Por Carlos Burgueño - Terminada -aparentemente- la etapa de la épica, comenzó el domingo por la noche el tiempo de hablar de porcentajes, quitas, mejoras, números, comisiones y costos de abogados. La comunicación con algunos de los bonistas del exterior pareciera estar avanzando. Aunque aún las partes están muy lejos de un acuerdo, el Gobierno y los acreedores con deuda emitida bajo legislación internacional ya hablan un idioma similar y hasta concuerdan en algún tipo de acercamiento.

Por ahora, y pese a que hay diálogo directo, las comunicaciones serias se dan con intercambios de videollamadas donde el banco Lazard es el principal conector. La foto a anoche era la siguiente. En términos porcentuales, la Argentina ofreció un combo de 12 bonos que representan un Valor Presente Neto (VPN) de 39,5%; porcentaje que podría subir con varios cambios primarios a un 41%, sólo reinterpretando la oferta presentada ante la Security and Exchange Comission (SEC). La oferta original presentada en abril por BlackRock (que fuera publicada hace una semana desde el Ministerio de Economía), planteaba ese porcentaje en un 60%.

La oferta que en estos días está preparando el trío de agrupaciones que representa a un 40% de los bonistas, rebaja ese nivel a un 50%. Como esta presentación será rechazada, lo que se espera es que la segunda oferta diseñada en los laboratorios de Excel del Ministerio de Economía de Martín Guzmán llegue a un 45%. La distancia entonces estaría en 10 puntos porcentuales de diferencia para llegar a un acuerdo entre el país y los bonistas. Será en ese momento donde las partes deberán demostrar que, en serio, están actuando de buena fé y que deberán partir las diferencias cerrando un acuerdo con una quita aproximada que represente un VPN de aproximadamente 50%. En ese momento habrá fumata. Si no se llega a un porcentaje de ese nivel, no habrá acuerdo y, salvo decisión de último momento de Alberto Fernández que lo evite, el default será un hecho. Sin embargo, y por el clima que se vive en las negociaciones desde el domingo por la noche (cuando retomaron los diálogos con tonalidades amistosas y profesionales), esta situación podría evitarse. En concreto, lo que debería modificarse para llegar a un porcentaje de entre 45% y 50% de VPN se mide en cuatro capítulos separados o cruzados.

Quita de capital. Si bien desde Economía hay hermetismo, se especula que podría ser el primero de los temas donde la Argentina podría ceder. La oferta original de Guzmán habla de una reducción en el capital reconocido de un 5,4%; porcentaje que podría reducirse o, eventualmente, eliminarse. Sería lo primero que aceptaría ceder Alberto Fernández, quien tiene antecedentes de pensar de esta manera. De hecho, en abril de 2019 (en tiempos en los que ni siquiera era candidato por la oposición pero sí embajador de Cristina Fernández de Kirchner para dialogar con los acreedores) el ahora Presidente se encontró en una oficina de un operador financiero con referentes de varios fondos de inversión, entre ellos BlackRock, y habló sin eufemismos de renegociar la deuda. En el aire se mencionó en ese encuentro sobre las condiciones generales de esa negociación, y el propio Fernández lanzó un período de gracia sin pagar y una reducción drástica de intereses, a cambio del mantenimiento del capital adeudado. En aquellos días preelectorales, el actual Jefe de Estado consideraba a la gente de BlackRock como un potencial referente para eventuales negociaciones futuras. Luego, con el tiempo y ya con la oferta de Guzmán sobre la mesa, una muy mala reunión vía teleconferencia entre el ministro y el fondo de inversión más grande del mundo (donde incluso se deslizaron maldiciones políticas al actual Gobierno), la relación se enturbió. Ahora, con el profesionalismo latente, se espera que el diálogo vuelva.

Reconocimiento de cupón PBI. Es de lo primero que siempre reclamaron los bonistas, que consideran la posibilidad de atar algo de su suerte y la de los cobros de sus deudas a la evolución del crecimiento de la economía argentina. Los propietarios de esos bonos saben la historia, positiva, que tuvieron en las carteras de los inversores quienes aceptaron el cupón PBI que lanzó el gobierno de Néstor Kirchner en el canje de deuda de 2005 y quieren, al menos en parte, repetir la historia. En el Gobierno se confía en que la reconstrucción de la economía argentina será positiva y no quieren comprometer dólares de ese quimérico resurgimiento con los bonistas. Sin embargo, en las oficinas de Guzmán, se sabe que sería el “endulzante” mas efectivo para acercar porcentajes.

Tiempo de inicio de los pagos. Los bonistas creen que si los pagos comienzan en 2022 y no a fines de 2023, podría haber mayores posibilidades de aceptación. O si, al menos, se pudieran negociar pagos parciales hasta aquel último trimestre del 2023, donde el Gobierno pagará unos u$s300 millones, iniciando el cronograma de liquidaciones de deuda comprometidos en el cronograma de Guzmán. El ministro considera que esta alternativa es innegociable, ya que fue lo primero en lo que cedió el Gobierno para que la oferta original (y fallida) tenga condimentos agradables para los acreedores. Siempre se menciona en el oficialismo, que no era un secreto que el plan primario era que los pagos comenzaran en 2024, cuando otro gobierno (o este mismo reelegido) estuviera en la Casa Rosada.

Intereses reconocidos. Es el punto más complejo y el más difícil de negociar. La propuesta original tiene este capítulo como el corazón de la quita, se habla de un mix ascendente de intereses, con una reducción de pago de u$s37.900 millones equivalente a una quita del 62%. En 2023 los bonistas recibirán un interés del 0,5% que con el tiempo se transformará en un promedio de 2,33%. Los acreedores reclaman una mejora en estos pagos, pero están divididos entre sí. Los tenedores de deuda de corto plazo (con bonos que vencen en 2030), no creen que necesiten mayores cambios; mientras que los que poseen deuda de largo plazo están indignados con la quita y la mistura de pagos que propuso Argentina. Será el punto donde más habrá que discutir la letra fina en una eventual negociación de buena fé.