Por Pablo Wende - El ministro de Economía arrancó el proceso de
canje de deuda soñando un proceso histórico, que marque -según sus propias
palabras- un hito en la nueva arquitectura financiera internacional. Y
posiblemente lo haya logrado, aunque no de la manera que lo imaginó. La
propuesta de Martín Guzmán quedará en la historia, pero por el bajísimo nivel
de aceptación conseguido. Un verdadero papelón internacional.
La buena noticia es que no todo está perdido ni mucho menos. Aún quedan
dos semanas que serán muy intensas para llegar a un acuerdo con los grandes
fondos internacionales y evitar el default total. Es posible que las
negociaciones con los acreedores se prolonguen mucho más allá del 22 de mayo,
que en principio sería la fecha clave para evitar caer en cesación de pagos. Si
los tiempos no dan es lo de menos: existen varias alternativas legales para
seguir negociando aún cuando se haya incumplido puntualmente con un
vencimiento.
Alberto Fernández se sacó una foto el lunes con los empresarios del
Grupo de los 6 en la Quinta de Olivos. Luego llegó el mensaje de presidencia
que enfatizaba el apoyo de los ejecutivos a la propuesta de Guzmán. Pero las
aclaraciones no tardaron llegar. Desde la Sociedad Rural, los bancos
extranjeros, IDEA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sacaron luego sus
propios comunicados. Básicamente lo que apoyan los hombres de negocios es que
se evite un default que generaría problemas muchos más graves para el país.
Pero la señal más severa llegó de parte del FMI. El organismo impulsó a
la Argentina para que renegocie e incluso que avance con fuertes quitas. Sin
embargo, ni la cúpula del organismo ni los principales países asociados
–incluyendo Estados Unidos- apoya ni ve con buenos ojos la alternativa de un
default. Lo dijo sutilmente la número uno del organismo, Kristalina
Georgieva, el viernes poco antes del cierre del canje: “Todavía hay tiempo
para estas negociaciones. Tenemos la esperanza que se pueda llegar a un acuerdo”.
Una de las diferencias fundamentales con la renegociación de deuda del
2005 es que ahora los bonos están en menos manos y los inversores mucho
más organizados. En aquella transacción había pequeños inversores distribuidos
en Japón, Alemania, Italia y Estados Unidos. Ahora, en cambio, los títulos
están mayoritariamente en “manos profesionales’. Eso le otorga a los acreedores
una fortaleza que no tenían hace quince años. Si se juntan, como sucedió, los
principales fondos que poseen bonos argentinos en sus activos pueden bloquear
cualquier propuesta oficial en caso que no estén satisfechos.
La relación de los negociadores privados con Guzmán fue pésima desde el
primer día y nunca mejoró. El primer contacto concreto fue durante el
viaje del ministro de Economía a Nueva York a fin de enero, invitado por el
Council of the Americas. El resultado del encuentro fue muy malo y siguió así
hasta la última hora del viernes.
Nunca Guzmán se sentó realmente a negociar con los acreedores y
prácticamente hizo oídos sordos a las sugerencias que le acercaban. En la
oferta en sí sólo “aflojó” con una quita de capital bastante reducida. Sin
embargo, la propuesta de pago de intereses fue considerada casi una burla.
En 2023 arranca un cupón de 0,5% anual, equivalente a U$S 300 millones.
Eso es todo lo que se pagaría de deuda en los tres años y medio que le quedan
de gobierno a Alberto Fernández. En el medio no sólo hay un extenso “período de
gracia”, sino que tampoco se reconocen los intereses corridos de los bonos
hasta que efectivamente comienza el flujo de pagos. Insólito e inaceptable para
cualquier acreedor.
Los efectos del coronavirus le dieron más argumentos a Guzmán para
defender el caso de una fuerte quita de la deuda. Sin embargo, la pérdida
del 65% que ofreció en su propuesta fue considerada como muy exagerada por los
bonistas, que aceptan perder alrededor del 50% pero no más. “Ya consiguió
tres años sin pagar un solo centavo. ¿Qué más puede pedir?”, le dijo a Infobae el
administrador de cartera de uno de los fondos que negocia con el Gobierno.
El ministro logró que su idea de aliviar los vencimientos futuros de la
Argentina sea aceptada, como una forma de darle tiempo al país para recuperarse
de la crisis. Lo que sonaba algo extraño antes de la pandemia, cambió
totalmente después. Pero la oferta tiene muchos otros elementos que resultaron
imposibles de digerir.
Los acreedores critican, además, que el ministro dé tantas vueltas con
un problema que no parece tan complicado. En definitiva, los USD 66.000
millones de bonos bajo ley internacional que se están renegociando no
representan más que el 20% del PBI. Un nivel menor en cualquier proceso de
reestructuración de estas características. Además, es difícil entender que no
se haya involucrado al Fondo en las negociaciones, siendo que se trata -por
lejos- del principal acreedor individual del país. ¿Cómo plantear un horizonte
creíble para los pagos de deuda cuando el FMI todavía no avisó si está
dispuesto a renegociar y en qué términos con la Argentina?
Fachada del edificio principal del Banco Central de Argentina en Buenos
Aires
El temor creciente a un default total incluso de la deuda con ley extranjera
generó fuertes impactos negativos. La brecha cambiaria llegó a niveles
superiores al 70% y el dólar libre se ubicó en niveles de $120 y por ahora
no baja de esos niveles pese a las nuevas restricciones cambiarias. Pero
además el Banco Central tuvo que vender USD 900 millones de sus reservas
sólo en la segunda quincena de abril para que no se escape el tipo de cambio
oficial. ¿No hubiera sido mejor utilizar esos dólares para arreglar con los
bonistas y no generar nuevas presiones sobre el tipo de cambio?
La disputa entre la Argentina y sus acreedores dejó algo muy
claro. Quien más tiene para perder en caso de un default es la economía
argentina. Los inversores, en cambio, tienen mucha más espalda para esperar y
llegado el caso empezar a litigar ante tribunales neoyorquinos y volverían los
embargos contra activos del país.
En cambio, para el Gobierno resultaría casi imposible que la actividad
levante cabeza luego del golpe de la cuarentena, que tendría un impacto incluso
peor que la crisis desde el 2001 al menos desde el punto de vista productivo.
Con mercados totalmente cerrados y con líneas de organismos internacionales que
dejarían de llegar en caso de un default total, es prácticamente imposible
levantar cabeza. El Presidente lo sabe y por eso aceptó que se siga negociando
todo el tiempo que sea necesario.
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