Hoy cierra la oferta de canje de USD66.000 millones de deuda externa y, por ende, vence el plazo para que
los bonistas acepten el ofrecimiento oficial que incluye un período de gracia
de tres años y una quita del 5,4% en capital y del 62% en intereses. Tras una
larga pulseada y a dos semanas del deadline que define si el país entra o no en
default, hoy se definirá cómo continúa el proceso de reestructuración.
Luego de que el
ministro de Economía, Martín Guzmán, abriera la puerta a considerar una
contrapropuesta de parte de los bonistas siempre que pase el cuaje en los
parámetros de sustentabilidad planteados por el Gobierno y el Fondo Monetario
Internacional, la pelota pasó del
lado de los grandes fondos de inversión de Wall Street que, por alta proporción
de sus tenencias, tienen la llave para bloquear o avalar un acuerdo.
Los tres
principales comités que agrupan a estos fondos ya manifestaron su rechazo a la
propuesta. Pero, tal como contó BAE
Negocios, hasta anoche no
le habían acercado al Ejecutivo ninguna contraoferta concreta.
El Gobierno sí cocechó una importante adhesión de parte de los tenedores
locales, que ingresaron más del 70% de sus tenencias, según supo este diario, aunque estas
no alcanzan a inclinar la balanza ya que representan poco más del 10% del stock
de deuda a reestrcturar. Por lo cual, la clave será si suscriben o no los
peces gordos de Nueva York.
Así, en el mercado predomina la idea de que hoy no
se definirá la partida. Es decir, que el Gobierno no alcanzará en esta
primera instancia el 75% de adhesión promedio para avanzar en el canje total
propuesto. Aunque nadie descarta de plano eventuales movimientos de última
hora.
Con todo, la
expectativa es que la negociación se extienda en las próximas semanas. Desde el
Gobierno adelantaron que no extenderán el cierre de la oferta, pero sí
sostendrán el diálogo en busca de un arreglo.
¿Qué puede
pasar?
Entre hoy y
el lunes el Ministerio de Economía informará el resultado de la oferta.
Así, se sabrá qué nivel de aceptación tuvo y qué alternativas quedan
hacia delante.
De superar el 75%
de adhesión en el promedio de los títulos elegibles, el Gobierno podrá activar las
cláusulas de acción colectiva (CAC) y por ende arrastrar al conjunto de los
acreedores al canje sin posibilidades de litigar en los tribunales de Nueva
York o Londres.
Sin embargo, no es
la única posibilidad para avanzar. El
prospecto legal de la oferta presentada le permite al Ejecutivo realizar una
reestructuración parcial en caso de que alcance el piso de adhesión
en algunos títulos pero no en otros. Las CAC más exigentes son las de los
bonos emitidos en el canje de 2005/2010, que alcanzan el 85%, mientras que en
los colocado a partir de 2016 son del 66%.
Si se diera un
canje parcial, aquellos que hayan ingresado bajo estas condiciones –salvo los
que hayan elegido el bono 2047- tendrán en su cartera nuevos bonos
con cláusula RUFO, por la cual si se ofrece algo mejor para
los que entren los que quedaron afuera, ellos también lo recibirán.
Otra posibilidad
sería la aplicación de un "standtill", es decir, un acuerdo
provisorio de algunos meses hasta que pase lo más álgido de la coronacrisis,
tal como proponen algunos analistas de mercado, en lugar de una
reestructuración definitiva que restaure la sustentabilidad de la deuda, como
busca el Gobierno. Hasta ahora, no fue una posibilidad concreta. Ayer se lo
preguntaron a Guzmán en Bloomberg y respondió: "No es nuestra intención dilatar la resolución del
problema".
Si nada de esto
ocurriese, la operación se declarará desierta y las negociaciones continuarán
de cara al 22 de mayo y la expectativa estará puesta en si se flexibilizan
las posiciones a ambos lados del mostrador.
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