Por Daniel Blanco Gómez - El presidente Alberto Fernández reiteró esta tarde que el Gobierno sigue “dialogando y negociando” con los acreedores, a quienes les pidió que hagan una contraoferta razonable. “Si hay una contraoferta razonable, no tenemos empacho en analizarla, pero que la hagan”, insistió el jefe de Estado en declaraciones a radio Rivadavia.

Al igual que lo hizo el lunes en una entrevista con el canal C5N, Fernández dijo que “el deseo del Gobierno es no defaultear”, y enfatizó que el propósito es “pagar lo que Argentina pueda”.

En ese contexto, economistas consultados por Infobae señalaron que el hecho de que el Gobierno haya extendido el plazo de negociación con los bonistas internacionales hasta el 22 de mayo sigue despertando una positiva expectativa aunque advirtieron que esperar una contrapropuesta parece “un hecho de debilidad”.

Asimismo, afirmaron que si Argentina logra posponer los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) o lograr un mejor cronograma de desembolsos, “existe margen para mejorar la propuesta aun cumpliendo con los conceptos de sustentabilidad”.

“Creemos que los bonistas básicamente se van a concentrar en cuatro elementos. El primero es que se reconozcan en la propuesta los intereses corridos. Segundo, un menor periodo de gracia o algún reconocimiento de intereses por esos tres años que el gobierno dice que no va a pagar nada. En tercer lugar, alguna mejora en el interés promedio. Y por último, en reducir el nivel de quita que en los bonos más cortos es del 12%”, afirmó a Infobae Rodrigo Álvarez, economista de Analytica.

Sin embargo, consideró que el Gobierno no va a estar dispuesto a ceder en esas cuestiones. “Creo que el Gobierno ha dejado margen de acción. Nuestra impresión es que caer en default es el peor camino y que Argentina tiene margen para mejorar la propuesta sin perder el criterio de sustentabilidad”, aseveró.

En ese sentido, agregó: “Creemos que los incentivos para llegar a un acuerdo están dados y el margen de maniobra también”.

Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global, analizó la estrategia del Presidente de aguardar la contrapropuesta de los bonistas y afirmó que parece “un hecho de debilidad” por parte del Gobierno.

“Primero fueron con una propuesta agresiva sin haber consensuado. Y ahora ponen el problema del lado de los acreedores. Los incentivos para resolver el problema están más del lado de Argentina”, afirmó al tiempo que añadió: “El Gobierno está pidiendo una contraoferta para contrastarla con la de Martín Guzmán y llegar a un punto medio”.

No obstante, dijo que es importante que “no se haya pateado el tablero de la negociación”, aunque remarcó que “el tiempo corre”. “Si se mantiene la postura de Argentina de no pagar y no sacar más dinero de las reservas para pagar intereses entonces se va a complicar”, sostuvo.

Cabe recordar que Alberto Fernández decidió extender la vigencia de la oferta a los bonistas hasta el 22 de mayo a las 17.00, hora de Nueva York. El Presidente apuesta a un acuerdo con los fondos que invirtieron USD 66.000 millones en títulos soberanos de la Argentina para esquivar la posibilidad de un juicio por default en los tribunales de Nueva York.

En tanto, la fecha del 22 de mayo no es un hecho casual. Ese día vence el período de gracia de un pago de USD 503 millones de intereses del bono Global, y Fernández se puso ese límite para acercar posiciones con los acreedores privados. Si el 22 de mayo no hay acuerdo con los fondos, y al final no se paga estos intereses vencidos, Argentina caería en default.

Gustavo Ber, economista del estudio homónimo, dijo a Infobae que aun cuando las negociaciones siguen sujetas a idas y vueltas al ritmo de tironeos por el valor presente neto de la oferta, “que las autoridades hayan extendido el plazo hasta el 22 de mayo sigue despertando una positiva expectativa entre los operadores, y así es que se extienden las fuertes recuperaciones de los activos locales desde castigadas valuaciones”.

 “A pesar de esto, que se haya abierto dicho espacio es condición necesaria aunque no suficiente para poder llegar a un acuerdo con los bonistas a tiempo. Ahora la atención se traslada a que rápidamente se puedan acercar los valores entre las partes, concentrándose especialmente en reducir el período de gracia, capitalizar los intereses, mejorar los cupones y eliminar la quita de capital, con el propósito de mejorar el valor, lo cual sería indispensable para elevar sustancialmente los niveles de aceptación”, detalló.

En esa misma línea, Federico Furiase, economista y director de Eco Go analizó: “Los tiempos están ajustados pero el gobierno tiene margen para mejorar la propuesta y acercarse a un Valor Presente Neto en torno a 50 descontado a una tasa del 10%, capitalizando los intereses durante el periodo de gracia y mejorando el cupón promedio de la propuesta original”.

Asimismo, indicó que si no dan los tiempos para un acuerdo al 22 de mayo, “el gobierno podría pagar USD 500 millones y ganar tiempo hasta fines de julio, pero a costa de una pérdida de reservas en un contexto de emisión monetaria”.

A su turno, Patricio Merlani, de Empiria Consultores, sostuvo: “Es positivo que el gobierno plantee la reestructuración de deuda como una política de Estado de largo plazo y no solo como una solución de corto plazo. Pero ese objetivo debería ser complementando con un acuerdo político sobre el sendero de desempeño fiscal futuro. La deuda es consecuencia del déficit y ese acuerdo podría ser una política de Estado que mejoraría la sustentabilidad de la propuesta y de la deuda”.