Después de un fin
de semana en el que el ministro de Economía mantuvo intenso contacto con
representantes de los comités de bonistas, el Gobierno extendió la vigencia de
la oferta a los bonistas hasta el 22 de mayo inclusive, como adelantó anoche Infobae.
Ayer el Gobierno
completó el paso formal de comunicar a la Securities and Exchange Commision, el
regulador bursátil de EEUU, la novedad. Concretado eso, de inmediato comenzó
una nueva etapa para alcanzar un acuerdo con los acreedores que detentan buena
parte de los USD 66.000 millones sujetos a restructuración.
“El 11 de mayo de
2020 la República Argentina anunció que había extendido el plazo de vencimiento
de su Invitación realizada a los tenedores de ciertos bonos elegibles que
figuran en el suplemento del prospecto de fecha 21 de abril de 2020 para
presentar órdenes de canjear sus bonos elegibles por nuevos bonos de
conformidad con los términos y condiciones descritos en el suplemento del
prospecto desde las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 8 de mayo de
2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 22 de mayo de
2020, salvo que el plazo se extienda nuevamente o se cancele de forma
anticipada”, oficializó hoy Economía.
La oferta inicial
diseñada por Economía tuvo un nivel de aceptación bajo. No prorrogar el
plazo equivaldría a entrar en un “default duro” de la deuda, ya que los
umbrales que debía alcanzar la propuesta para poder ser impuesta al conjunto de
los acreedores es del 85% en el caso de los bonos “Par” y “Discount” de los
canjes de 2005 y 2010 y del 75% para los bonos “Globales” emitidos a partir de
2016.
El diseño técnico
de una nueva propuesta no es tarea de un fin de semana, pero están claras las principales
objeciones de los Fondos de Inversión al convite que les hizo Guzmán y hasta
modos de salvarlas.
Los comités de
bonistas organizados tienen ya lista una contraoferta y podrían presentarla
entre martes y miércoles mediante el mecanismo de “reverse inquiry”,
que permite que una contrapropuesta dé lugar a una transacción con alto nivel
de aceptación; esto es, “amigable”.
Un primer elemento
sería capitalizar los “intereses caídos” durante el período de gracia. Los
acreedores consideran que esperar tres años y que además ese plazo no devengue
ningún interés es inaceptable.
La prórroga hasta
el 22 de mayo coincide con el fin del plazo de gracia de 30 días para el pago
de un vencimiento de bonos globales por USD 503 millones que el gobierno no
abonó el 22 de abril.. La nueva fecha puede tomarse como una señal de que el
gobierno no estaría dispuesto a pagar el vencimiento del bono global si no se
asegura una restructuración del canje que evite el default. Esto es, una lógica
de cuidar las reservas.
En este nuevo
período por primera vez los bonistas deberán mostrar de verdad sus cartas.
Los grandes Fondos de Inversión querrían tener la interlocución del propio
presidente Alberto Fernández, que ha decidido de todos modos ratificar que el
negociador es el ministro Guzmán.
“Sustentabilidad”,
“buena fe” y “no pagar con más recesión" son, palabras más o menos, las
voces de orden del gobierno, cuya propuesta inicial quedó seriamente maltrecha.
En 2019, luego de su abrumador triunfo en las elecciones primarias, Alberto
Fernández mencionó la restructuración de deuda uruguaya como un ejemplo
positivo. Aquel arreglo tuvo una aceptación del 98%.
La negociación
La historia de la
fallida “negociación” con los acreedores arrancó en enero, en una visita de
Guzmán a Nueva York: un desayuno en el Consejo de las Américas del que los
representantes de los Fondos se fueron con caras largas luego de escuchar las
constantes alusiones de Guzmán a la “sustentabilidad”, pero vacíos de
precisiones sobre un plan económico a partir del cual empezar el tironeo entre
lo que la Argentina podría y ofrecería pagar y lo que los bonistas pretenderían
cobrar.
Los bonistas no
vieron con buenos ojos que el Gobierno ofrezca no pagar nada durante tres años,
no capitalizar intereses y empezar a pagar un cupón de 0,5%, lo que
significaría pagar nada menos que USD 300 millones hasta el final del mandato
de Alberto Fernández. Sus objetivos de máxima serían acortar el período de
gracia, capitalizar intereses durante ese período y mejorar la tasa de los cupones
o disminuir la quita sobre el capital.
A su
vez, algunos analistas han señalado la inconsistencia de un gobierno que
desde que asumió pagó vencimientos por USD 4.000 millones y al cabo de cinco
meses hizo una oferta equivalente –calculando una tasa de “salida” de 12% para
los nuevos bonos– a 35 centavos por cada dólar de deuda nominal. Y todo para
restructurar una porción de deuda cercana al 20% del PBI.
En la semana que
pasó, Guzmán buscó meter presión con la firma de 138 académicos
internacionales y otra de 174 economistas locales. Hasta un grupo feminista,
Diego Maradona y anoche cerca de mil “trabajadores y trabajadoras de la
Cultura" apoyaron la propuesta del gobierno diseñada por el ministro, que
además había adelantado lo que haría en una reunión en Olivos a la que el
presidente convocó a todos los gobernadores.
En la presentación
de la oferta y en varias declaraciones públicas, además, Guzmán dio a entender
que su propuesta tenía el respaldo del FMI, una afirmación dudosa, ya que si
bien el Fondo dijo en su momento que los acreedores debían hacer una
“contribución apreciable” para que la deuda volviera a ser “sustentable”, lo
hizo en un documento no avalado por su directorio. Además, parece improbable
que, en caso de un default con los acreedores privados, el FMI sea generoso
para renegociar los plazos de pago de la deuda argentina, que en su caso son
USD 44.000 millones.
Ninguno de los
apoyos que movilizó Guzmán parece haber conmovido a los acreedores, que
respondieron con un bajo nivel de aceptación. Los bonistas integran tres
comités: el Grupo Argentina Ad Hoc, liderado por los Fondos de Inversión
BlackRock, Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina,
encabezado por Greylock Capital; y el Grupo de Bonistas del Canje, integrado
por Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre otros fondos de inversión.
En las últimas
semanas, la saga de la restructuración se reflejó en la brecha cambiaria, que
superó el 70%, con el dólar libre en torno de los $120 y el BCRA debiendo
vender USD 900 millones en la segunda mitad de abril para que no se escape el
tipo de cambio oficial. Esos seguirán siendo los termómetros del tiempo de
descuento que empieza hoy.
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