días antes del cierre de la renegociación de la deuda entre el Gobierno y los bonistas con deuda bajo legislación extranjera.