Por Francisco Jueguen - No será un día para jugadores ansiosos. Más bien se producirá, descuentan cerca del ministro de Economía, Martín Guzmán, los cosquilleos de los domingos de elecciones. Vendrá con nerviosismo, expectativa, cierres parciales y una larga espera hasta que al fin se centralice la información oficial, que -debido al estilo acuñado por el pupilo de Joseph Stiglitz- se difundirá a través de un comunicado por escrito y, muy probablemente, entrada la noche.

"La fecha es el 8", ratificó ayer el Presidente para agregar aún más dramatismo sobre el Día D de la respuesta de los bonistas con títulos de deuda bajo legislación extranjera a la propuesta que realizó el 22 de abril pasado el economista de Columbia. Hoy, en el Palacio de Hacienda, nadie apostaba aún por un determinado porcentaje de adhesión al canje.

En la mesa de decisiones del ministro contaron a LA NACION que hay diálogo, discusión y mensajes de whatsapp que van y vienen con acreedores y fondos de inversión, pero que la contraoferta que pidió públicamente el propio Guzmán, una propuesta que contemple el marco el análisis de sostenibilidad lanzado oficialmente por el ministro, todavía no llegó. No está, dicen, en el escritorio de ninguno de los miembros de su equipo de negociación.

El tiempo vuela. Anoche cerró el tramo oficial de la oferta y la aceptación -se afirma sin dar mayores precisiones- fue "buena". Para eso, indican cerca del economista platense, fue fundamental la presión global que ejercieron el Papa Francisco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y prestigiosos economistas globales en el marco del empeoramiento de la economía a nivel mundial gracias al Covid-19. Hoy, por caso, volvió a reclamar una solución para la deuda Jeffrey Sachs en un artículo de Project Syndicate. "La Argentina y cómo evitar una catástrofe financiera global", lo tituló el economista.

Sin embargo, y más allá de lo que pase en el país, el deadline real es mañana y el partido se define afuera, con base en la decisión que tomen los grandes fondos de inversión como Blackrock, Templeton, Fidelity, Gramercy o Pimco, y los tres comités que los congregan.

"Hay flexibilidad", dicen en el Palacio de Hacienda. Pero es una flexibilidad limitada por la combinación de dos años de estanflación y del derrumbe que la economía mostrará, según el Gobierno, por el coronavirus. Para la Argentina, una contraoferta es sustentable sólo teniendo en cuenta un derrumbe de 6,5% de la economía y con un rojo fiscal de 3,1% este año. Las cuentas, para Guzmán, recién comenzarían a equilibrarse al cierre del mandato del presidente Alberto Fernández. El pago de la deuda, por el período de gracia y la capacidad de repago del país, quedaría para el próximo gobierno. La herencia vuelve a la mesa de discusión.

Como ya señaló el propio ministro, la única contraoferta institucionalizada la hizo Blackrock. La misma, según calificó el Ministerio de Economía, se basó en la suposición de que la Argentina sólo tenía "restricciones de liquidez a corto plazo", un argumento con el que solía retratar la situación de deuda el gobierno de Mauricio Macri sobre el final de 2019.

Blackrock propuso resolverlas con un alivio parcial y decreciente del cupón en efectivo durante los primeros cuatro años antes de volver a los niveles contractuales; una compensación del alivio del cupón con pagos en especie y una ampliación de 4 años del plazo de vencimiento para los bonos cuyo vencimiento sea antes de 2028. "Era incompatible con el marco macroeconómico", describió el ministro Guzmán en el comunicado publicado anteayer.

Sus previsiones económicas son el límite de Guzmán. El ministro había anticipados hace meses que no habrá ajuste del gasto y que su misión es darle vuelo a la demanda agregada. No hay política sin margen fiscal para financiarlas. Actualmente, se logrará con más emisión, sobre todo luego de la "destrucción de la economía", en palabras de Alfonso Prat-Gay, que provocó la cuarentena obligatoria, el único camino global consensuado para frenar los contagios del virus. Entonces, la flexibilidad oficial parece reducirse a tecnicismos: el mejor instrumento o la denominación de los títulos, por caso. ¿Podrían incluir intereses devengados en el extenso período de gracia? ¿Eliminar quitas de capital? Esto último, por caso, ya estaba contemplado en un ejercicio oficial también difundido esta semana.

Entre los detalles de la oferta se presentó una estructura de bonos amortizables con tasas de interés escalonadas nunca mayores al 5%, quitas de capital que van entre 12% y 18% para los papeles de más corto plazo según la moneda, un esquema de "opcionalidades" para elegir los nuevos bonos y diluir el poder de los bonistas y vencimientos hasta 2047. La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años. Eso significa que el Gobierno no pagaría hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. Las tasas crecerían hasta un cupón que rondaría el 2,33%.

Los primeros resultados llegarán mañana de Europa. Luego, de Estados Unidos. En el Ministerio de Economía trabajarán a toda marcha para centralizar la información. A pesar del tramo local, allí no hay hoy todavía expectativas claras de cuál será la aceptación, pese a que el objetivo es claro: 66% por grupo o 51% por serie. Traducido: lo que alcance para forzar a todos a ingresar por cláusulas colectivas.

En los comités de los grandes acreedores no había ayer novedades sobre esa crontrapropuesta reclamada por el Gobierno, por lo menos de alguna que fuera presentada públicamente, como pide Guzmán. "Quizás", respondían a la pregunta sobre si el 8 de mayo era otra marca más para abrir más negociaciones hasta el 22 de este mes, cuando se cumplirá un mes de la fecha en la que no se pagaron los intereses de los bonos globales.

Desde el 22 de mayo, si no hay acuerdo, correrá un mes más antes del llamado cross default, cuando se gatillarán los Credit Swap Default (CDS). Entonces, la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) declararía sí la Argentina entra en una nueva cesación de pagos.