Por Carlos Burgueño. BlackRock, Pimco,Fidelity, Ashmore 

y otros fondos de inversión involucrados en la negociación para que el país no caiga en default, recibieron una respuesta directa de un interlocutor internacional (validado oficialmente por el gobierno argentino): la decisión final sobre la postergación de la fecha de mañana (8-5), la aceptación o rechazo de la oferta que harán luego de esa eventual decisión y, finalmente, la presentación de una contraoferta que acerque seriamente a las partes, son decisiones todas que tomará Alberto Fernández. Y que, Martín Guzmán y Economía, transmitirán. Y que, por los demás, el ministro sigue siendo el único que puede actuar de interlocutor directo entre los fondos, el banco Lazard (agente asesor) y el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H); las tres patas de una negociación que desde el martes está más activa que nunca. Aparentemente, y más allá de que las partes aún estén lejos de un acuerdo final (aunque las diferencias financieras naveguen entre el 5 y el 10%), en estos tiempos sí se cree que las discusiones son “de buena fe”.

Hubo un gesto de parte de los bonistas que cayó bien el lunes tanto en Economía como al Presidente. Los fondos de inversión pusieron énfasis en que Alberto Fernández sepa que no son fondos buitre ni se comportarán como tales. Y que la intención verdadera es la de llegar a un acuerdo con el gobierno argentino, y no tener que pensar en recurrir a contratar abogados para litigar ante los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York. Y mucho menos, comenzar a hacer megaventas de bonos de deuda argentina en vías de default a menos del 30% de su valor de mercado. Se le aseguró al gobierno argentino, que la única ventaja de esta última operación, sería la de hacerse efectivo (algo importante en tiempos internacionales de coronavirus); pero que financieramente sería ruinosa ante los verdaderos dueños del dinero: los clientes de los fondos a los que se les debe explicar por qué perderán tantos dólares apostando por la Argentina.

Se habló entre los interlocutores de una cuestión algo menor, pero que preocupaba al nexo internacional. ¿BlackRock está enojado con Guzmán, luego de haberse difundido una oferta confidencial que se le hizo llegar al ministerio de Economía en los tiempos preliminares de las negociaciones y que el fondo de inversión dejó en claro antes del 22 de abril que esa idea ya quedaba obsoleta por la pandemia? La respuesta fue curiosa. “Para nada. Estamos hablando de dinero. Y no es de profesional mantener rencillas personales que hagan perder el foco. Acá se trata de negociar y de perder lo menos posible. Todo lo demás, es descartable”.

Por lo demás, aseguraba el representante del poderoso fondo que retomó las negociaciones, “ya sabemos cómo negocia Guzmán”. BlackRock habla de un error del ministro el haber difundido una propuesta confidencial. Pero también reconoce que en la última conversación directa entre ambas partes, hubo algún comentario de parte de los enviados del fondo que no fueron felices. Especialmente algunos que mencionaban la alternativa de volver a discutir una reestructuración de deuda con el eventual sucesor de Alberto Fernández en la Presidencia; descartando el fondo de inversiones que este sería de un signo político más “friendly” que el actual. Esta alternativa no sólo forma parte de la ficción, sino que además es impensable que haya una nueva reestructuración de deuda para después del 2023. Para esa época, sin acuerdo en esta negociación, lo que habría es una batalla campal en los tribunales de Nueva York.

Condiciones

Sobre la propuesta que están elaborando los fondos de inversión, ayer hubo dos novedades que fueron transmitidas a Economía: 1) la evaluación de un pago extra sobre el crecimiento argentino desde 2023 (estilo cupón PBI o similar) y 2) dejar de lado la quita de capital de 5,4%. Esto se suma al resto de la propuesta en diseño desde los privados, y que incluye el cobro de los intereses corridos, especialmente en el Global por u$s503 millones cuyo tiempo de pago está corriendo desde el 22 de abril; el reconocimiento de intereses hasta la primera cancelación comprometido del 2023, aunque la liquidación se concrete desde el 2024; y un primer pago simbólico de cupón en 2022 o a comienzos de 2023. Y, desde lo legal, agregar una cláusula RUFO desde los vencimientos de 2047. Esto sumado al reclamo por el desdoblamiento de aceptaciones, apartando del conflicto futuro a aquellos papeles en los que haya masa crítica para un acuerdo. Dentro del Gobierno se evaluaba ayer la mejor manera legal de postergar la fecha límite del 8 de mayo para cerrar toda la negociación. Según los consejos de CGS&H, simplemente se le debería comunicar a la Security and Exchange Commission (SEC) que la oferta no se retira y que se mantiene activa la propuesta al continuar las negociaciones. La decisión final la tomará hoy Alberto Fernandez.