Por Román Lejtman - Alberto Fernández tiene que despejar tres interrogantes a pocos días de la expiración de la oferta presentada a los acreedores privados que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos de la Argentina. Y cómo despeje estas dudas, así ejecutará la estrategia de negociación que diseñó junto a su ministro de Economía, Martín Guzmán.

Esos interrogantes del Presidente se vinculan a los efectos económicos y financieros de un eventual default, cuánto se puede flexibilizar la propuesta oficial sin romper los acuerdos de sostenibilidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y si se sentará a negociar con los bonistas para esquivar una demanda multimillonaria contra la Argentina en los tribunales de New York.

Alberto Fernández no tiene intenciones de caer en default y apuesta a una negociación de buena fe con los acreedores privados. Sin embargo, el jefe de Estado no descarta esa posibilidad ante la reticencia de los bonistas para acercar una propuesta que permita encontrar una ecuación de pagos que satisfaga los intereses de ambas partes.

En Olivos se monitorea la evolución del dólar blue, y la escalada de las últimas horas -llegó a 138 pesos ayer al cierre- se la vincula a la incertidumbre económica atada a la negociación de la deuda externa. Entonces, el cálculo político es fácil de explicar: cuánto más se devaluaría la moneda nacional, si el próximo 22 de mayo no se pagan USD 503 millones por intereses del bono Global, y el país se declara en default.

Martín Guzmán asegura que el tipo de cambio se ajustará por el índice de inflación, pero ya es obvio que habrá un corrimiento de precios basado en la diferencia de la cotización oficial del dólar y el paralelo. Y eso llevaría a una suba de los precios de la canasta familiar, al incremento de los niveles de pobreza y a la imposibilidad de los empresas a enfrentar sus deudas privadas en dólares.

Alberto Fernández asume la complejidad de un eventual default vinculado a un fuerte stress de la economía nacional y la precaria situación social, y ya está buscando otras alternativas que impliquen presión sobre los fondos para acercar posiciones y lograr un borrador de acuerdo antes que venza la oferta el próximo 22 de mayo.

“Aún estamos lejos. Nosotros proponemos una quita de 70.000 millones de dólares. Y los bonistas quieren que esa quita no exceda los 35.000 millones de dólares. Se trata de plata, se negocia por plata, y se va resolver cuando se arreglen los montos de la plata que finalmente vamos a pagar", explicó a Infobae un integrante del gobierno que conoce los detalles de la negociación.

Alberto Fernández y su ministro de Economía diseñan una arquitectura financiera que respete los acuerdos sobre sostenibilidad de la deuda que se negociaron con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. Y a su vez, obligados por la ausencia de consenso con los acreedores privados, el presidente y Guzmán tienen que encontrar una formula que acerque posiciones y deseche la hipótesis del default selectivo.

Todas las variables están bajo consideración: suba de los intereses a pagar, reducción del período de gracia, eliminación de la quita de capital y un premio atado al bono. Pero esta arquitectura financiera tiene un límite que sólo Alberto Fernández puede empujar: los informes de sostenibilidad de la deuda que publicaron la Argentina y el FMI para sostener la oferta que se hizo a los bonistas de Wall Street.

Guzmán explicó que Argentina sólo pagará 300 millones de interés en noviembre de 2023. Esa cifra no es un hecho casual y responde a la relación de Producto Bruto Interno (PBI) y pago sostenible de la deuda que se acordó entre la Argentina y el FMI. El staff del Fondo -liderado por Georgieva- fijó las reglas del juego, y continuación Alberto Fernández y su ministro de Economía cerraron el círculo sobre los acreedores privados.

En este contexto, el jefe de Estado y Guzmán deberán negociar una reforma de las condiciones sustentabilidad de la deuda fijadas por el FMI, si estiran los montos a pagar para cerrar un acuerdo con los bonistas. No sería una circunstancia inédita: sucedió en la crisis de la deuda de Ucrania, que finalmente logró una quita de 3.800 millones de dólares, 4 años de período de gracia y un pago de intereses anual.

“Si implica una operación de deuda definitiva, tiene una contribución apreciable de los acreedores privados, y de verdad no complica la sostenibilidad de la deuda, creo que se autorizaría la ampliación de las condiciones ya previstas”, explicó a Infobae un funcionario del Fondo que participó de las negociaciones con Ucrania.

Guzmán está en contacto permanente con Georgieva, y asume que avalará correr una proporción razonable los límites de la relación PIB-Deuda Externa, si ello contribuye a acordar con los acreedores privados y escapar de un default multimillonario.

Alberto Fernández respalda como único negociador" a Guzmán. Pero el ministro de Economía tiene un problema irresoluble: los acreedores privados desconfían de sus métodos, y más aún cuando decidió revelar la primera oferta presentada por BlackRock para resolver la crisis de deuda.

El presidente ya escuchó las críticas de los fondos, y no se cansa de repetir adentro y afuera de Olivos: “Martín está a cargo. Y nadie más”.

Los embates de los bonistas esconden su propia crisis de representación. No es casualidad que haya tres conglomerados distintos y no es una estrategia deliberada que hayan llegado a Guzmán distintas propuestas redactadas en New York y Londres.

Esta disparidad de oferta y de mandatarios, responden a un hecho puntual: los acreedores privados tienen distintos títulos soberanos, y esa diversidad marca las condiciones de las contraofertas que ya se remitieron al Ministerio de Economía. Todos piden menos quita, y más intereses. Pero son propuestas heterogéneas desde su arquitectura financiera y es muy difícil completar un rompecabezas que cotiza 66.000 mil millones de dólares.

Desde esta perspectiva, Alberto Fernández se sumaría a la mesa de negociación cuando se hayan terminado los tironeos entre los bonistas, Guzmán pueda replicar con una oferta pulida sin violar los límites fijados por el FMI, y el deadline sea inminente e impostergable.

La fecha oficial de cierre, es el 22 de mayo. Sin embargo, pueden plantearse tres situaciones diferentes:

1. Default por ausencia de acuerdo.

2. Extensión del plazo de negociación

3. Declarar desierto el canje para formular una nueva oferta que refleje el acercamiento con los acreedores privados.

Antes de ejecutar cualquiera de las tres variables, el presidente agotará todas las instancias frente a los bonistas de Wall Street. Néstor Kirchner (2005) y Cristina Fernández de Kirchner (2010) participaron de las negociaciones para cerrar los canjes con los acreedores privados, y Alberto Fernández está dispuesto a repetir esa experiencias políticas.

Quedan siete días. Y el reloj corre. Tic tac.