Por Liliana
Franco - La suba del dólar paralelo tiene varias causas, pero una de
ellas sin duda, es la incertidumbre que provoca el futuro de la restructuración
de la deuda,
coinciden en señalar en la City. Y, seguramente los mercados están al tanto que
el dialogo entre el Gobierno y
los bonistas no
atraviesa su mejor etapa.
“Todavía no tenemos
la contraoferta, con suerte puede estar lista este fin de semana”, señaló
una fuente cercana a los fondos de inversión que se encuentran elaborando una
propuesta alternativa a la oferta de canje de la deuda externa argentina.
Cabe recordar que
el Gobierno decidió prorrogar hasta el viernes 22 de mayo su iniciativa y el
presidente Alberto Fernández formuló declaraciones en cuanto a que
esta propuesta se mantiene en pie y que espera una respuesta de los acreedores.
Sin
embargo, no es fácil poner de acuerdo a todos los acreedores en una misma
iniciativa, sostienen desde Wall Street. Como es lógico, los más “duros” son
los tenedores de los títulos emitidos durante la gestión de Néstor
Kirchner ya que tienen cláusulas de emisión más favorables para los
acreedores que los lanzados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Las gestiones
continúan, pero no en el mejor de los climas, según precisan algunos informes.
Se señala que existen problemas de comunicación. “Los bonistas hablan el
idioma de "Wall Street", sustentado en bases legales y décadas de
experiencia de reestructuraciones de deuda.
Por su
parte, el Gobierno habla el idioma de la academia y la
política, buscando cambiar los principios que han regido este tipo de
operaciones, para que ahora sean más contemplativos de los problemas
estructurales a los que enfrenta el país, y además la circunstancia inédita de
la pandemia actual” sostiene un report de Delphos Investment Cohen.
En tal sentido,
afirma que “el idioma de Wall Street" apunta a precios de arreglo en
la zona de US$ 60, mientras que el idioma "académico" no parece
querer excederse de u$s 45/50. Y concluye que “por ahora no parece haber
entendimiento, lo que dificulta un acuerdo en momentos que los plazos
corren y juegan en contra del gobierno”.
Todavía no se
conoce con precisión qué precios demandarán los bonistas, pero en medios
cercanos al gobierno se considera que, más allá de la posición negociadora
inicial, “para cerrar debiera ser por debajo de u$s 60”.
Todo hace
presuponer que la contraoferta de los bonistas será por encima de lo que está
dispuesto a conceder el Gobierno, de donde en el curso de la semana
próxima se darían intensas negociaciones intentando acercar
posiciones. Con todo, algunos analistas siguen confiando en que es
posible un acuerdo en torno de un precio de u$s 50.
Dado que quedan
menos de diez días para el cierre de la oferta, algunas versiones
hablaban de la posibilidad de un standstill (acuerdo para extensión
de los plazos). Sin embargo, especialistas le asignan pocas chances. Explican
que un standstill necesita de asambleas, o sea de los votos de los fondos para
aprobarla y para juntar esas voluntades se requieren más de diez días.
En cambio, creen
probable – si la negociación se encamina – que se alcance un acuerdo que
incluya un "pacto de no agresión", es decir darse un plazo breve
para implementar los acuerdos sin disparar acciones de represalia.
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