Después de un fin de semana en el que el ministro de Economía mantuvo intenso contacto con representantes de los comités de bonistas, el Gobierno extendió la vigencia de la oferta a los bonistas hasta el 22 de mayo inclusive, según adelantó anoche Infobae.

Ahora queda completar el plazo formal de comunicar a la Securities and Exchange Commision, el regulador bursátil de EEUU, la novedad. Hay tiempo para hacerlo hasta 9 de esta mañana y de inmediato comenzará una nueva etapa para alcanzar un acuerdo con los acreedores que detentan buena parte de los USD 66.000 millones sujetos a restructuración.

La oferta inicial diseñada por Economía tuvo un nivel de aceptación bajo. No prorrogar el plazo equivaldría a entrar en un “default duro” de la deuda, ya que los umbrales que debía alcanzar la propuesta para poder ser impuesta al conjunto de los acreedores es del 85% en el caso de los bonos “Par” y “Discount” de los canjes de 2005 y 2010 y del 75% para los bonos “Globales” emitidos a partir de 2016.

El diseño técnico de una nueva propuesta no es tarea de un fin de semana, pero están claras las principales objeciones de los Fondos de Inversión al convite que les hizo Guzmán y hasta modos de salvarlas.

Los comités de bonistas organizados tienen ya lista una contraoferta y podrían presentarla entre martes y miércoles mediante el mecanismo de “reverse inquiry”, que permite que una contrapropuesta dé lugar a una transacción con alto nivel de aceptación; esto es, “amigable”.

Un primer elemento sería capitalizar los “intereses caídos” durante el período de gracia. Los acreedores consideran que esperar tres años y que además ese plazo no devengue ningún interés es inaceptable.

La prórroga será hasta el 22 de mayo, día en que vence el plazo de gracia de 30 días para el pago de un vencimiento de bonos globales por USD 503 millones que el gobierno no abonó el 22 de abril.. La nueva fecha puede tomarse como una señal de que el gobierno no estaría dispuesto a pagar el vencimiento del bono global si no se asegura una restructuración del canje que evite el default. Esto es, una lógica de cuidar las reservas.

En este nuevo período por primera vez los bonistas deberán mostrar de verdad sus cartas. Los grandes Fondos de Inversión querrían tener la interlocución del propio presidente Alberto Fernández, que ha decidido de todos modos ratificar que el negociador es el ministro Guzmán.

“Sustentabilidad”, “buena fe” y “no pagar con más recesión" son, palabras más o menos, las voces de orden del gobierno, cuya propuesta inicial quedó seriamente maltrecha. En 2019, luego de su abrumador triunfo en las elecciones primarias, Alberto Fernández mencionó la restructuración de deuda uruguaya como un ejemplo positivo. Aquel arreglo tuvo una aceptación del 98%.

La negociación

La historia de la fallida “negociación” con los acreedores arrancó en enero, en una visita de Guzmán a Nueva York: un desayuno en el Consejo de las Américas del que los representantes de los Fondos se fueron con caras largas luego de escuchar las constantes alusiones de Guzmán a la “sustentabilidad”, pero vacíos de precisiones sobre un plan económico a partir del cual empezar el tironeo entre lo que la Argentina podría y ofrecería pagar y lo que los bonistas pretenderían cobrar.

Los bonistas no vieron con buenos ojos que el Gobierno ofrezca no pagar nada durante tres años, no capitalizar intereses y empezar a pagar un cupón de 0,5%, lo que significaría pagar nada menos que USD 300 millones hasta el final del mandato de Alberto Fernández. Sus objetivos de máxima serían acortar el período de gracia, capitalizar intereses durante ese período y mejorar la tasa de los cupones o disminuir la quita sobre el capital.

A su vez, algunos analistas han señalado la inconsistencia de un gobierno que desde que asumió pagó vencimientos por USD 4.000 millones y al cabo de cinco meses hizo una oferta equivalente –calculando una tasa de “salida” de 12% para los nuevos bonos– a 35 centavos por cada dólar de deuda nominal. Y todo para restructurar una porción de deuda cercana al 20% del PBI.

En la semana que pasó, Guzmán buscó meter presión con la firma de 138 académicos internacionales y otra de 174 economistas locales. Hasta un grupo feminista, Diego Maradona y anoche cerca de mil “trabajadores y trabajadoras de la Cultura" apoyaron la propuesta del gobierno diseñada por el ministro, que además había adelantado lo que haría en una reunión en Olivos a la que el presidente convocó a todos los gobernadores.

En la presentación de la oferta y en varias declaraciones públicas, además, Guzmán dio a entender que su propuesta tenía el respaldo del FMI, una afirmación dudosa, ya que si bien el Fondo dijo en su momento que los acreedores debían hacer una “contribución apreciable” para que la deuda volviera a ser “sustentable”, lo hizo en un documento no avalado por su directorio. Además, parece improbable que, en caso de un default con los acreedores privados, el FMI sea generoso para renegociar los plazos de pago de la deuda argentina, que en su caso son USD 44.000 millones.

Ninguno de los apoyos que movilizó Guzmán parece haber conmovido a los acreedores, que respondieron con un bajo nivel de aceptación. Los bonistas integran tres comités: el Grupo Argentina Ad Hoc, liderado por los Fondos de Inversión BlackRock, Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina, encabezado por Greylock Capital; y el Grupo de Bonistas del Canje, integrado por Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre otros fondos de inversión.

En las últimas semanas, la saga de la restructuración se reflejó en la brecha cambiaria, que superó el 70%, con el dólar libre en torno de los $120 y el BCRA debiendo vender USD 900 millones en la segunda mitad de abril para que no se escape el tipo de cambio oficial. Esos seguirán siendo los termómetros del tiempo de descuento que empieza hoy.